Educación: con la verdad no ofendo ni temo

Hay en Mauricio Macri, desde su llegada a la política, una característica que lo distingue y que en sus palabras del 1º de marzo quedó evidenciada otra vez: el "entusiasmo del hacer". Es mucho más que una frase retórica: expresa su modo de concebir la función pública. No es que las palabras no cuenten, pero la política no puede quedar relegada a un torneo de palabras. Le reprochan algunos que sus intervenciones no tengan un contenido épico. ¡A Dios gracias!

La Argentina está enferma de relatos, de frases altisonantes, de solemnidades, de proclamas, pero le faltan cloacas, caminos, escuelas, iluminación pública, hospitales dignos. En resumidas cuentas, le falta descender de los debates ideológicos a los problemas concretos de la gente. Para muchos políticos tradicionales, esto último es poco atractivo; para Macri, es el sentido mismo de su incursión en la esfera pública.

De un presidente que habla con la verdad, y que actúa en consecuencia, como lo demostró con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), no puede extrañar que pretenda que todos conozcamos la verdad en un tema tan acuciante como el educativo. Dijo en su discurso: "Para poder involucrarnos, tenemos que poder saber cómo le está yendo a la escuela donde van nuestros hijos. Hoy está prohibido por ley que se publiquen los resultados por escuela y eso no tiene sentido. Les pido que este año legislativo avancemos para cambiar esta norma. La única manera de mejorar es partir de la verdad, de un diagnóstico verdadero, transparente, público, a disposición de todos".

Aunque parezca increíble, el artículo 97 de la ley 26206 establece: "El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología y las jurisdicciones educativas harán públicos los datos e indicadores que contribuyan a facilitar la transparencia, la buena gestión de la educación y la investigación educativa. La política de difusión de la información sobre los resultados de las evaluaciones resguardará la identidad de los alumnos, docentes e instituciones educativas, a fin de evitar cualquier forma de estigmatización, en el marco de la legislación vigente en la materia".

Una cosa es omitir la identidad de alumnos y docentes, lo que por cierto está bien, y otra la de las instituciones educativas. ¿Cómo pueden saber los padres la calidad de la institución a la que envían a sus hijos si los datos correspondientes no se informan? ¿Cuál sería la estigmatización? Mediante esa información, ellos podrían influir para que se tomaran las medidas que condujeran a mejorar las prestaciones de determinada escuela. Otra vez, cuando se quieren solucionar problemas concretos, sin anteojeras ideológicas, se advierten los absurdos obstáculos que surgen de presiones gremiales que tienden a degradar la educación pública cuyos voceros tanto declaman.

Esta cuestión es parte de una más general: la eficiencia en el sector público. Para el populismo y para la izquierda, la eficiencia es un concepto de carácter empresarial, economicista, que resulta ajeno al Estado. En una empresa privada, se dice, el fin es el lucro, mientras que el Estado tiene por objetivo el bienestar general. Nadie discute esas obviedades, que ninguna relación tienen con el tema de la eficiencia.

Por el contrario, deberían ser los progresistas, si lo fueran en serio, quienes más bregaran por la introducción de criterios de eficiencia en el sector público. La explicación es muy sencilla: si la eficiencia consiste en usar la menor cantidad de recursos para alcanzar determinada meta, su empleo permite que más recursos se utilicen para hacer otras cosas o para hacer esas mismas cosas mejor. Si, por ejemplo, hay muy pocos alumnos en varias escuelas cercanas, reunirlos en una sola permitiría dedicar menos dinero y usar el restante para mejorar salarios docentes o equipar mejor a la escuela.

Los recursos no son infinitos y la Argentina tiene, como consecuencia de las políticas kirchneristas, una alta presión tributaria. Eso nos obliga a usarlos con la mayor racionalidad, precisamente en beneficio de los sectores más necesitados. El populismo desprecia la verdad y la eficiencia. En materia educativa, esa combinación nos ha llevado al desastre.

Los paros irresponsables solamente sirven para empeorar la situación. Es legítimo que los docentes aspiren a ganar más. Lo extraño es que al mismo tiempo sus dirigentes se opongan a cualquier medida de racionalización de las inversiones educativas, lo que permitiría genuinamente contar con más recursos destinados a salarios. Por lo demás, ellos saben que afectan a los más pobres. Los otros, lamentablemente, hace tiempo que se fueron de la escuela pública. El kirchnerismo fue en este aspecto un gran privatizador. No es extraño que Cristina Fernández confiese su admiración por Carlos Menem.

El autor es diputado nacional (Cambiemos-PRO, CABA).