Pocos porteños se enteraron que, de triunfar los planes del Ejecutivo porteño, vamos a volver a quemar la basura. La legislatura se apresta a votar una ley que va a llenar de dioxinas cancerígenas y ceniza tóxica la incauta Buenos Aires. La iniciativa amenaza con destruir uno de los pocos programas socioambientales exitosos del país: el sistema de gestión social para la recolección diferenciada mediante cooperativas de cartoneros. Se ponen en riesgo seis mil puestos de trabajo directos y más de veinte mil indirectos.

Dijo una vez el Papa Francisco que todo eufemismo esconde un crimen. Esta operatoria de marketing lingüístico se está haciendo costumbre en Argentina. Ahora, incineración se llama "termovalorización". Poco se habló del tema. Los cartoneros, con la dignidad que los caracteriza, han liderado esta lucha casi en soledad, apoyados por unas pocas organizaciones ambientalistas y legisladores, con la fuerza de sus convicciones ecológicas y sociales. Es comprensible que en esta sociedad indiferente pocos se preocupen por la suerte de los cartoneros, pero extraña que a ningún porteño le importe respirar aire contaminado por las emanaciones de miles de toneladas de residuos que se quemarán cada día. Por más que vayan a colocar la planta entre los pobres de Lugano, la polución llegará también a los ricos de Recoleta. No se trata ya de una cuestión de solidaridad, sino de autodefensa.

El bloqueo informativo tiene en este caso una explicación indignante. Operadores oficiales ejecutaron con maestría una campaña de desinformación masiva, hostigamiento a organizaciones ambientalistas y prebendas para ablandar periodistas críticos. Las filtraciones que revelaron Enrique Viale y Myriam Bregman dan cuenta con lujo de detalles cómo se pergeñó esta estrategia de dudosa legalidad en base a pauta publicitaria disuasiva y "tours pedagógicos" a Europa. Este operar expone que el oficialismo avanza con campañas públicas de difamación contra las organizaciones y sus miembros cuando no se callan, intentando desacreditarlas y silenciarlas en la denuncia pública de los proyectos regresivos en materia social y ambiental.

Dentro de este contexto, es estruendoso el silencio del diputado Juan Carlos Villalonga, quien a pesar de haber sido parte de Greenpeace cuando se aprobó la Ley de Basura Cero, no se manifiesta expresamente contra la incineración, lavando así las pretensiones del gobierno de la Ciudad y agrediendo a las organizaciones que defienden el interés de todos, no el de unos pocos.

El argumento central del gobierno para impulsar esta tecnología del descarte es el colapso de los rellenos sanitarios, triste realidad derivada de la falta de planificación estratégica y la inexistencia de una política metropolitana de recolección diferenciada y reciclado. En efecto, aún hoy no existen planes nacionales ni regionales de recolección diferenciada, reciclado social, reutilización, reducción de envases, promoción ambiental ni ninguna de las políticas universalmente aceptadas como necesarias para tener ciudades más limpias y sustentables.

Entonces, cuando la cosa se pone fea, aparece la solución fácil, mágica, demagógica, cortoplacista, espasmódica, que reafirma la concepción del ser humano como un consumidor irresponsable, el Estado como un gestor bobo de problemas emergentes y el modelo económico como un sistema de descarte de cosas y personas. El contrato ambiental que nos propone este proyecto es comprar, usar, tirar y quemar. Sin culpas, sin responsabilidades. Alguien hará "desaparecer" el descarte en el fuego de una hoguera. No importa si esa "basura" puede ser materia prima para la industria nacional y puestos de trabajo para los descartados del sistema. Es mejor que sus partículas se dispersen con el viento, casi imperceptibles. Para reciclar, para cuidar el ambiente, hay que pensar mucho, planificar a largo plazo, valorar al ser humano, gestionar sistemas complejos, enfrentar las corporaciones. Quemar es más fácil, aunque la OMS alerte sobre la muerte de seis millones de personas al año por contaminación del aire.

La incineración, dicen también, es un sistema de probada eficiencia en Europa. Eso les contó un funcionario a algunos periodistas mientras cenaban en algún coqueto restaurante de Viena. La cuenta la pagó el Estado. No les contaron que esas mismas ciudades se están sacando de encima tecnología obsoleta debido a que las regulaciones de la Unión Europea son cada vez más restrictivas en el uso de incineradores.

El problema, como vemos, no es simplemente que se pretenda importar acríticamente soluciones extranjeras que no necesariamente son buenas ni adecuadas al contexto nacional. Es peor. Con mentalidad de patrón bananero, nuestros funcionariado quieren vendernos la modernización con tecnología que el primer mundo está descartando. Vamos a pagar varios cientos de millones de dólares por plantas de incineración que ningún intendente de un país desarrollado aceptaría.

La agenda ambiental del gobierno argentino es nula. Ha decidido sacar de la agenda de la reunión del G20, presidida este año por el Ingeniero Mauricio Macri, el capítulo vinculado al cambio climático con la intención de no chocar con la administración Trump. Salvo excepciones, la prensa local no se ha hecho eco ni de esto ni de las consecuencias que este drama global está teniendo hoy en nuestro país: inundaciones recurrentes, temperaturas elevadísimas y la terrible sequía que sufre el campo argentino. Estas consecuencias las sufren siempre aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad: los campesinos, las comunidades indígenas, los desplazados, los habitantes de barrios populares. Este proyecto incinerador es un crimen ambiental y social que se inscribe en el contexto de la indiferencia generalizada de nuestro Gobierno y desinformación masiva de nuestro pueblo en esta temática crucial para el futuro de la humanidad y nuestros hijos.

El autor es dirigente social y abogado de la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores (CTEP).