El Gobierno chileno anunció este martes que permitirá la salida legal por “razones humanitarias” de aquellos ciudadanos venezolanos que tengan sus pasaportes vencidos y quieran volver a Venezuela para estar con sus familiares después del doble terremoto que azotó al país.
“Muchos ciudadanos venezolanos que viven en nuestro país se encuentran en una situación de profundo estrés emocional ante la pérdida de familiares o bien tienen la intención y el deseo de colaborar con la reconstrucción”, afirmó el director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum.
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La idea, sostuvo la autoridad, es entregar “todas las facilidades para que estas personas puedan salir rápidamente eximiendo de algunos trámites”.
Quienes deseen acogerse al beneficio solo tendrán que apersonarse en las oficinas de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), ubicada en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez en Santiago, y rellenar un simple documento antes de abordar un avión que los lleve de vuelta a Venezuela, detalló Sauerbaum.
Así, el plan rige para todos los venezolanos que tengan sus documentos de viaje caducados y cuenten con permiso de residencia en Chile, o hayan ingresado de manera irregular al país.
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En paralelo, el Gobierno elabora un plan para facilitar el regreso voluntario a sus países de origen de los más de 330.000 mil migrantes irregulares que viven en Chile -la mayor parte de ellos venezolanos-, una de las principales promesas de campaña del presidente José Antonio Kast.
El quiebre de relaciones
Chile y Venezuela rompieron relaciones en 2024, luego que el gobierno de Gabriel Boric no reconociera las elecciones que dieron por ganador a Nicolás Maduro y denunciara la opacidad del proceso.
La administración de Maduro expulsó al personal diplomático y al embajador chileno en agosto de 2024, tras las elecciones presidenciales, y el 31 de enero de 2025 solicitó el cese de servicios de los consulados de Chile en Caracas y Puerto Ordaz, medida calificada por el gobierno chileno como una “suspensión” de relaciones en la práctica. En paralelo, retiró a todo su personal diplomático de Chile.
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El quiebre también incluyó la cancelación de los vuelos entre Santiago y Caracas, lo que sumado a la nula posibilidad de conseguir o regularizar documentos, dejó en el limbo a miles de ciudadanos venezolanos que viven en Chile, ya sea legales o de manera irregular.
Asimismo, y según cifras oficiales, el país tiene pendientes más de 35 mil órdenes de expulsión de ciudadanos venezolanos.
El Gobierno de José Antonio Kast aseguró meses atrás que restablecer relaciones diplomáticas con el país caribeño es una prioridad del Ejecutivo, tal como lo señaló el Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna.
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“Hay más de 700.000 venezolanos viviendo hoy en Chile, alrededor de 25.000 chilenos viviendo en Venezuela y no tenemos relaciones consulares. La primera prioridad para nosotros es restablecer las relaciones consulares”, señaló en mayo pasado el Canciller.
En esa línea, y en un gesto inédito, el presidente Kast llamó por teléfono el jueves pasado a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para mostrarle su solidaridad e informarle del envío de ayuda humanitaria y de rescate.
Mientras tanto, miles de personas trabajan a contrarreloj para hallar a más sobrevivientes a casi una semana de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el Caribe venezolano y han dejado hasta la fecha al menos 1.943 personas fallecidas y 10.571 heridos, según la última información oficial.
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