Tarifas: la política por otros medios

Ya en el siglo XIX, el militar prusiano y uno de los más influyentes historiadores y teóricos de la ciencia militar moderna, Carl von Clausewitz, definió a la guerra como "la política por otros medios". En la Argentina, hoy, aquí y ahora, el Gobierno de Mauricio Macri libra una batalla encarnizada contra una parte de la Justicia para avanzar con un sinceramiento tarifario que exhibe a este sector judicial haciendo política por otros medios. Basta con mencionar que la jueza federal de primera instancia de San Martín, Martina Forns, quien el día miércoles ordenó suspender los aumentos de las tarifas de electricidad que se aplicaron a partir de febrero, fue una de las firmantes de la solicitada que el 11 de diciembre del 2012 reclamaba por "una justicia legítima".

Todos los frenos que sufrieron los aumentos en las tarifas de servicios públicos, a nivel municipal, provincial y nacional, se fundamentaron principalmente en que el Gobierno no realizó las audiencias públicas que, según estos magistrados, marca la ley. Si bien es un tema en el que los juristas no se ponen de acuerdo, vale recordar que esas audiencias públicas no son vinculantes, por lo que su resultado no influirían de manera directa en la definición del cuadro tarifario.

El presidente Mauricio Macri está convencido de que estos frenos a los aumentos —necesarios bajo cualquier análisis, pero discutibles política y socialmente respecto a su magnitud y su gradualidad— son parte de una obra premeditada del colectivo kirchnerista Justicia Legítima, que aún conserva gran influencia en el Poder Judicial y así lo hace saber tanto de manera pública como ante interlocutores privados. El Presidente ya conocía el accionar de jueces muy politizados desde su actuación como jefe de Gobierno porteño, donde también tuvo que sortear innumerable cantidad de obstáculos.

Fue hace unos pocos días que el propio jefe de la bancada de senadores del Partido Justicialista-Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, declaró: "Que la justicia fije las tarifas de los servicios públicos es una deformación grave de los roles institucionales". Sin embargo, hay que señalar que, más allá de argumentos técnicos que podrán esgrimir desde el ministerio que conduce Juan José Aranguren y de la administración en su conjunto (no corresponde poner bajo la lupa exclusivamente al ex CEO de Shell por este tema), fue el propio Gobierno quien dejó servido en bandeja de plata —al no realizar las mencionadas audiencias— el cuestionamiento judicial que pone en peligro las metas fiscales que de antemano se propuso alcanzar y que enmaraña aún más un tema sensible para los argentinos. La queja del Gobierno contra esos jueces aparece entonces matizada por su propia impericia.

Según algunas estimaciones, cubrir los aumentos que se impusieron por resolución ministerial pero que están frenados en la Justicia costará al fisco al menos dos mil millones de pesos más por mes y si a esto le agregamos que, incluso con los aumentos, las tarifas de luz y gas no alcanzan a cubrir ni siquiera el 40% del costo de generación de esa energía, la situación resulta muy preocupante.

Es saludable para la república que la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial haya mermado notoriamente en estos 8 meses del Gobierno de Cambiemos, pero esto no los exime de mirar con detenimiento lo que allí sucede cuando tienen sobradas muestras, por los 12 años de kirchnerismo, que la Justicia también hace política y que por lo tanto es un factor de poder e influencia que debe sopesarse en las decisiones a tomar.

Resulta una crítica recurrente afirmar, como se hace cada vez con mayor frecuencia en los medios de comunicación y por algunos intelectuales (con Beatriz Sarlo a la cabeza), que los CEO que el Gobierno puso en altos cargos no están capacitados para la política. Esta apreciación se olvida de los ineficientes, improductivos y (en muchos casos) delincuentes que ejercieron altos cargos durante décadas y que provenían de "la política" (no conociéndoseles, en muchos casos, ningún otro trabajo más que ese). No obstante, sí es cierto que la política tiene sus especificidades y que comprenderlas le hubiera permitido al Gobierno evitar los sinsabores que el brazo judicial del kirchnerismo le tenía preparado ante el primer error. Siempre es bueno tener presente que, no solamente la gestión ayudará a la política (traducido en que el eficaz ejercicio de Gobierno permitirá a Cambiemos tener una buena performance en las elecciones legislativas del año próximo), sino que la política debe ayudar al Gobierno a evitar las trabas que le ponen a menudo ciertos sectores que, pese a no tener legitimidad popular, cuentan con recursos para obstaculizar a un gobierno al cual desprecian y al que desearían ver derrotado.

@AlexGuvenel

El autor es licenciado en Ciencia Política, miembro del Club Político Argentino. Su blog es Choque de Palabras.