Feminicidio de una adolescente eleva a 51 los casos documentados en Cuba durante el año

Camila González Arias tenía 17 años cuando murió a golpes en La Habana, presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 29 años. El caso, verificado este lunes por el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT), elevó a 51 la cifra de feminicidios documentados en Cuba durante 2026, una marca que ya supera el total registrado en todo 2025.

Camila cursaba segundo año de preuniversitario y vivía en el barrio de Lawton con su abuela y su hermana menor, de 12 años. Su madre y su abuela atraviesan problemas de salud, según información recopilada por el observatorio, y la adolescente colaboraba en las tareas del hogar y en el cuidado de su hermana.

El 21 de junio, Camila asistió a una fiesta en una piscina junto a Carlos A., de 29 años, identificado por fuentes familiares como su pareja. Posteriormente, ambos se dirigieron a la vivienda de él, situada en el barrio de La Palma, municipio de Arroyo Naranjo, donde la adolescente habría sido asesinada a golpes.

Según los datos reunidos por OGAT, fue la madre del presunto agresor quien llamó a la policía tras intentar detener la agresión, en la que también resultó golpeada. Cuando las autoridades llegaron a la vivienda, Camila ya había muerto. El hombre fue detenido en las horas posteriores al hecho.

El crimen permaneció prácticamente en silencio fuera del círculo familiar. Solo dos días después, algunos allegados publicaron mensajes de despedida en Facebook. El observatorio describió como “prolongado y difícil” el proceso de verificación que le permitió incorporar el caso a su registro.

Con la inclusión de Camila, OGAT contabiliza 51 feminicidios en Cuba en lo que va de 2026, además de 21 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia de género. La adolescente es, además, la quinta niña o adolescente registrada como víctima de este tipo de violencia en el país durante el año, después de Katherine, de 14 años; Gabriela , de 7; Camila, de 12, y Merlin, de 17.

La diferencia de edad entre Camila y su presunta pareja, de 29 años, ocupa un lugar central en el análisis del observatorio. OGAT señaló que ese dato “no puede convertirse en una nota al margen” y advirtió sobre la normalización histórica en Cuba de relaciones entre adolescentes y hombres adultos, vínculos que calificó de “profundamente desiguales”.

Según fuentes familiares consultadas por el observatorio, ninguna institución del régimen se ha acercado hasta el momento a la familia de Camila para conocer su situación tras el crimen ni ha brindado acompañamiento a su hermana menor.

Uniones tempranas frecuentes

Un análisis de Alas Tensas sobre maternidad adolescente, basado en el Anuario Demográfico de Cuba de 2024, documentó que nacieron 11,962 bebés de madres menores de 20 años en el país. Entre las madres de 15 a 19 años, apenas el 12.05% de los padres pertenecía a ese mismo grupo etario, mientras que el 65.25% tenía 20 años o más.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) ha manifestado en informes previos su preocupación por la prevalencia de uniones de hecho antes de los 18 años en Cuba y por los efectos de esa práctica sobre la educación, la salud y la autonomía de las niñas.

El Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género, de carácter oficialista, reportó para 2025 un total de 49 mujeres de 15 años o más víctimas de asesinatos por razones de género, contabilizadas según el momento en que sus casos fueron juzgados, no según la fecha del crimen. Ese sistema no incluye un listado nominal público con nombre, fecha y circunstancias de cada víctima.

El Informe Anual de OGAT sobre 2025 había documentado inicialmente 48 feminicidios, cifra actualizada a 49 en agosto de 2026 tras la verificación tardía de un caso adicional. El mismo informe detalló que 40 de esos crímenes fueron cometidos por parejas o exparejas, y que en 46 de los 49 casos el agresor era una persona conocida por la víctima. OGAT calificó estas cifras como un subregistro, dadas las dificultades para acceder a información policial, judicial y forense en el país.