Femicidios bajan en Panamá en 2025, pero crecen los intentos

Panamá cerró 2025 con un total de 20 femicidios registrados a nivel nacional, según cifras preliminares del Ministerio Público, una reducción de 13% frente a los 23 casos contabilizados en 2024.

Aunque el descenso marca un cambio en la tendencia interanual, los datos también reflejan un aumento significativo en las tentativas de femicidio, que pasaron de 9 a 18 casos, lo que representa un incremento de 100% en un solo año.

El informe oficial detalla que, además de los femicidios consumados, en 2025 se registraron 15 muertes violentas de mujeres que no fueron tipificadas como femicidio tras la valoración fiscal y la aplicación de la Ley 82.

En conjunto, estas cifras muestran que la violencia letal y extrema contra mujeres sigue siendo un problema estructural, con expresiones que van más allá de los casos formalmente clasificados como femicidio.

La distribución geográfica de los femicidios en 2025 evidencia cambios relevantes frente al año anterior. Panamá Oeste concentró 8 casos, un aumento de 700% respecto a 2024, cuando solo se había registrado uno.

En contraste, Bocas del Toro no reportó femicidios en 2025, frente a tres el año previo. Otras provincias con registros fueron Chiriquí (2), Coclé (1), Colón (1), Darién (2), Panamá (3), San Miguelito (1), Veraguas (1) y la comarca Ngäbe Buglé (1). Varias regiones, como Herrera, Los Santos, Guna Yala y la comarca Emberá, no reportaron casos.

Por edades, el grupo más afectado fue el de mujeres entre 18 y 24 años, con 6 femicidios, seguido por los rangos de 25 a 29 años y de 30 a 34 años, con 2 casos cada uno.

También se registraron femicidios en niñas de 0 a 4 años y en mujeres mayores de 60 años, lo que refleja que la violencia letal no se limita a un solo segmento etario.

En cuanto al tipo de arma utilizada, los datos muestran que 6 femicidios fueron cometidos con armas de fuego y 5 con arma blanca. También se documentaron 4 casos por asfixia mecánica, 2 con objetos contundentes y uno por incendiaria.

En dos casos no se pudo determinar el tipo de arma debido al estado de los cuerpos o a que las investigaciones seguían en curso. Este patrón coincide con una alta presencia de armas de fuego en hechos de violencia letal contra mujeres, tendencia que también se refleja en las muertes violentas no clasificadas como femicidio.

El incremento de las tentativas de femicidio es uno de los datos más relevantes del informe. En 2025 se registraron 18 intentos, el doble que el año anterior.

Estas cifras sugieren que, aunque algunos ataques no culminaron en muerte, la exposición de mujeres a agresiones de alto riesgo se ha intensificado, lo que plantea desafíos adicionales para los sistemas de prevención, protección y atención temprana.

A inicios de 2026, ya se ha reportado al menos un caso de femicidio en el país, lo que confirma que el fenómeno no ha desaparecido y que las dinámicas de violencia extrema continúan presentes.

Las autoridades han reiterado que estos primeros hechos del año están siendo investigados bajo los protocolos vigentes y que las cifras oficiales se consolidarán conforme avancen los procesos judiciales.

En el contexto regional, organismos multilaterales han advertido que América Latina y el Caribe siguen siendo una de las regiones con mayores tasas de femicidio del mundo.

En 2025, países como México, Brasil, Honduras y Colombia mantuvieron cifras elevadas de asesinatos de mujeres por razones de género, según reportes de fiscalías nacionales y observatorios regionales.

Estos datos sitúan el problema como un fenómeno transnacional, vinculado a desigualdades estructurales, violencia doméstica, criminalidad organizada y fallas en los sistemas de protección.

En Panamá, el Ministerio Público ha subrayado que los datos presentados son preliminares y pueden variar conforme avancen las investigaciones. La clasificación de un homicidio como femicidio depende de la valoración fiscal y de la aplicación de los criterios establecidos en la Ley 82, que tipifica este delito cuando la muerte ocurre en un contexto de violencia de género.

Las autoridades también han señalado que la reducción en el número de femicidios consumados no puede interpretarse de forma aislada, dado el aumento paralelo de tentativas y la persistencia de muertes violentas de mujeres que no cumplen con la tipificación legal de femicidio.

Desde el punto de vista institucional, estos indicadores obligan a revisar la efectividad de las medidas de prevención, las órdenes de protección y los mecanismos de atención a víctimas de violencia doméstica.

Expertos en seguridad y derechos humanos han insistido en que la respuesta estatal no debe limitarse al ámbito penal. La detección temprana de situaciones de riesgo, el fortalecimiento de los servicios sociales, la educación en igualdad de género y la atención integral a víctimas son componentes clave para reducir la violencia letal contra mujeres.