
El régimen de Nicaragua, mediante la Asamblea Nacional, aprobó recientemente la creación de la Dirección General de Transporte Acuático (DGTA), un ente que estará adscrito al Ejército y que controlará los puertos y el transporte acuático. La medida amplía atribuciones de los militares en un momento de disputa política por su lealtad ante un eventual cambio de régimen.
La nueva estructura tendrá autonomía técnica, administrativa y financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio. También recibirá los recursos, vehículos, sistemas informáticos y bienes que usaba la Dirección General de Transporte Acuático vinculada al Ministerio de Transporte e Infraestructura.
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Según el portal oficialista el19digital.com, la legislación incorpora el numeral 19 bis al artículo 3 de la Ley 181, Código de Organización Militar, para formalizar que las Fuerzas Armadas ejercerán el control y tutela de la nueva entidad. La iniciativa presentada por la Presidencia sostiene que la medida busca reforzar la coordinación en seguridad y protección de los espacios marítimos, fluviales y lacustres.
La DGTA podrá formular políticas de seguridad para la navegación; dirigir, regular y controlar el desarrollo marítimo nacional; autorizar matrículas y permisos; cancelar rutas y servicios, y supervisar a personas y empresas dedicadas a actividades marítimas. También tendrá facultades sobre tarifas de transporte de carga y pasajeros, además del cobro de matrículas, patentes, permisos de navegación, certificaciones para astilleros y talleres de mantenimiento, y multas previstas por la ley.
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Más control para asegurar la fidelidad militar
La ampliación de funciones del Ejército se produce en un momento en que los militares aparecen como un actor en cualquier escenario de continuidad autoritaria o transición en el país. Esto se volvió especialmente visible el 2 de septiembre, durante el 47.º aniversario del Ejército.
Ese día, la Unidad Nacional Azul y Blanco pidió a oficiales y soldados que no usaran las armas contra la población y les planteó que tendrían espacio en una futura democracia. Horas después, el general Julio César Avilés respondió desde el acto oficial con un respaldo a las reformas constitucionales del régimen de Ortega y Murillo y llamó a los militares a mantenerse “leales, firmes, cohesionados y sin dobleces”.
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Avilés dijo: “Le decimos a los traidores, vividores y vendepatria, vergüenzas de la nación, que aquí estamos los soldados de la patria”. El jefe militar expresó, en nombre del Consejo Militar, el cuerpo de generales y la Comandancia General, su “firme respaldo” a la reforma constitucional promovida por el régimen.

La oposición también modificó su discurso hacia las Fuerzas Armadas. Juan Sebastián Chamorro, al explicar la propuesta “Nicaragua: Transición Ordenada desde la Dictadura hacia la Democracia”, sostuvo que el Ejército sí tendría un papel en la ecuación de cambio, siempre que se trate de militares no implicados en delitos, violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad.
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Chamorro afirmó: “Sí, definitivamente. Así lo vemos. Es un factor”. Añadió que las Fuerzas Armadas podrían contribuir a evitar que una salida del régimen desemboque en violencia, narcotráfico, vacío de poder o desintegración institucional.
Avilés rompió la rotación histórica y puede completar 21 años en la jefatura
El principal mecanismo de control construido por Ortega y Murillo tiene nombre propio: Avilés Castillo, comandante en jefe desde el 21 de febrero de 2010. Antes de su permanencia, el Ejército había mantenido relevos regulares de cinco años con Joaquín Cuadra entre 1995 y 2000, Javier Carrión entre 2000 y 2005 y Omar Halleslevens entre 2005 y 2010.
En enero de 2014 fue reformada la Ley 181 y desapareció la prohibición de reelegir al comandante en jefe. Avilés recibió un segundo período entre 2015 y 2020, un tercero entre 2020 y 2025 y un cuarto mandato iniciado en 2025 que se extenderá hasta 2031.
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Si completa ese período, habrá dirigido el Ejército durante 21 años consecutivos. En su cuarta juramentación, Rosario Murillo afirmó: “Nos sentimos igualmente orgullosos de contar con la lealtad suprema de un soldado de la patria”.

La consolidación de la cúpula no se limita al comandante. En julio de 2025, La Prensa publicó que Ortega había nombrado al menos 43 generales desde su regreso al poder en 2007, hasta configurar una estructura que el diario describió como un Ejército “enano cabezón”.
En 2025 también se creó el grado de coronel general, situado debajo del general de Ejército. Los primeros ascendidos fueron Bayardo Ramón Rodríguez, jefe del Estado Mayor General, y Marvin Elías Corrales, inspector general, una decisión que permitió promoverlos sin apartarlos de sus cargos y abrió nuevos espacios en la cúspide del escalafón.
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Fuentes militares citadas por el diario señalaron que, si continúan las extensiones de mandatos, integrantes centrales del Estado Mayor podrían acercarse a los 80 años antes de dejar definitivamente la cima de la institución. Esa permanencia bloquea la progresión de coroneles, tenientes coroneles y otros oficiales que esperan ascensos.
La oposición busca a los mandos medios del Ejército
De acuerdo con el medio nicaragüense, mientras crecen los mensajes políticos hacia los cuarteles, el régimen acumula incentivos, ascensos y nuevas atribuciones para la cúpula.

Javier Meléndez, analista en asuntos de defensa y seguridad, citado por Infobae, situó el foco en los mandos intermedios a quienes el mensaje opositor debería ofrecer “incentivos profesionales, amnistías condicionadas” y un lugar en el futuro democrático.
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Hasta ahora, la Fuerza Naval ha tenido un perfil costero y se dedica al patrullaje, la lucha contra el narcotráfico, la pesca ilegal, la búsqueda y rescate y la vigilancia de aguas jurisdiccionales.
En ese contexto, la entrega de puertos, rutas, permisos y tarifas del transporte acuático a una entidad bajo tutela militar añade una nueva esfera de control a una institución que ya dispone de organización nacional, inteligencia, cadena de mando y despliegue territorial.
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