
El asesinato de Santos Hernández Centeno en Wiwilí, Jinotega, y el caso de Franklin Lampín en Nagarote han sido vinculados, según fuentes consultadas por La Revista DOMINGO citado por Diario La Prensa, con deudas y mecanismos de cobro que habrían incluido amenazas y violencia.
La información disponible no permite establecer cuántas redes de este tipo operan en Nicaragua ni confirmar su alcance nacional. Un analista de seguridad consultado bajo condición de anonimato consideró que podrían existir estructuras dedicadas a prestar dinero con intereses altos y presionar a quienes se atrasan en los pagos.
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Santos Hernández Centeno, de 59 años, murió el domingo 26 de julio de 2026 dentro de su vivienda en la comarca La Esperanza, en Wiwilí. El caso no había sido esclarecido por la Policía meses después.
Según el relato recogido por la publicación, dos hombres armados ingresaron a la casa cuando Hernández se encontraba solo. Un vecino afirmó que los atacantes llevaban una escopeta y se dirigieron directamente hacia él.
“Iban con escopeta y ya iban directo a dispararle. No le dio ni chance de correr al compadre”, relató el vecino a La Revista DOMINGO retomado por Diario La Prensa. La fuente señaló que los hombres golpearon a Hernández y forcejearon con él.
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El testimonio citado por el medio indica que la víctima intentó escapar. Uno de los atacantes le disparó y, cuando cayó al suelo herido, el otro lo decapitó con un machete.
La cuñada de Hernández, Aracely Lago Cárdenas, habría sido la única testigo del hecho. Medios oficialistas la identificaron como la persona que declaró ante la Policía sobre lo ocurrido.
El caso de Wiwilí fue asociado con una deuda de dinero

Personas de la zona dijeron que el homicidio podría estar relacionado con una deuda de poco más de 100,000 córdobas (USD 2,710). El presunto acreedor era un hombre identificado únicamente por el apellido Galindo.
De acuerdo con la información atribuida a investigaciones policiales, Hernández tenía una deuda aproximada de 100,000 córdobas (USD 2,710) con esa persona. El material señala que habría recibido advertencias, aunque no logró saldar el monto.
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Un residente consultado por la revista describió a Galindo como alguien con contactos en el lugar y que prestaba dinero a otras personas. Esa versión no permite determinar su identidad completa ni establecer si tuvo participación directa en el asesinato.
La viuda de Hernández no respondió a los intentos de contacto realizados por el medio. Tampoco había información pública sobre sospechosos o capturas vinculadas con el expediente.
Un analista de seguridad planteó ante la revista que casos de esta naturaleza podrían haber aumentado durante los últimos cinco o seis años. El especialista precisó que la ausencia de estadísticas oficiales dificulta conocer si el fenómeno creció, disminuyó o se mantuvo estable.
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El analista describió un posible método de endeudamiento y presión
Según el experto consultado, algunas personas reciben préstamos con intereses elevados y enfrentan dificultades para cumplir con los pagos. En los primeros atrasos, los prestamistas permitirían que la deuda continúe bajo la promesa de regularizarla después.
Esa dinámica, sostuvo el analista, puede aumentar el monto pendiente hasta convertirlo en una cifra difícil de cubrir. A partir de allí, algunos cobradores podrían recurrir a intimidaciones.
“Así va incrementando la deuda, hasta que se vuelve una suma atractiva para el delincuente y comienzan a usar la intimidación y después la violencia”, dijo el especialista a la publicación.
El analista mencionó amenazas contra familiares y la toma de objetos de valor como supuestas garantías. También advirtió que, en los casos más graves, la violencia puede derivar en homicidios.
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Sus apreciaciones se basan en el seguimiento de hechos conocidos y no en una investigación oficial que haya identificado una estructura determinada. El propio experto señaló que se conoce poco sobre la dimensión del fenómeno.
Tampoco hay elementos públicos que permitan establecer si los presuntos grupos son nicaragüenses o extranjeros. La falta de resoluciones policiales en casos como el de Hernández limita la posibilidad de determinar responsabilidades.
El expediente por el homicidio de Franklin Lampín tuvo detenidos
El caso de Franklin Lampín fue distinto porque hubo detenciones y una acusación de la Fiscalía. Lampín, prestamista de Nagarote, fue asesinado el 28 de agosto junto con su novia, Yeymi Solórzano.
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La Fiscalía acusó a Ernesto Agustín Cruz Baltodano, de 38 años, y a Luis Alexander Contreras Lampín, de 24 años, primo de la víctima. Según el texto fuente, ambos terminaron confesando el crimen.
La acusación sostuvo que los dos hombres amenazaron a Lampín y a Solórzano con armas de fuego. Luego tomaron el control de la camioneta donde se encontraban y los trasladaron a un camino de tierra en Peña Ventosa.
La Fiscalía indicó que Lampín recibió un disparo a quemarropa en la cabeza. Solórzano recibió un disparo en el tórax y otro en la frente.
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Según la acusación, los responsables acomodaron los cuerpos dentro de la camioneta y dejaron un arma con el fin de aparentar que Lampín había matado a su pareja y luego se había suicidado.
El Ministerio Público también acusó a Yimin Maycol Bravo Santana y Luis Carlos Zapata. Ambos habrían huido hacia Costa Rica, de acuerdo con la información incluida en el expediente.
El móvil atribuido al crimen fue una deuda de USD 750,000 que Lampín no pagó dentro del plazo de un mes que le habrían impuesto. La Fiscalía señaló que Luis Alexander Contreras Lampín vivió durante varios años en Costa Rica antes de regresar a Nicaragua en 2025.
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De acuerdo con esa entidad, el acusado estuvo relacionado con organizaciones de crimen organizado y habría actuado como sicario en Costa Rica. Esos señalamientos forman parte de la versión fiscal expuesta en el caso.

Los préstamos informales no siempre configuran un delito
Los créditos denominados “gota a gota” consisten en préstamos informales que suelen cobrarse mediante cuotas diarias o frecuentes. Su origen suele asociarse con Colombia y con la expansión de prestamistas desde ciudades como Medellín hacia otros países latinoamericanos.
Este tipo de crédito suele dirigirse a pequeños comerciantes, trabajadores informales, vendedores ambulantes y personas que necesitan efectivo sin cumplir los requisitos de la banca. Las condiciones pueden incluir intereses altos y pagos periódicos.
Los intereses pueden alcanzar el 10%, 20% o incluso más del 30% mensual, dependiendo del país y de la red. Los atrasos pueden provocar recargos, intimidaciones, amenazas contra familiares y agresiones físicas.
No todos los préstamos informales ni todos los esquemas conocidos como “gota a gota” están vinculados con actividades criminales. La existencia de un crédito con intereses elevados, por sí sola, no demuestra la comisión de un delito.
En Nicaragua, la Ley 176 regula los préstamos entre particulares. El artículo 263 del Código Penal establece penas de uno a cuatro años de prisión por usura, con posibles aumentos cuando se trata de prestamistas habituales.
El analista consultado por la revista cuestionó la actuación policial ante estos hechos y sostuvo que la falta de esclarecimiento puede favorecer nuevas situaciones de violencia. Esa valoración corresponde a la fuente entrevistada y no existe, en el material disponible, una respuesta de la Policía sobre esos señalamientos.
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