A días del Día de los Fieles Difuntos, los sacerdotes católicos de Nicaragua aún no saben si podrán oficiar misas en los cementerios ante las familias que visitan a sus muertos. La celebración prevista para el 2 de noviembre en camposantos públicos y privados continúa a la espera de la autorización de las autoridades.
La situación afecta a comunidades de todo Nicaragua que acostumbran asistir a celebraciones religiosas en los camposantos durante esa fecha. La decisión depende de la autorización del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un país donde las expresiones públicas de fe han estado sujetas a restricciones.
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Los sacerdotes permanecen a la espera de una decisión oficial
La abogada e investigadora Martha Patricia Molina, autora del informe Nicaragua: ¿una Iglesia perseguida?, denunció en redes sociales que la Iglesia católica todavía no había recibido permiso para realizar misas en cementerios estatales ni particulares.
“Los sacerdotes están en espera a que autoricen las misas”, afirmó Molina en declaraciones a Diario La Prensa. La investigadora consideró posible que las autoridades habiliten los oficios religiosos, luego de haber permitido algunas procesiones durante octubre.
La especialista vinculó esa posibilidad con el escenario de hostigamiento religioso que, según su análisis, persiste en el país. También recordó que las misas en cementerios eran una práctica habitual durante administraciones liberales anteriores.
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Para Molina, la celebración religiosa no debería requerir aval estatal. “No debería de pedirse autorización para expresar la fe en público o en privado”, sostuvo la abogada ante el diario.
La investigadora expresó su expectativa de que las autoridades permitan las ceremonias del Día de los Difuntos. Aun así, señaló que el resultado queda sujeto a una decisión política de la cúpula gobernante.
“La codictadora Rosario Murillo es la que tiene la última palabra y es la que decide qué reprime y qué no”, dijo Molina a la publicación.
Las procesiones volvieron bajo condiciones de supervisión
Durante este mes, el régimen comenzó a permitir ciertas procesiones religiosas en las calles, una práctica que no se había realizado en los últimos cuatro años. La apertura coincidió con cuestionamientos internacionales a las restricciones sobre las libertades civiles y religiosas en Nicaragua.
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El 2 de octubre, los países miembros de la Organización de Estados Americanos aprobaron por unanimidad una resolución que pidió al Gobierno nicaragüense revocar las reformas constitucionales adoptadas en 2025 y 2026.
El documento también reclamó el restablecimiento de las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica. La medida se produjo en medio de la presión de Estados Unidos y otros países del hemisferio.
Molina consultó entonces con sacerdotes que permanecen en Nicaragua para conocer las condiciones impuestas sobre las procesiones. La respuesta, según relató, apuntaba a actividades vigiladas y organizadas junto con estructuras locales afines al oficialismo.
“Me han informado que todo sigue igual”, indicó la investigadora. Uno de los sacerdotes le comunicó que agentes policiales le dijeron que las prohibiciones habían quedado suspendidas y que las procesiones podían retomarse.
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Las celebraciones religiosas quedarían bajo control político
La autorización comunicada a los religiosos incluía una condición: las procesiones debían ser “supervisadas y coorganizadas” con las alcaldías, los Consejos del Poder Ciudadano y los secretarios políticos.
Molina interpretó esa exigencia como un mecanismo de control sobre la actividad religiosa. Para ella, las celebraciones permitidas bajo esas reglas son procesiones vigiladas por las estructuras de la dictadura.
La posibilidad de celebrar misas el 2 de noviembre se evalúa bajo ese mismo antecedente. La falta de una respuesta oficial mantiene en suspenso a los sacerdotes y a los fieles que esperan participar de la conmemoración en los cementerios.
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La investigadora ha documentado las consecuencias de la persecución contra la Iglesia católica. Sus registros señalan que al menos 315 sacerdotes y religiosas han debido salir al exilio.
El informe también incluye la prohibición de ordenaciones diaconales y sacerdotales en las diócesis de Matagalpa, Jinotega, Siuna y Estelí.
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