Un grupo de 18 organizaciones nicaragüenses en el exilio solicitó al Tribunal Administrativo Migratorio (TAM) de Costa Rica que impida la devolución del opositor campesino Carlos Calero Hurtado a Nicaragua. Las entidades sostienen que su retorno lo expondría a detención arbitraria, tortura y desaparición forzada a manos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La petición fue presentada a través de una carta dirigida al tribunal y estuvo acompañada por un plantón en San José, donde participaron más de 12 activistas nicaragüenses. El reclamo se apoya en el principio de no devolución, contemplado en instrumentos internacionales de derechos humanos para proteger a personas que podrían enfrentar persecución o daños graves en sus países de origen.
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El abogado Salvador Marenco, integrante de la organización Colectivo Nicaragua Nunca Más, afirmó que las organizaciones firmantes se unieron para exigir que las autoridades costarricenses no deporten a Calero.
“Nos sumamos en una sola voz, la no deportación del señor Carlos Calero Hurtado a Nicaragua, puesto que su vida correría grave riesgo si es entregado al régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo”, declaró Marenco.
Calero fue detenido en Nicaragua tras participar en las protestas de 2018
Calero es originario de Morrito, en el departamento de Río San Juan. Es campesino, opositor y exmiembro de la Resistencia Nicaragüense, conocida como la Contra, fuerza armada que enfrentó al sandinismo durante la década de 1980.
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En ese período trabajó como operador de radiocomunicaciones para la Contra y sufrió una herida de bala en el brazo izquierdo. Décadas después, participó en las protestas contra el régimen que comenzaron en abril de 2018 y se incorporó a la organización Resistencia Campesina.
El 13 de diciembre de ese año fue detenido y encarcelado en Nicaragua por motivos políticos, según los antecedentes recopilados por el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX). Tras recuperar la libertad, huyó a Costa Rica, donde inició un pedido de protección internacional.
El caso migratorio de Calero tomó un nuevo curso el 7 de abril de 2026. Ese día acudió de forma voluntaria a las oficinas de la Unidad de Refugio de Ciudad Quesada para formalizar su situación documental. De acuerdo con GREX, las autoridades costarricenses lo detuvieron y lo trasladaron a un centro de aprehensión migratoria.
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Más tarde, la Comisión de Visas Restringidas y Refugio denegó su solicitud de refugio. La decisión dejó abierta la posibilidad de una devolución a Nicaragua, escenario que motivó la presentación de las organizaciones ante el TAM.
Activistas alertaron sobre antecedentes de extradiciones desde Costa Rica
La opositora nicaragüense Lludely Aburto, exiliada en Costa Rica e integrante de la Articulación de Movimientos Sociales, respaldó el reclamo ante el tribunal. Sostuvo que el perfil político de Calero eleva los riesgos de una deportación.
“El régimen ha demostrado estar en contra de ciudadanos que han sido resistencia activa. Por eso es que no puede el Estado de Costa Rica deportar a este ciudadano”, afirmó Aburto.
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Marenco también mencionó los casos de Walder Ruiz y Douglas Gamaliel, dos nicaragüenses extraditados desde Costa Rica. Sobre Gamaliel, aseguró que permanece en una situación de “desaparición forzada”.
La opositora Marianela Castilla, también exiliada en Costa Rica, pidió que las autoridades costarricenses eviten que Calero enfrente un destino similar al de otros opositores enviados a Nicaragua.
Las 18 organizaciones reclamaron que el TAM evalúe el caso bajo el principio de no devolución y tome en cuenta el riesgo que, según denunciaron, enfrentaría Calero si regresa a Nicaragua. El país atraviesa una crisis social y política desde abril de 2018, tras el inicio de las protestas contra el régimen.
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