En 2009, cuando era presidente de los Estados Unidos, Barack Obama tenía el desafío de lograr el apoyo social para su propuesta de seguro de salud. Con ese fin, buscó el apoyo de sectores católicos progresistas con los que compartía una agenda de protección de los sectores económicamente vulnerables que serían beneficiados con ese seguro de salud. Sin embargo, había un escollo: el plan de Obama incluía financiar centros de ginecología que, entre otros servicios, aún hoy practican abortos legales y seguros. Esto, previsiblemente, sería rechazado por estos sectores de los que buscaba apoyo. En una reunión pública con referentes religiosos, el presidente estadounidense les dijo algo de este tenor: está claro cuáles son nuestras diferencias, pero también sabemos que tenemos coincidencias. Ninguno de nosotros quiere más abortos, ni que las mujeres se encuentren en situaciones en las que el aborto sea la única opción. Este es nuestro objetivo en común.

¿Cómo sería este planteo en nuestro país? Los que estamos a favor no queremos más muertes por abortos clandestinos. Los que están en contra, están a favor de la vida. Acá existe un punto en común: ambos defendemos la vida.

Tanto quienes nos oponemos a la persecución penal del aborto como quienes la favorecen estamos de acuerdo en que queremos menos y no más abortos. En lo que no estamos de acuerdo es en que el derecho penal sea un medio adecuado y legítimo para lograrlo.

Cuando el movimiento por la despenalización del aborto dice "educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir" está proponiendo tres términos, dos de los cuales están fuera de la discusión sobre la despenalización, y un tercero tiene supuestos en los que ya existe la no punibilidad: los casos en los que el embarazo sea producto de una violación y en los que exista peligro para la vida o la salud de la mujer embarazada.

Sobre estos tres términos debería haber acuerdo: los dos primeros son esenciales para evitar abortos, el último lo propone la propia ley y no debería haber discusión al respecto. Sin embargo, hay mucho por hacer en los tres puntos: la educación sexual con la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral, las políticas de salud pública para la anticoncepción y la aplicación del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Por lo tanto, hay muertes de mujeres embarazadas evitables si se implementaran aquellos términos que ya son ley en nuestro país.

Además, aún nuestra democracia tiene la deuda de debatir y legislar sobre la no punibilidad en situaciones en las que la mujer decide interrumpir voluntariamente su embarazo. Ese es el desafío que el presidente Mauricio Macri le propuso a la política: debatamos y decidamos democráticamente. El debate está planteado, que se escuchen todas las voces. Para ello, tendremos el tiempo necesario para convencer y consensuar. Al menos, quienes estamos a favor de la despenalización tendremos la responsabilidad de llevar a la discusión información que ayude a terminar con los prejuicios.

Luego de trece años de presentarse periódicamente el proyecto de legalización y de que durante el gobierno anterior se bloqueara el debate con mayoría en ambas Cámaras, esta es la oportunidad de tener la discusión que nos hace falta acerca del rol del derecho penal en la cuestión del aborto.

Desde mi punto de vista, es el momento de terminar con una criminalización que no sólo no evita abortos, sino que alienta la clandestinidad y, por lo tanto, el daño a la salud y el riesgo de la muerte de mujeres embarazadas. La sanción penal del aborto tampoco es un mecanismo adecuado ni legítimo para reducir los embarazos de niñas y adolescentes. Por el contrario, los países que han eliminado la sanción penal contra el aborto han hecho descender la mortalidad de las embarazadas, los abortos clandestinos y, en algunos casos, los abortos en general.

El peor enemigo de la salud de las mujeres es el prejuicio y el oscurantismo. El presidente Macri, al alentar el debate, nos empuja a todos a dar un paso hacia mejores prácticas de salud reproductiva. En algunas, ya deberíamos estar todos de acuerdo. En otras, tenemos un debate pendiente y un trabajo legislativo por delante, en el que construir consensos y ser respetuosos de los disensos. Alfonsín tenía razón: con la democracia se cura.

La autora es diputada nacional por la UCR en Cambiemos y presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las América, ParlAméricas.