La Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ) denunció este martes en Costa Rica que al menos 58 opositores y críticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen presos en Nicaragua. De ellos, 22 están en desaparición forzada, según una lista elaborada con autorización de sus familias.
La crisis sociopolítica que atraviesa el país desde abril de 2018 ha dejado un saldo de 1,491 detenciones por motivaciones políticas en los últimos ocho años, de acuerdo con los datos recopilados por la AMJ y los organismos que la integran, entre ellos el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, el Monitoreo Azul y Blanco y la Unidad de Defensa Jurídica. Las cifras cuentan con el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), según confirmó EFE.
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El último informe de estos colectivos reportó la excarcelación del exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera Brayan, de 73 años, quien falleció bajo custodia estatal el 30 de mayo pasado, y reincorporó a la nómina de presos políticos al histórico comandante sandinista Bayardo Arce, de 77 años.
La persecución política en Nicaragua se desarrolla en paralelo a un agravamiento de la represión religiosa. Un informe reciente, titulado Rostros de los Perseguidos y publicado por la organización internacional International Christian Concern (ICC), coloca a Daniel Ortega en una lista de cuatro políticps mundiales cuyas políticas han intensificado la persecución contra comunidades de fe.
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El documento, citado por la agencia Aciprensa, destaca que bajo el régimen de Ortega y Murillo se han registrado centenares de desapariciones y detenciones de sacerdotes, monjas y trabajadores religiosos. El Estado ha buscado controlar los sermones y los medios de comunicación, y someter a vigilancia a las organizaciones religiosas independientes.
El informe sobre persecución religiosa
El reporte de la ICC subraya que “la Iglesia en Nicaragua sostiene la fe de los fieles desde ‘las catacumbas de la prudencia’ en medio de la persecución atribuida a Daniel Ortega y Rosario Murillo”.
Agrega que el gobierno nicaragüense ha recurrido a métodos de control estatal sobre la vida religiosa, reforzando la vigilancia y clausurando parroquias y organizaciones civiles. Entre las recomendaciones propuestas se encuentra agilizar los trámites de asilo para el clero exiliado, respaldar a las comunidades religiosas afectadas y ampliar las sanciones internacionales contra funcionarios del régimen, incluida Rosario Murillo.
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El contexto internacional muestra que la persecución religiosa no es exclusiva de Nicaragua. El mismo informe ubica a otros tres mandatarios –el nigeriano Bola Ahmed Tinubu, el sirio Ahmed al-Sharaa y el indio Narendra Modi– en el listado de gobiernos que agravan la represión religiosa. En el caso de Nicaragua, la política oficial se ha traducido en el encarcelamiento y desaparición de líderes religiosos, así como en el hostigamiento sistemático a entidades que denuncian la represión.
La respuesta oficial y las denuncias
Mientras la AMJ y otras organizaciones documentan la magnitud de la represión, la situación de los presos políticos sigue generando preocupación internacional. El régimen de Ortega rechaza las denuncias y sostiene que los detenidos son responsables de delitos comunes, una versión que contradice los informes de la CIDH y de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
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En las cárceles del país, la incertidumbre y la falta de información sobre el paradero de los desaparecidos marcan la cotidianidad de decenas de familias. Según la directora de la AMJ, “las familias no conocen el paradero ni el estado de sus seres queridos”, un escenario que refleja el carácter restrictivo y opaco del sistema de detención. La cifra de 58 presos políticos se considera solo una fracción de la totalidad, debido a la dificultad de documentar los casos y al temor a represalias.
El endurecimiento tras las elecciones de 2021
El clima de represión se intensificó tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato consecutivo. Desde entonces, las restricciones a la oposición, la prensa independiente y las organizaciones religiosas han marcado el pulso político y social de Nicaragua.
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