Más de 2,000 presos comunes serán liberados en Nicaragua para pasar a régimen de convivencia familiar en sus domicilios, en coincidencia con el cuadragésimo séptimo aniversario de la revolución sandinista.
La medida, anunciada por la copresidenta Rosario Murillo, se inscribe en la política de excarcelaciones masivas que el Ejecutivo aplica en fechas conmemorativas a lo largo del año.
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La excarcelación se formalizará durante un acto oficial en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, ubicada cerca de Managua y conocida como ‘La Modelo’, la prisión más grande del país.
De igual forma, la medida se implementará en otras siete cárceles distribuidas en diferentes regiones. Según datos proporcionados por EFE, con este grupo la cifra de presos comunes que han recibido este beneficio legal en lo que va del año asciende a 6,400.
En los meses recientes, el Gobierno ha realizado liberaciones similares en fechas simbólicas. El 30 de mayo, 2,000 prisioneros fueron excarcelados con motivo del Día de la Madre Nicaragüense.
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Anteriormente, el 2 de febrero y el 1 de abril, 1,200 condenados en cada fecha accedieron al régimen de convivencia familiar, la primera vez por el Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, en honor al cardenal Miguel Obando y Bravo, y la segunda durante la Semana Santa.
Las autoridades argumentan que estas medidas buscan favorecer la reintegración social de quienes han cumplido parte de su condena, además de permitir el reencuentro familiar en jornadas de relevancia nacional o religiosa.
Según la versión oficial, la política también pretende aliviar la carga que enfrentan las familias y contribuir a la reconciliación social.
En la última década, el Régimen de Nicaragua manejado por Daniel Ortega y Rosario Murillo ha liberado a 55,164 presos comunes para que cumplan el resto de sus sentencias bajo este régimen, de acuerdo con cifras oficiales.
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De ese total, el 7.18 % ha reincidido en la comisión de al menos un delito tras su excarcelación. Según el reporte de EFE, el año con mayor cantidad de beneficiados fue 2025, cuando 9,900 personas accedieron a la medida.
El régimen de convivencia familiar permite que los excarcelados residan en sus hogares bajo condiciones y controles legales, continuando con el cumplimiento de sus condenas fuera de prisión. El Ejecutivo presenta esta modalidad como una alternativa para impulsar la reinserción y reducir la reincidencia, aunque reconoce que la política ha recibido críticas.
Algunas organizaciones feministas han expresado su preocupación por el impacto de estas excarcelaciones en la seguridad ciudadana. Señalan que tras la liberación de presos comunes se ha detectado un aumento de feminicidios y de la delincuencia general en Nicaragua.
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Por ello, estos sectores solicitan la implementación de controles adicionales y medidas especiales de protección para las víctimas.
La práctica de excarcelar presos comunes en fechas señaladas se mantiene como una política recurrente del Gobierno. Mientras tanto, diferentes sectores sociales observan los resultados y debaten los posibles efectos sobre la seguridad ciudadana y la convivencia social, en un contexto donde el número de beneficiarios de este régimen sigue en aumento.
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