La ONU vincula la muerte del activista Brooklyn Rivera, bajo custodia del régimen, con un patrón de represión en Nicaragua

La muerte bajo custodia del líder indígena miskitu Brooklyn Rivera Bryan, anunciada el 31 de mayo de 2026, concentra los principales patrones de represión documentados por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas: detención arbitraria, desaparición forzada prolongada, incomunicación, falta de atención médica adecuada, opacidad institucional e impunidad.

Rivera, de 73 años, era fundador y presidente del partido indígena YATAMA y una de las figuras políticas más relevantes de la Costa Caribe nicaragüense.

Durante más de cuatro décadas defendió los derechos territoriales, políticos y culturales de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Fue detenido el 29 de septiembre de 2023 en Bilwi, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, por agentes policiales que, según el Grupo de Expertos, ingresaron a su vivienda sin presentar una orden judicial ni de allanamiento.

Tras su captura, las autoridades no informaron a sus familiares sobre las razones de la detención ni sobre el lugar donde estaba recluido. El informe, denominado “Anatomía de la crueldad estatal. Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua”, que fue presentado este día, señala que Rivera permaneció durante largos períodos en desaparición forzada, con visitas familiares restringidas y bajo condiciones de aislamiento.

El caso ilustra un método que, según Naciones Unidas, se ha consolidado desde 2023 para castigar, intimidar y silenciar a personas consideradas opositoras.

“Detenido sin orden judicial el 29 de septiembre de 2023, mantenido en régimen de incomunicación pese a las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, el caso de Rivera “ilustra todas las facetas de la crueldad estatal”, concluyó el Grupo de Expertos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado medidas cautelares a favor del dirigente indígena en octubre de 2023. Posteriormente, en febrero de 2024, la Corte Interamericana ordenó al Estado nicaragüense informar oficialmente sobre su ubicación, garantizar acceso a atención médica, medicamentos, alimentos, familiares y abogados, así como proteger su vida e integridad. Según el informe, esas órdenes no fueron cumplidas de manera efectiva.

Las autoridades revelaron públicamente que Rivera estaba hospitalizado apenas cuatro días antes de informar su muerte. El 27 de mayo de 2026, los ministerios del Interior y de Salud divulgaron fotografías del líder indígena en una cama hospitalaria, visiblemente debilitado, con sonda nasogástrica, traqueostomía, vías intravenosas y equipos de infusión.

Una evaluación médica independiente solicitada por el Grupo de Expertos consideró que los diagnósticos oficiales eran individualmente plausibles, pero advirtió contradicciones sustanciales entre los comunicados gubernamentales. El análisis determinó que las infecciones descritas por las autoridades pudieron haberse contraído durante la privación de libertad o la hospitalización, no necesariamente en la comunidad.

“Las afirmaciones formuladas en el comunicado oficial no pueden verificarse de manera independiente”, sostiene el documento. El Estado no entregó la historia clínica completa, resultados de laboratorio, estudios de imagen, registros de cuidados intensivos ni permitió una autopsia independiente. Tampoco abrió una investigación pública, independiente y transparente sobre las circunstancias de la muerte.

La falta de atención médica y las condiciones de reclusión han derivado, al menos, en ocho muertes bajo custodia desde 2018, de acuerdo con el Grupo de Expertos. Las víctimas identificadas son Eddy Antonio Montes Praslin, Santos Sebastián Flores Castillo, Jorge Hugo Torres Jiménez, José Modesto Solís Aguilar, Humberto Ortega Saavedra, Mauricio Francisco Alonso Petri, Carlos Alberto Cárdenas Zepeda y, por supuesto, Brooklyn Rivera Bryan.

La mayoría de ellos eran adultos mayores o personas con enfermedades crónicas. El informe advierte que, en centros penitenciarios hacinados e insalubres, la negación de medicamentos, tratamiento especializado, agua potable, alimentación adecuada y atención oportuna aceleró el deterioro físico y mental de los detenidos.

En el caso de Rivera, su vulnerabilidad era conocida. Padecía tos crónica y lesiones pulmonares relacionadas con la guerra, requería medicamentos y solo podía consumir agua embotellada. Sin embargo, sus familiares no recibieron información médica regular ni tuvieron acceso permanente a él.

El Grupo de Expertos subraya que la impunidad es parte central del mecanismo represivo. “La impunidad no es un elemento incidental, sino el mecanismo que permite la continuidad de la política”, afirma.

Además de negar una investigación independiente, las autoridades controlaron el velorio, el servicio religioso y el entierro de Rivera en Managua, impidiendo que fuera sepultado conforme a las tradiciones miskitas en su comunidad caribeña.

Después de su muerte, al menos seis familiares y dos personas cercanas al líder indígena fueron detenidos, según la documentación reunida por Naciones Unidas. Para el Grupo de Expertos, cada día sin esclarecer el paradero de los desaparecidos y sin investigar las muertes bajo custodia “refuerza la impunidad” y deja abierta la posibilidad de nuevas muertes evitables.