
La falta de información sobre el futuro de Rocedes y sus trabajadores mantiene en incertidumbre a empleados que reclaman salarios pendientes y respuestas sobre su cobertura de Seguridad Social. Entre ellos hay mujeres embarazadas que, según sus testimonios recogidos por Diario La Prensa, fueron dadas de baja del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Una trabajadora identificada como “Ana”, cuyo nombre fue modificado para resguardar su identidad, afirmó que conoció su situación al consultar las prestaciones por maternidad. La empleada expresó preocupación por la continuidad de su atención médica y por la ausencia de ingresos.
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Los más de 1,800 trabajadores enviados a vacaciones tras la intervención de Rocedes no tendrían claridad sobre sus contratos, pagos pendientes, liquidaciones ni aguinaldos. Una de las empleadas sostuvo que el INSS le informó que su cobertura había sido suspendida desde septiembre por falta de pago de la empresa.
Una trabajadora teme perder la atención médica antes del parto
Ana afirmó que cursa un embarazo de alto riesgo y que una clínica privada donde llevaba su control había comenzado a programar una cesárea. Su fecha aproximada de parto, según relató, es el 31 de diciembre.
Acudió al INSS para conocer el estado de su subsidio de maternidad. Allí, de acuerdo con su testimonio, le notificaron que ya no figuraba como asegurada.
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“Estoy desesperada porque fui a INSS a ver si estoy activa”, dijo la trabajadora a Diario La Prensa. Según contó, le indicaron que no tendría acceso al subsidio por maternidad, a la leche ni a la atención médica después de noviembre.
La empleada señaló que sus estudios y su información médica permanecen en una clínica del INSS. También manifestó dudas sobre si tendrá tiempo suficiente para trasladar el seguimiento del embarazo a un hospital público.
La trabajadora afirmó que no recibió una respuesta del Ministerio del Trabajo (Mitrab). Explicó que, debido a su estado, no puede buscar otro empleo mientras intenta resolver la situación de su atención médica.
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La empresa adeudaría cinco semanas de salario a los empleados

Rocedes le debe a Ana 12,000 córdobas (USD 326.37), equivalentes a cinco salarios pendientes, según su declaración. Aseguró que la compañía no hizo depósitos a los trabajadores durante ese período.
La empleada indicó que es madre soltera y que tiene un hijo de ocho años. Su preocupación, explicó, está vinculada con la llegada de una segunda hija y con la falta de recursos para cubrir sus necesidades.
“No sé qué hacer, no me resuelven nada”, manifestó ante el diario. En su relato, también mencionó la ausencia de respuestas sobre el salario, el subsidio y la continuidad de la atención médica.
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El texto publicado por el medio señala que había otras trabajadoras embarazadas dentro de la planta. La empleada sostuvo que varias de ellas también estaban próximas a dar a luz cuando la compañía dejó de operar con normalidad.
La intervención de Rocedes ocurrió el 16 de octubre
La Procuraduría General de Justicia tomó control de las instalaciones de Rocedes el 16 de octubre. La fábrica está situada en el parque industrial Las Mercedes, en el kilómetro 12.5 de la Carretera Norte.
La empresa tenía una capacidad de producción de 400 mil piezas mensuales y empleaba a 2,535 personas, de acuerdo con la información disponible. Tras la intervención, unos 1,800 trabajadores fueron enviados de vacaciones.
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La medida estuvo relacionada con presuntas deudas millonarias de la compañía con el INSS y con las distribuidoras eléctricas Disnorte y Dissur. Los empleados no recibieron información sobre si percibirían sus respectivas liquidaciones.
La trabajadora entrevistada afirmó que la decisión sorprendió a los obreros. Según su versión, les ordenaron irse a sus casas bajo la figura de vacaciones y luego no volvieron a ser convocados.

Los reclamos ante el Mitrab y los juzgados no tuvieron una respuesta inmediata
Los trabajadores acudieron al Mitrab en busca de orientación. Según los testimonios citados, desde esa institución les indicaron que debían dirigirse a los juzgados de Nejapa.
La explicación recibida habría sido que no podían intervenir porque los empleados no tenían cartas de cancelación de sus contratos. La gerencia de Rocedes tampoco se había comunicado con los trabajadores, de acuerdo con el informe.
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La empleada aseguró que en los juzgados le solicitaron realizar más trámites. También cuestionó la atención recibida en las dependencias públicas a las que acudió.
Durante la semana previa a la publicación, el régimen de Daniel Ortega ordenó elaborar un inventario en todos los módulos de la maquila. Una fuente consultada por La Prensa señaló que esa revisión podría definir si la compañía cierra o continúa bajo otra administración.
Una fuente estimó obligaciones pendientes cercanas a USD 5 millones
La fuente indicó que Rocedes enfrentaría compromisos con el INSS, Disnorte, Dissur y cerca de 400 extrabajadores. El monto estimado incluiría las liquidaciones reclamadas por antiguos empleados.
La empresa está vinculada al general en retiro Joaquín Cuadra Lacayo, exjefe del Ejército. El texto también menciona que la compañía tendría capital estadounidense.
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Rocedes ya había enfrentado reclamos laborales en diciembre del año anterior, cuando trabajadores denunciaron retrasos en el pago de aguinaldos. Algunos empleados presentaron demandas en las que figuraba Carlos Joaquín Cuadra González como apoderado general de administración.
A la espera de una decisión sobre la planta, los trabajadores consultados mantienen sus reclamos por los salarios, las prestaciones y la falta de información sobre su situación laboral.
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