La Organización de los Estados Americanos (OEA) convocó este martes a los cancilleres del continente para analizar la situación de Nicaragua tras el anuncio de Daniel Ortega de que el país “nunca más” celebrará elecciones, una decisión que el organismo vinculó no solo con el colapso democrático interno, sino también con una amenaza directa a la seguridad regional.
El texto aprobado por el Consejo Permanente sostiene que las medidas impulsadas por Ortega y Rosario Murillo ya desbordan la crisis doméstica.
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El documento advierte sobre migración masiva irregular que empujó al exilio a cientos de miles de personas, la facilitación de actividades militares y de inteligencia de actores extrahemisféricos, y la fragilidad estatal que, según el organismo, exporta inestabilidad al resto del hemisferio.
La convocatoria a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores fue presentada por la Misión Permanente de Estados Unidos ante el Consejo Permanente.
La decisión respondió de forma directa a las declaraciones del 19 de julio, cuando Ortega anunció una reforma constitucional parcial para eliminar el voto y restringir de manera permanente la participación política de opositores.
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El Consejo Permanente vinculó la crisis nicaragüense con la seguridad del continente
El resolutivo aprobado por la Organización de los Estados Americanos condena “de manera inequívoca” el anuncio de Ortega y cualquier intento de abolir elecciones, eliminar el pluralismo político o impedir de forma permanente la participación pacífica en la vida pública.
Para el Consejo Permanente, esa “abolición codificada” es incompatible con la democracia representativa, con los derechos políticos de los nicaragüenses y con los principios de la Carta Democrática Interamericana.
El mismo texto también cita la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos de los que Nicaragua sigue siendo parte. Sobre esa base, el organismo encuadró la decisión del régimen como una ruptura frontal de compromisos interamericanos aún vigentes.
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El documento enumera además otros factores que, a juicio del Consejo, agravan el riesgo hemisférico: la erosión de la independencia judicial y legislativa, la persecución de nicaragüenses fuera del territorio y posibles ejecuciones extrajudiciales. Esa combinación, añade la resolución, socava la seguridad, la soberanía y la prosperidad de los países vecinos.
En ese diagnóstico aparece otro elemento central: la apertura a influencias externas. El Consejo advirtió que la participación de actores extrahemisféricos en actividades militares y de inteligencia puede poner en peligro la paz del continente.
La resolución excluyó de forma expresa el uso de la fuerza armada
El texto aprobado por el Consejo Permanente incorporó una precisión explícita: la resolución no autoriza el uso de la fuerza armada. La salvedad llamó la atención porque, al menos de manera pública, esa posibilidad no había sido planteada antes en el debate.
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La convocatoria se ampara en los artículos 61, 62 y 63 de la Carta de la OEA. En ese marco, la medida se limita a reunir a los ministros de Relaciones Exteriores en la sede del organismo para evaluar la situación en Nicaragua y debatir medidas colectivas que los Estados miembros consideren adecuadas.
El presidente del Consejo Permanente, con apoyo de la Secretaría General, deberá elaborar y someter a consideración de los países miembros el proyecto de agenda y el reglamento de la reunión. Ese procedimiento, previsto en el artículo 63, será el paso inmediato antes de que los cancilleres discutan la respuesta política del sistema interamericano.
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