Los familiares de detenidos acusados por delitos de lesa humanidad experimentamos un gran desánimo, en el que se mezclan el dolor y la tristeza, cada vez que sucede el fallecimiento de alguno de nuestros padres, tíos o abuelos. Ellos mueren solos. Frecuentemente sin asistencia, y, si esta ella llega, es demasiado tarde.
Estamos hablando de un grupo de personas cuyas edades oscilan entre los 70 y los 86 años —los hay un poco más jóvenes, pero también afectados en su salud— y hasta algunas personas prontas a cumplir 90.
Algunos de ellos están condenados, pero la mayoría no y transitan años de prisión preventiva que exceden en mucho lo que la ley dictamina. A pesar de sus edades y sus dolencias físicas, que suelen ser graves, numerosos jueces deciden abandonarlos con el castigo del encierro carcelario.
Entre marzo y abril de este año fallecieron tres personas en estas condiciones: los oficiales del Ejército Lucchini, Palavezzati y Delmé.
Con estas muertes contabilizamos casi cuatrocientas personas que fallecen en estas circunstancias de vulnerabilidad y violación de sus derechos. A pesar de estar amparados por la ley, dada su edad y su deterioro físico, es poco habitual que los tribunales intervinientes les concedan el beneficio del arresto domiciliario.
La indiferencia y el desprecio del Poder Judicial que los tiene a su cargo termina en funestos abandonos: muertes en las celdas o a lo sumo traslados a hospitales cuando el fallecimiento es inminente.
Sin siquiera analizar aquí las gravosas irregularidades contenidas en los procesos judiciales a los que son sometidos, es decir, procesos no ajustados a derecho, las muertes a las que hacemos referencia se suceden y repiten ante la mirada indiferente y hasta despectiva de quienes deberían velar por el cumplimiento de sus derechos y el no abandono de su dignidad.
Hace muchos años que esto no sucede. ¿Qué paradigma deberá encarrilar esta gran injusticia dentro del poder del Estado que se instituye como garante de la igualdad ante la ley? ¿Quiénes, como dice nuestra Constitución Nacional, se dignarán a "afianzar la Justicia" y desandarán sus prejuicios para otorgar garantías y derechos a los imputados en las causas de lesa humanidad?
La autora es integrante de la asociación civil Puentes para la Legalidad.
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