Un informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la Fundación Heinrich Böll y la Fundación del Río denunció que el régimen de Daniel Ortega puso en marcha una estrategia oficial para quitar las protecciones ambientales y entregar tierras a la minería metálica en Nicaragua.
La investigación señala que esta política genera un despojo sistemático que destruye reservas naturales y vulnera a los pueblos indígenas y afrodescendientes.
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La extracción de oro y otros minerales se transformó en uno de los motores económicos del país. En 2025, las exportaciones del sector alcanzaron los 2,009,2 millones de dólares, lo que representó el 22.35% de todas las ventas al exterior de Nicaragua.
Frente a este volumen de dinero, los planes del gobierno buscan entregar en concesión más del 40% del suelo nacional.
Este ritmo de otorgamiento de licencias supera al de administraciones previas. Antes de 2007, existían 32 lotes autorizados que ocupaban cerca del 1% del territorio.
Sin embargo, la documentación indica que, hasta abril de 2026, existen 62 lotes mineros que ocupan el 25.5% de los territorios comunales, afectando a 18 pueblos originarios en la Costa Caribe y zonas cercanas.
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En estas concesiones participan diversas empresas extranjeras. De los lotes ubicados en zonas indígenas, 24 están en manos de compañías de China, 15 pertenecen a firmas de Canadá, 11 a grupos de Colombia, seis a empresarios de Nicaragua y seis fueron declarados reservas del Estado.
Los cambios en las leyes facilitan la entrada de mineras a las áreas protegidas
Para apurar los permisos de explotación, las autoridades modificaron las reglas ambientales. Desde 2025, los proyectos mineros ya no necesitan presentar un estudio de impacto ambiental antes de comenzar sus actividades, sino que entregan un plan de manejo posterior a la concesión.
Además, se eliminó la obligación de consultar a los vecinos de la zona y se redujo a solo 30 días el tiempo para aprobar los permisos. Las leyes de protección de la naturaleza también perdieron fuerza. Con la aprobación de la Ley de Áreas de Conservación, se autorizó por primera vez la búsqueda y extracción de minerales dentro de zonas protegidas.
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Debido a esto, 75 lotes mineros afectan a 19 áreas protegidas y dos reservas de biosfera, abarcando más de 900,000 hectáreas, lo que equivale al 20% de todos los espacios naturales resguardados del país.
En los territorios indígenas, el gobierno no completó la titulación definitiva ni retiró a los ocupantes no autorizados, un paso exigido por la Ley 445.
Al mismo tiempo, el régimen de Daniel Ortega reemplazó a los líderes comunitarios tradicionales para restar autonomía a las poblaciones locales reconocidas por la Ley 28.
En 2026, las autoridades pasaron la Dirección General de Minas a la Procuraduría General de Justicia para reforzar el control político y esquivar el impacto de las sanciones internacionales. La falta de transparencia creció en los últimos años: el régimen de Ortega dejó de publicar datos sobre la cantidad de mineral extraído desde 2024, lo que genera dudas sobre el origen real del oro exportado desde Nicaragua.
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La contaminación de los ríos y los ataques armados amenazan a la población
La expansión de las minas causa graves daños en las fuentes de agua de las poblaciones locales. Los datos recopilados por la Fundación del Río muestran que al menos 163 ríos y 80 quebradas se encuentran dentro de los lotes entregados a las empresas, lo que abarca casi 1,900 kilómetros de cauces hídricos en tierras indígenas.
El uso de químicos para separar los minerales provocó daños directos en la salud. Un análisis realizado en 2025 por la red IPEN detectó que el 80% de las mujeres miskitas analizadas tenían niveles de mercurio superiores a los límites seguros establecidos por los organismos internacionales de salud.
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A los problemas ambientales se suma la violencia armada en los territorios originarios. Uno de los ataques más graves ocurrió en el cerro Kiwakumbai, donde fueron asesinados al menos 13 indígenas.
Pese a los ingresos millonarios que genera la actividad, el Estado tampoco entrega el 25% de los impuestos mineros que corresponden por ley a las comunidades locales para compensar el uso de sus tierras.
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