Ley de lobby: otro paso hacia una gestión transparente

La honradez reconocida es el más seguro de los juramentos.

Benjamin Franklin

Una de las demandas más fuertes de los argentinos a Cambiemos fue llevar a cabo un gobierno abierto y transparente, en donde la opacidad fuera parte del pasado. Implementamos numerosas medidas en ese sentido y hoy damos otro paso adelante con una ley para regular el lobby, es decir, la gestión de intereses que ocurre cuando personas físicas o jurídicas buscan influir en la toma de decisiones de los funcionarios.

El lobby es una práctica que existe. No podemos ni debemos negarlo. Continuamente, los integrantes del Poder Ejecutivo recibimos a legisladores, empresarios, sindicalistas o miembros de organizaciones de la sociedad civil que quieren incidir en una política determinada, en un proyecto de ley, en un contrato de bienes y servicios o en un mero expediente administrativo, entre otros actos públicos. Hoy en día, de hecho, existe un decreto que nos obliga a registrar el motivo, la hora, el lugar y los participantes de este tipo de audiencias.

Creemos que esta actividad se puede transparentar todavía más a los efectos de recrear la confianza social en las instituciones públicas y promover la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Para alcanzar este objetivo es que la gestión de intereses debe ser regulada no por un decreto presidencial, sino por una ley del Congreso, tal como sucede en países como Estados Unidos o Chile, donde existen registros minuciosos de audiencias, donaciones y viajes.

Un segundo aporte es ratificar el principio de la igualdad de trato para garantizar que los funcionarios escuchemos los argumentos de todos aquellos que soliciten una audiencia sobre un mismo tema. Así evitamos que se favorezcan a unos y se omitan a otros, y logramos que más actores participen en la toma de decisiones.

Pero, además, consideramos de suma importancia ampliar la aplicación de la norma a los miembros del Congreso, del Poder Judicial y de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa.

Crear un registro público y publicitar la actividad de los lobistas es una forma más de garantizar un Estado desde el cual, como dice la ley, se promueva la cultura de la integridad.