El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo comenzó a eliminar el pago de horas extras en el INSS y el Ministerio de Salud, una decisión que, según 100% Noticias, ya se aplica en esas dependencias y que podría extenderse al resto del Estado, con impacto directo sobre los ingresos de miles de trabajadores públicos.
La medida fue comunicada de forma interna, de acuerdo con fuentes vinculadas a distintas instituciones públicas citadas por el medio. Esas mismas fuentes sostienen que responde a una política de reducción del gasto y que alcanzaría de manera gradual a otras dependencias estatales.
El efecto inmediato es una baja salarial indirecta para empleados que dependen de esas jornadas extraordinarias como parte regular de su ingreso mensual. En organismos con déficit de personal y mayor carga laboral, las horas extras no eran una excepción, sino una parte habitual del trabajo.
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El Ministerio de Salud concentra uno de los impactos más amplios
En el Ministerio de Salud, la supresión del pago afectaría a médicos, enfermeras, técnicos y personal administrativo que suelen cubrir turnos adicionales, emergencias, guardias y vacantes sin reemplazo. La carga de trabajo, según los trabajadores consultados, no necesariamente se reducirá al mismo ritmo que el ingreso.
Eso significa que el ajuste podría recaer sobre personal que seguirá extendiendo su jornada en hospitales y centros de salud, pero sin la compensación que hasta ahora formaba parte de su salario. La preocupación en ese sector es mayor porque las extensiones horarias están ligadas al funcionamiento cotidiano de los servicios.
En el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, la decisión también alcanzaría a empleados administrativos y operativos que trabajan fuera del horario ordinario para responder a la demanda de servicios. La eliminación de ese pago recorta un complemento que durante años integró el ingreso de esos trabajadores.
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La medida se suma al deterioro de las condiciones laborales desde 2018
La eliminación de las horas extras aparece en un escenario atravesado por denuncias previas sobre las condiciones laborales en el sector público. Desde 2018, organizaciones defensoras de derechos laborales y de derechos humanos han documentado despidos por razones políticas, presiones para participar en actividades partidarias, restricciones a la libertad de expresión y una pérdida progresiva de derechos entre empleados estatales.
Trabajadores citados por la publicación interpretan la decisión como un nuevo ajuste sobre el salario público. Su lectura es que el costo de una eventual contención presupuestaria se traslada de manera directa a quienes dependen de ese ingreso para sostener a sus familias.
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El dato central es ese: si la disposición se expande al conjunto de la administración pública, miles de empleados dejarán de percibir un adicional que complementó sus salarios durante años. La medida avanzaría en un contexto de aumento del costo de vida y de pérdida del poder adquisitivo.
Hasta ahora, ni el Ministerio de Salud, ni el INSS, ni el régimen de Ortega y Murillo informaron públicamente la eliminación del pago de horas extras ni explicaron las razones de la decisión, según 100% Noticias.
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