
Daniel Ortega avanzaba con pasos cortos y lentos. Parecía desorientado. A su alrededor, varias personas seguían atentamente sus movimientos, entre ellas su hija Camila, situada a su lado, y atrás, su nieto Laureano Ortega, listos para sostenerlo ante una eventual caída.
En un momento, el gobernante nicaragüense tomó unas flores y se las acercó a la boca como si fueran un micrófono. Su mirada lucía perdida. Era lunes 9 de noviembre y Ortega había reaparecido tras 68 días de ausencia pública en el acto conmemorativo de la muerte de Carlos Fonseca Amador, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
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El hombre que logró sobrevivir a la dictadura somocista, a las feroces disputas entre comandantes sandinistas, a tres derrotas electorales y a una rebelión ciudadana que estuvo cerca de poner fin a su gobierno aparecía ahora visiblemente disminuido, rodeado de familiares y colaboradores pendientes de cada uno de sus movimientos.
Su ausencia había provocado una nueva oleada de rumores sobre su salud, desde versiones que lo situaban en coma hasta afirmaciones de que había muerto. No era la primera vez. En 2014, después de otra prolongada ausencia, apareció en el aeropuerto de Managua para recibir al nuevo cardenal nicaragüense, Leopoldo Brenes, y bromeó con los periodistas. “Este es su primer milagro, usted me resucitó, señor cardenal”, dijo entonces.
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Desde entonces, sus desapariciones son frecuentes, y siempre vienen acompañadas de los rumores de su muerte. La de ahora, sin embargo, ha sido la más larga de todas. Y su reaparición lo mostró más disminuido que nunca.
Este miércoles 11 de noviembre, Ortega cumplió 81 años, de los cuales ha pasado más de treinta en el gobierno de Nicaragua, si se incluye su participación en la Junta de Reconstrucción Nacional desde 1979. El próximo 10 de enero de 2027 completará veinte años consecutivos en el poder, desde su regreso a la Presidencia en 2007. Ningún otro jefe de Estado actualmente en funciones en América acumula una permanencia ininterrumpida semejante.
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Llegó al poder por primera vez después de una revolución que derrocó a una dictadura familiar, perdió democráticamente la Presidencia en 1990, pasó dieciséis años intentando recuperarla y terminó construyendo junto con su esposa, Rosario Murillo, una dictadura caracterizada por la concentración del poder, la persecución de opositores, la eliminación de libertades públicas y el control familiar de las instituciones del Estado.

Origen familiar
José Daniel Ortega Saavedra nació el 11 de noviembre de 1945 en La Libertad, Chontales. Su padre, Daniel Simeón Ortega Cerda, había llegado desde Granada buscando fortuna en la minería y terminó trabajando como contador. Su madre, Lydia Saavedra, pertenecía también a una familia opositora al régimen de Anastasio Somoza García, el dictador que gobernaba Nicaragua en ese entonces, y que sería el fundador del somocismo.
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Después de pasar por Juigalpa, los Ortega Saavedra se establecieron en Managua, donde Daniel creció en el barrio San Antonio. Allí coincidió con personajes que años después resultarían decisivos en su trayectoria, entre ellos Rosario Murillo y Arnoldo Alemán, relata el libro biográfico del periodista Fabián Medina, El Preso 198: Un perfil de Daniel Ortega.
Su militancia comenzó en la adolescencia. Ingresó a la Universidad Centroamericana para estudiar Derecho en 1963, pero abandonó la carrera antes de completar el primer año y se incorporó a la clandestinidad sandinista. Su experiencia guerrillera fue relativamente corta. En 1967 participó en operaciones armadas, entre ellas el asalto a una sucursal del Banco de Londres, de donde fueron sustraídos 225.100 córdobas (unos 33 mil dólares de la época). También reconoció posteriormente su participación en el asesinato del sargento somocista Gonzalo Lacayo, en octubre de ese año.
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Capturado el 18 de noviembre de 1967, Ortega fue condenado a 14 años de prisión por el asalto bancario y enviado a la cárcel La Modelo, donde recibió el número 198. Permaneció encarcelado hasta diciembre de 1974, cuando un comando sandinista dirigido por Eduardo Contreras tomó como rehenes a los asistentes a una reunión en la residencia del somocista José María Castillo Quant y consiguió la liberación de catorce presos políticos. Ortega salió hacia Cuba y posteriormente regresó a la actividad revolucionaria.

Ascenso al poder
Cuando la dictadura de Anastasio Somoza Debayle (hijo del dictador fundador) cayó el 19 de julio de 1979, Ortega formaba parte de la Dirección Nacional de nueve comandantes que conduciría el proceso revolucionario. Tenía 33 años y había pasado más tiempo en prisión que combatiendo en las montañas. Sin embargo, terminaría convirtiéndose en la principal figura política del nuevo gobierno y, con el paso de los años, en el dirigente que desplazaría a sus antiguos compañeros de revolución.
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Entre los nueve comandantes sandinistas había dirigentes con trayectorias guerrilleras más extensas y mayor ascendencia histórica que Daniel Ortega. Tomás Borge era fundador del FSLN. Henry Ruiz había pasado largos años en las montañas. Humberto Ortega, hermano menor de Daniel, había sido uno de los principales estrategas de la insurrección que derrocó a Somoza. Pero ninguno de ellos terminaría ocupando la posición política que alcanzó Daniel.
La explicación de su ascenso está relacionada con los equilibrios internos del sandinismo y con el papel de su hermano Humberto. El escritor Sergio Ramírez, quien compartió con Ortega la Junta de Gobierno y posteriormente la fórmula presidencial, ofreció una interpretación en El preso 198. “Entra porque es hermano de Humberto”, afirmó. Según su testimonio, Humberto se reservó la conducción militar y contribuyó a colocar a Daniel en el gobierno civil.
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El carácter reservado, de pocos conflictos, de Daniel también habría contribuido a su elección. Las tres tendencias del FSLN acababan de reunificarse y sus dirigentes desconfiaban de cualquier intento de imponer una jefatura individual. Ortega parecía “apocado”, al decir de Moisés Hassan, uno de los primeros miembros de esa Junta de Gobierno. Henry Ruiz recordó cómo sus compañeros le reclamaban por su inexpresividad. “¡Reí hombre, jodido, tenés una cara de palo!”, le decían.
Ortega integró desde julio de 1979 la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, junto con Sergio Ramírez, Moisés Hassan, Violeta Barrios de Chamorro y Alfonso Robelo. El 4 de marzo de 1981 asumió formalmente su coordinación. En 1984, el FSLN lo escogió como candidato presidencial y ganó las elecciones de noviembre con aproximadamente el 67% de los votos, en unos comicios cuestionados por el retiro de la principal candidatura opositora. El 10 de enero de 1985 asumió como presidente constitucional. Tenía 39 años.
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Desde esa posición fue acumulando una influencia que terminó trasladándose del gobierno al partido. La Presidencia le proporcionó visibilidad internacional, control de recursos y una posición privilegiada frente a los otros comandantes. Su capacidad para mantenerse al frente del FSLN, incluso después de perder el poder, resultaría determinante. Mientras otros dirigentes históricos se distanciaban o eran desplazados, Ortega conservaría el control de la organización y de sus candidaturas presidenciales.

Tres derrotas
La primera gran derrota llegó el 25 de febrero de 1990. Violeta Barrios de Chamorro, candidata de la Unión Nacional Opositora, una coalición de catorce partidos, obtuvo el 54,7% de los votos frente al 40,8% de Ortega. Después de una década marcada por la guerra contra la Resistencia Nicaragüense, el servicio militar obligatorio, la hiperinflación, el desabastecimiento y las restricciones políticas, los electores decidieron cambiar de gobierno.
Ortega reconoció el resultado y entregó la Presidencia el 25 de abril de 1990, pero anunció que continuaría “gobernando desde abajo”. El FSLN conservó una importante bancada parlamentaria, capacidad de movilización callejera y espacios de influencia en las instituciones. La transición también estuvo marcada por la llamada piñata sandinista, mediante la cual numerosos bienes estatales pasaron a manos de dirigentes y particulares vinculados al gobierno saliente.
En 1996, Ortega intentó recuperar la Presidencia y perdió frente a Arnoldo Alemán, quien obtuvo el 51,03% de los votos contra el 37,75% del candidato sandinista. Cinco años después volvió a fracasar. En las elecciones de 2001, Enrique Bolaños consiguió el 56,3% de los sufragios, mientras Ortega alcanzó el 42,3%. Había perdido tres elecciones consecutivas, pero seguía siendo el candidato del FSLN.

La permanencia tuvo un costo político dentro del sandinismo. Sergio Ramírez, Dora María Téllez, Ernesto Cardenal y Gioconda Belli, entre otros dirigentes históricos, rompieron con Ortega. En 1995 surgió el Movimiento Renovador Sandinista, que cuestionaba su conducción y la falta de democracia interna. Sin embargo, Ortega conservó el control de la estructura partidaria y una base electoral que, aunque insuficiente para ganar, representaba alrededor del 40% de los votantes.
Después de tres derrotas había quedado demostrada una limitación. Ortega podía conservar una proporción considerable del electorado, pero no conseguía derrotar a una oposición unificada en el antisandinismo. Su regreso al poder dependería entonces de modificar las reglas electorales y aprovechar las divisiones de sus adversarios.
El pacto con Alemán
La oportunidad llegó de la mano de Arnoldo Alemán, el hombre que lo había derrotado en 1996. Entre 1999 y 2000, ambos dirigentes negociaron un pacto político que permitió al Frente Sandinista y al Partido Liberal Constitucionalista repartirse espacios de influencia en instituciones fundamentales, como el Consejo Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia y la Contraloría. Pero la concesión más importante para Ortega fue la modificación de las reglas para elegir presidente.
Hasta entonces, la Constitución exigía obtener al menos el 45% de los votos para ganar en primera vuelta. La reforma redujo ese porcentaje al 40% y estableció una segunda posibilidad. Bastaría conseguir el 35% de los sufragios, siempre que existiera una ventaja mínima de cinco puntos porcentuales sobre el segundo lugar. La nueva fórmula estaba al alcance de Ortega, que había superado el 35% en todas sus derrotas anteriores.

Dionisio Marenco, uno de los sandinistas participantes en las negociaciones, relató en El preso 198 que los sandinistas habían aspirado inicialmente a eliminar la segunda vuelta electoral. Alemán rechazó esa propuesta, pero aceptó la fórmula que terminaría facilitando el regreso de Ortega. “Firmemos ya ese 35 por ciento, que esa es la fórmula que nosotros necesitamos”, aconsejó Marenco.
En noviembre de 2006, la división del liberalismo hizo el resto. Ortega obtuvo aproximadamente el 38% de los votos, el liberal Eduardo Montealegre alcanzó el 29,3% y otro liberal, José Rizo, consiguió el 26,1%. Aunque las dos principales candidaturas liberales sumaron más votos que el candidato sandinista, la nueva legislación permitió declarar vencedor a Ortega sin necesidad de una segunda vuelta. Había recuperado la Presidencia con un porcentaje de votos inferior al que había conseguido en dos de las elecciones que perdió.
El regreso al poder
El 10 de enero de 2007, Daniel Ortega volvió a la Presidencia después de dieciséis años fuera del gobierno. Tenía 61 años y había cambiado buena parte de su discurso revolucionario por mensajes de paz, reconciliación y unidad nacional. Su compañero de fórmula, Jaime Morales Carazo, había pertenecido a la dirigencia de la Contra. El cardenal Miguel Obando y Bravo, uno de sus críticos históricos, terminó acercándose al sandinismo. Ortega también estableció relaciones de cooperación con empresarios y organismos financieros internacionales.

Durante los primeros años mantuvo una alianza con el sector privado y aprovechó la cooperación petrolera venezolana, facilitada por Hugo Chávez, para financiar programas sociales y fortalecer las estructuras gubernamentales. Sin embargo, paralelamente avanzaba la concentración del poder. Las instituciones que habían sido objeto del reparto partidario durante el pacto con Alemán comenzaron a quedar progresivamente bajo el predominio del FSLN.
Las elecciones municipales de 2008 estuvieron marcadas por denuncias de fraude. En 2009, una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia permitió a Ortega volver a presentarse como candidato presidencial pese a las restricciones constitucionales vigentes. En 2011 obtuvo oficialmente el 62,46% de los votos y una mayoría legislativa que le permitió impulsar reformas sin necesidad de acuerdos con otras fuerzas políticas. En 2014 eliminó los límites a la reelección presidencial.
Rosario Murillo desempeñó un papel fundamental en ese proceso. Desde el regreso al poder había controlado las comunicaciones oficiales y adquirido una influencia creciente sobre ministros, funcionarios y estructuras territoriales del sandinismo. Su papel dejó de limitarse a la propaganda gubernamental y se extendió a la coordinación cotidiana del Ejecutivo. En 2016 fue escogida como candidata a la Vicepresidencia y asumió el cargo el 10 de enero de 2017.
La concentración del poder se hizo cada vez más evidente. Las decisiones judiciales que excluyeron a la principal coalición opositora de las elecciones de 2016, el control del Consejo Supremo Electoral y la subordinación política de otras instituciones redujeron progresivamente las posibilidades de alternancia. Ortega y Murillo habían construido una estructura en la que las decisiones fundamentales quedaban concentradas en la pareja presidencial.
Represión sin límites
La rebelión ciudadana de abril de 2018 marcó un punto de ruptura. Las protestas, inicialmente provocadas por una reforma de la seguridad social, se extendieron por todo el país y terminaron reclamando la salida de Ortega y Murillo. La respuesta de las fuerzas policiales y grupos armados progubernamentales dejó centenares de muertos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó 355 fallecidos en el contexto de aquella crisis. El gobierno rechazó las acusaciones y sostuvo que había enfrentado un intento de golpe de Estado.
Desde entonces, el cierre de los espacios políticos y civiles se aceleró. Miles de organizaciones no gubernamentales perdieron su personalidad jurídica, medios de comunicación fueron clausurados o confiscados y numerosos periodistas, dirigentes opositores y activistas tuvieron que abandonar Nicaragua.
Las elecciones presidenciales de noviembre de 2021 se celebraron después del encarcelamiento de siete aspirantes presidenciales opositores y numerosos dirigentes políticos. Ortega obtuvo oficialmente el 75,92% de los votos, en un proceso cuestionado internacionalmente por la ausencia de competencia política genuina.
En febrero de 2023, el gobierno excarceló y desterró a Estados Unidos a 222 presos políticos. Posteriormente, centenares de nicaragüenses fueron privados de su nacionalidad y de sus bienes.
La persecución no se limitó a los opositores políticos. También alcanzó a antiguos aliados del sandinismo, empresarios, dirigentes religiosos y funcionarios considerados desleales.
El obispo Rolando Álvarez fue encarcelado y posteriormente expulsado del país. Human Rights Watch documentó en su Informe Mundial 2026 detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, expulsiones, confiscaciones y al menos 452 personas privadas arbitrariamente de su nacionalidad.
Copresidentes y esposos
La transformación institucional alcanzó otro nivel en 2025, cuando una reforma constitucional estableció la copresidencia del matrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La modificación amplió las facultades del Ejecutivo sobre los demás órganos del Estado y eliminó garantías expresas de separación de poderes.
En julio de 2026, Ortega anunció que en Nicaragua no volvería a haber elecciones y el oficialismo impulsó una nueva reforma constitucional para ampliar el mandato de seis a siete años y restringir aún más la participación de opositores.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que la iniciativa buscaba institucionalizar la permanencia indefinida en el poder. En septiembre, la Asamblea Nacional aprobó la reforma en primera legislatura, aunque todavía requería una segunda aprobación para entrar en vigor.
La reforma de 2025 convirtió a Rosario Murillo en copresidenta y formalizó una distribución del poder que llevaba años funcionando en la práctica. Su creciente protagonismo coincidió con la reducción de las apariciones públicas de Ortega. Mientras él permanecía alejado de los actos oficiales durante períodos cada vez más prolongados, Murillo asumía la comunicación cotidiana del gobierno, dirigía mensajes a funcionarios y encabezaba actividades públicas.

El papel de Laureano Ortega Murillo, hijo de los dictadores, en las relaciones con China y Rusia también ha alimentado las discusiones sobre una eventual sucesión familiar. Pero la continuidad del gobierno no depende únicamente de los integrantes de la familia. La pareja presidencial conserva el control de las instituciones estatales, el partido gobernante y las estructuras policiales, mientras la oposición permanece desarticulada dentro del país por la persecución, el encarcelamiento y el exilio de sus dirigentes.
Veinte años después
El próximo 10 de enero de 2027 se cumplirán veinte años desde aquella ceremonia en la que Daniel Ortega regresó a la Presidencia de Nicaragua. Había llegado con el 38% de los votos, después de tres derrotas electorales y gracias a una reforma negociada con uno de sus mayores adversarios. Dos décadas después, las reglas que facilitaron su regreso han sido sustituidas por un sistema constitucional que concentra el poder en él y Rosario Murillo.
Ortega habrá acumulado entonces aproximadamente treinta años y nueve meses en el gobierno, si se cuenta su participación en la Junta de Reconstrucción Nacional desde julio de 1979. Será también el jefe de Estado actualmente en funciones con mayor permanencia consecutiva en el poder en América. La revolución que lo llevó por primera vez al gobierno derrocó a una dictadura familiar y, casi medio siglo después, el poder político nicaragüense se encuentra concentrado en su propia familia.
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