Los funcionarios deben haber regresado a sus casas agotados pero contentos, creyendo haber resuelto el problema de la pérdida de empleos que podría haber acontecido si Carrefour hubiera practicado los ajustes de personal con que amenazaba.

La compulsión a meter permanentemente la mano en las realidades desagradables e intentar modificarlas crea esa sensación mezcla de omnipotencia, cansancio, frustración y saturación laboral que acarrea la decisión de querer controlarlo y decidirlo todo. Los precios relativos, la inflación, el desempleo, las tarifas, los precios de los medicamentos, todo debe solucionarse mediante una ley, una imposición, un subsidio, un impuesto o una declaración más o menos estudiada en los medios o en el Congreso.

La sociedad, acostumbrada a los milagros, los exige. Bajar la inflación y los impuestos sin bajar el gasto, dar buenos servicios sin cobrar lo que valen, brindar educación de excelencia sin esfuerzo de los alumnos y las familias, y sin impedir las huelgas docentes. Tener buen sistema de transporte cobrando el boleto más barato del mundo, obviamente con subsidios.

Lo más grave de ese proceso es que la población se acostumbra a que el Estado sea quien resuelve los conflictos económicos constantes y diarios y no hace nada por resolverlos por su cuenta. De ahí que el Presidente tenga que salir a explicarle al consumidor-niño de la Ciudad de Buenos Aires y buena parte del Conurbano que debe bajar su consumo de energía. Algo que un cordobés o un tucumano saben hace mucho. Eso termina creando funcionarios esclavos de la sociedad. Y sociedades esclavas de los funcionarios.

En ese modelo se entronca la idea de subsidiar a las empresas para que no despidan personal y, consecuentemente, no se reestructuren, lo que produce efectos a futuro mucho más graves, que seguramente requerirán luego de mucho más esfuerzo del funcionario eternamente atareado intentando resolver heroicamente hasta el nivel de lluvia.

Con los cambios que se vienen realizando sistemáticamente hace años en la ley de concursos y en las leyes laborales, además de transformar en empresarios sin riesgo a los jueces y los síndicos, y con el accionar de políticos interesados solo en las elecciones, se está torpedeando el futuro de la economía, al impedir los cambios imprescindibles que todo sistema necesita para seguir con vigor y con vida.

El gran economista austríaco Joseph Schumpeter, el mayor estudioso de los ciclos económicos y un profeta de lo que está ocurriendo hoy con el capitalismo, acuñó hace tres cuartos de siglo el término "destrucción creativa" para sintetizar el proceso por el cual las empresas, afectadas por su propia ineficacia, por los avances de los emprendedores e innovadores, por las nuevas tecnologías, por los cambios de hábito del consumidor y razones similares, se tenían que adaptar a esa realidad o desaparecían para dar lugar a nuevas empresas que las desplazaban y que le daban una nueva pujanza a la economía.

En ese proceso, sostenía Schumpeter en impecable análisis, se crean muchos más empleos de los que se pierden, se aumenta la riqueza y el bienestar general, y se garantiza la eficiencia, que es esencial para que cualquier logro económico perdure en el tiempo.

Lo que se hace cuando se subsidia a una empresa con cualquier formato: protección, exención de impuestos o cargas sociales, pagos directos o compensaciones, es demorar o impedir ese proceso de renovación. Y el resultado es siempre perjudicial para la sociedad. Lo mismo ocurre cuando se impide que una empresa quiebre y se la mantiene en un ensañamiento terapéutico de varios años, creyendo que así se preservan las fuentes de trabajo, cuando en rigor se están perdiendo muchos más que podrían existir.

Ese error conceptual básico, mezcla de ignorancia técnica y facilismo político, domina el accionar del Estado en el país y tiene graves consecuencias, y las tendrá aún más a medida que se profundice en el concepto, que se va potenciando exponencialmente y autoalimentándose. Lo que es todavía peor ante la amenaza de la robótica imparable, aunque no les guste a muchos atrasados. Pero mucho más grave es si se combina este oscurantismo conceptual de tratar de mantener vivos a los cadáveres con los cambios en los hábitos de compra y aun en el tipo de bienes que se consumen.

Reflexiones de este tipo conllevan dos respuestas, que en rigor son dos preguntas. Una tiene que ver con que hay países desarrollados que intentan hacer lo mismo. Eso no hace que el método sirva. Los países desarrollados hacen cosas que se pierden en el tamaño de su economía, lo que no las vuelve acertadas. En cambio, los países pequeños no tienen margen para proteger el fracaso. No tienen más remedio que dejar paso a la innovación si quieren tener alguna oportunidad. No tienen margen para subsidiar la obsolescencia en ningún formato.

La otra pregunta es más popular, más sensible, hasta luce lógica: ¿pero qué pasa con la gente que queda afuera, que se queda sin trabajo? Quienes formulan esa pregunta, aun de buena fe, piensan que Schumpeter era un insensible, un desalmado. Sin embargo, era un brillante sociólogo, totalmente comprometido con el bienestar de las sociedades.

Por supuesto que no se puede pretender que quien pierde un trabajo piense que su despido es muy bueno para otros trabajadores, como no se puede esperar que un empresario que quiebra porque su empresa no se supo mantener en carrera se alegre porque forma parte de la experiencia de la destrucción creativa. Pero la realidad objetiva es que ayudarlos con un parche para que la situación no cambie es lastimar a la sociedad en conjunto, como viene pasando y como pasará cada vez más marcadamente y con peores efectos.

Para ocuparse de esa persona con nombre y apellido que ha perdido su empleo sí debe estar el Estado. Y aquí vienen los condicionamientos. El Estado debe intervenir siempre subsidiariamente, de ahí el término subsidio. Siempre por un tiempo. Siempre subsidiar al individuo, no a las organizaciones intermediarias capitaneadas por bandidos que bailan con los políticos. Y siempre despejando el camino para que haya más inversión, más innovación y más empleo.

Y justamente se está haciendo lo contrario cada vez que se rescata a una empresa con dineros públicos. En vez de meter la mano en cada realidad individual, tarea reservada a Dios —y solo al alcance de Dios—, el Estado, el gobierno deben ocuparse de liberar el camino de la inversión, la innovación y la renovación. Y, por supuesto, no debe intentar impedir la inexorable destrucción creativa, so riesgo de autodestruirse junto con la sociedad.