La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de las Naciones Unidas instaron a los Estados miembros de la OEA a colocar al país centroamericano en el centro de sus deliberaciones del 2 de octubre, con el restablecimiento de los derechos humanos, la democracia, el Estado de derecho y la rendición de cuentas como ejes. El llamado fue difundido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su sitio web.
Más de ocho años después del inicio de la crisis de abril de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas señalaron que continúan documentando un patrón generalizado y sistemático de graves violaciones. Entre ellas incluyeron detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura, muertes bajo custodia estatal, confiscaciones, privación arbitraria de la nacionalidad y represión transnacional.
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Ambos organismos advirtieron sobre el aumento de personas detenidas cuyo paradero sigue sin conocerse y sobre los riesgos extremos para la vida e integridad de quienes permanecen bajo custodia del Estado. Sostuvieron que las desapariciones forzadas y otras violaciones contra quienes son percibidos como opositores deben cesar de inmediato.
Las condiciones actuales en Nicaragua no cumplen los estándares internacionales para elecciones libres, justas y transparentes, según la CIDH y el grupo de expertos. Las dos instancias afirmaron que los elementos esenciales de la democracia son inexistentes ante el desmantelamiento de los contrapesos institucionales y del espacio cívico.
La reforma constitucional de 2025 eliminó el principio de separación de poderes, creó la figura de la copresidencia y fijó para ese cargo un mandato de seis años. Una nueva modificación, ya aprobada en primera legislatura, propone extenderlo a siete años con posibilidad de renovación.
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La reforma también busca elevar a rango constitucional restricciones arbitrarias contra personas calificadas como “golpistas” o “traidoras a la patria”. Para los organismos, esas medidas utilizan el orden constitucional para perpetuar al régimen en el poder, excluir alternativas políticas y eliminar las condiciones para comicios auténticos y competitivos.
El anuncio oficial de que no se prevé celebrar elecciones en 2027 representa una señal particularmente preocupante del deterioro de las garantías democráticas y del Estado de derecho. La Comisión y el grupo de expertos remarcaron que los derechos humanos, las libertades fundamentales y la participación efectiva en los asuntos públicos son condiciones indispensables para cualquier proceso electoral.
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La represión contra personas exiliadas y sus familiares
La represión también se intensificó fuera de las fronteras nicaragüenses mediante vigilancia, amenazas, hostigamiento y violencia contra personas exiliadas, sus familiares y las organizaciones que las acompañan. Esa situación generó desafíos de seguridad para otros Estados de la región.
La CIDH, órgano principal y autónomo de la OEA, y el Grupo de Expertos pidieron a los países miembros utilizar los mecanismos disponibles para contribuir al restablecimiento de la institucionalidad democrática y el pleno respeto de los derechos humanos. El reclamo se basa en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta Democrática Interamericana y los instrumentos regionales e internacionales de protección de derechos humanos.
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