Lo que cabe esperar del programa Justicia 2020

El Programa Justicia 2020 se funda en un plan elaborado por el hoy ministro del área Germán Garavano y otros investigadores de la realidad judicial, cuando integraban una organización no gubernamental. Más allá de favoritismos o miserias partidarias, sin duda constituye el diagnóstico más serio que se haya confeccionado en la Argentina en las últimas décadas en materia penal.

Tal vez fue la jerarquía técnica del programa lo que orientó su nombramiento. Sin embargo, en la presentación de Justicia 2020 celebrada en mayo, el presidente Mauricio Macri prescindió de tecnicismos y se comprometió "a cuidar a los argentinos, a estar cerca", procurando las "herramientas y transformaciones que ayuden a la gente a vivir mejor". Y añadió: "El ciudadano común siente que el delincuente, el asesino, el ladrón, el violador, se sienten con impunidad", agravado esto en los últimos años por el narcotráfico, en complicidad con parte de la dirigencia pero también, a su juicio, por la incapacidad y el miedo.

En una línea semejante, el ministro Garavano anunció que se volverá a analizar el Código Procesal Penal de la Nación que aprobó y nos legó a los apurones el gobierno kirchnerista, el cual además de estar saturado de cláusulas abolicionistas, implica delegar en los fiscales, que dependen de Alejandra Gils Carbó, la responsabilidad de investigar todos los delitos de los funcionarios del gobierno anterior. Entre las propuestas de reforma, se incluyen modificaciones en el Consejo de la Magistratura y en el Código Procesal Penal. Más puntualmente, se propone ampliar el acceso a la información pública, la creación de un grupo de jueces que se especialicen en crimen organizado y narcotráfico, convertir tribunales orales ordinarios en federales, fusionar la justicia correccional con la de instrucción, promover una ley del arrepentido y el juicio en ausencia -que se piensa para el caso AMIA, aunque es cuestionado por muchos juristas por ser contrario a nuestro sistema- y la creación de la Policía Judicial.

Garavano también apuntó a avanzar en el proyecto del Juicio por jurados, que se discutirá a fines de 2017. Pero en lo que toca a este punto, si de lo que se trata es de reforzar el vínculo entre la Justicia y la comunidad, habría que rever la asimetría recursiva existente en la singular implementación de este formato. En la Argentina, si el jurado declara al acusado inocente, la sentencia no puede ser apelada por la víctima. En cambio, si el jurado declara al acusado culpable, éste puede apelar. Y con la absolución del imputado, se termina el juicio. Y para peor, la objetividad de la declaración de inocencia o culpabilidad del imputado puede ser puesta fundadamente en duda en cuanto el jurado muy probablemente será influido por las amenazas, el temor y el soborno de los familiares del imputado o de la banda juzgada.

Los tres ejes planteados son la cercanía con la gente, la independencia judicial que "persiga la verdad y hacer respetar las leyes, sin impunidad de los que estuvieron, los que están y los que vendrán", en palabras de Macri, y la modernización de la administración de Justicia. Impulsar una reforma en serio que comprometa "no sólo a los operadores judiciales sino también a las universidades, los profesionales, las ongs, todos aquellos que tengan algo para aportar". Y en el terreno ya de las prácticas sociales, exigió "terminar con la cultura de la viveza criolla".

Se debe destacar la buena voluntad, disposición y capacidad intelectual demostrada por los funcionarios del Ministerio para acercarse a la problemática de las víctimas y a todas las sugerencias que puedan partir de la sociedad civil para mejorar el servicio de administración de justicia. Adviértase, no obstante, que las reformas del Código Procesal Penal en curso se aplicarán a los delitos federales –el narcotráfico, la trata y los delitos complejos-. Y con esta parcelación del delito, las víctimas de todos los días continuarán tan desamparadas como hasta ahora. En defensa de los tiempos del cumplimiento de Justicia 2020, es cierto que el programa fue segmentado anualmente y el ciudadano común puede esperar que el compromiso con su seguridad y derecho a la vida lo alcance en el 2017.

Más allá de las buenas intenciones, lo cierto es que la administración actual de Justicia convive con los lastres judiciales del pasado, semejantes a náufragos en una isla rodeada de tiburones. Rechazado por todo el arco opositor en el Congreso, se tildó falazmente a Justicia 2020 de debilitar el poder de la Procuración a través de la creación de subprocuradurías. Aun cuando esta crítica fuera fundada, el problema no es la búsqueda de la eliminación de un obstáculo insalvable para llevar adelante el programa de gobierno, sino la necesidad de tener que recurrir a semejante atajo legal. El ciudadano de a pie, por lo demás, se pregunta sobre la autoridad moral de quienes se autoproclaman como representantes del pueblo, cuando gran parte de esa dirigencia detenta su autoridad avalada por una legitimidad de origen pero no de ejercicio, en cuanto defraudó con complicidades y prevaricaciones su función.

Y, cuando se trata de la autoridad religiosa, no estamos mejor. Pues sin la euforia setentista, nos preguntamos con Quilapayún: "¿Qué dirá el Santo Padre, que vive en Roma, que le están degollando a sus palomas?"

Por cierto, Justicia 2020 fue gestado como un espacio de diálogo institucional y ciudadano que busca construir una justicia cercana, moderna, transparente e independiente.

Por el momento, nos conformamos con que sea una Justicia Justa.

La autora es doctora en Filosofía (UBA) y ensayista. Miembro de Usina de Justicia