La dictadura de Daniel Ortega, Rosario Murillo y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público creó nuevos comités para supervisar la administración, venta y disposición de bienes estatales, una decisión que reabre las preguntas sobre el destino de los activos confiscados en los últimos años a organizaciones, universidades, medios de comunicación y opositores, según el Acuerdo Ministerial No. 006-2026 publicado en La Gaceta.
La nueva normativa entró en vigencia desde su firma el 5 de junio de 2026, sin esperar su publicación posterior en el diario oficial. El mismo acuerdo derogó las disposiciones anteriores, los Acuerdos Ministeriales No. 013-2019 y No. 014-2019, que regulaban hasta ahora la administración de bienes del Estado y las subastas públicas.
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El Ministerio de Hacienda y Crédito Público oficializó la creación de un Comité de Bienes del Estado y de un Comité Técnico Ad Hoc de Subasta Pública. Según el documento oficial, ambas estructuras tendrán la responsabilidad de revisar, aprobar y supervisar procesos vinculados con la administración, venta y disposición final de activos estatales.
La medida fue formalizada mediante el acuerdo firmado por el viceministro de Hacienda y Crédito Público Nicolás Espinoza Rivera. El texto no precisa si los bienes confiscados en los últimos años serán incluidos en futuras disposiciones, aunque sí otorga al nuevo esquema facultades sobre bienes que ya están bajo administración estatal.
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El nuevo comité tendrá autoridad sobre subastas y liquidación de bienes estatales
De acuerdo con el acuerdo ministerial, el Comité de Bienes del Estado funcionará de manera permanente bajo la dependencia de la Dirección Superior del ministerio. Estará integrado por representantes de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la Tesorería General de la República y la División de Asesoría Legal.
La Dirección de Bienes del Estado participará con voz, pero sin voto, y presentará informes, propuestas y documentación sobre los activos administrados por el Estado. Esa estructura concentra la revisión de expedientes y la validación de decisiones sobre el manejo de esos bienes.
Entre sus atribuciones figura la revisión y aprobación de propuestas relacionadas con la disposición de bienes estatales. También conocerá informes de liquidación derivados de subastas de vehículos y de otros bienes muebles declarados en condición de chatarra o de baja administrativa.
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El comité además podrá aprobar subastas públicas de vehículos y ventas de bienes muebles propuestas por la Dirección de Bienes del Estado. Esa facultad incluye la aprobación de carteles e instructivos que regulen cada proceso, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La reforma sustituye el esquema vigente desde 2019
El acuerdo también creó un Comité Técnico Ad Hoc de Subasta Pública encargado de preparar cada proceso de subasta. Sus tareas incluyen la elaboración de expedientes técnicos, la preparación de la documentación requerida, la organización de los pasos previos y la presentación de informes finales al Comité de Bienes del Estado.
Ese comité técnico estará integrado por delegados de la Dirección de Bienes del Estado, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, la Tesorería General de la República y la Asesoría Legal del ministerio. La norma asigna a ese grupo la fase operativa previa a cada subasta pública.
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Según los considerandos del acuerdo, la derogación del esquema vigente desde 2019 busca actualizar los mecanismos de control, supervisión y disposición de bienes públicos de acuerdo con las Normas Técnicas de Control Interno y con la legislación sobre administración financiera del Estado. El documento agrega que la reforma responde a la necesidad de mantener inventarios actualizados, reforzar controles sobre bienes dados de baja y ordenar los procedimientos de venta o liquidación de activos estatales.
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