Al menos 46 personas consideradas opositoras o críticas a la dictadura de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, permanecen privadas de su libertad en las cárceles del país, según el informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, organismo respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El reporte, con datos hasta el 31 de mayo, también documenta nueve casos de desaparición forzada y nueve detenidos muertos bajo custodia estatal en los últimos siete años.
El informe, divulgado el martes y citado por la agencia de noticias EFE, señala que 13 de los 46 presos políticos son adultos mayores y tres son mujeres. Nueve personas se encuentran en situación de desaparición forzada, lo que implica que el régimen no informan sobre su paradero ni estado de salud. El Mecanismo advirtió sobre la persistencia de opacidad estatal respecto a las condiciones de detención y la integridad de parte de la población encarcelada por razones políticas.
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De acuerdo con el documento, diez de las personas actualmente detenidas fueron arrestadas antes del inicio de la crisis política de 2018. En los últimos ocho años, la organización ha registrado 1,491 detenciones por motivaciones políticas. Entre los presos políticos, un 26% pertenece a comunidades indígenas, un 21% son campesinos y un 15% estuvo previamente vinculado al aparato estatal o al oficialismo.
El informe incluye la salida del exdiputado indígena miskito Brooklyn Rivera, de 73 años, quien falleció bajo custodia estatal el 30 de mayo. Rivera había sido reportado en situación de desaparición forzada desde septiembre de 2023. El documento vuelve a registrar al antiguo comandante de la revolución sandinista Bayardo Arce, de 77 años, quien había sido excluido en el reporte anterior, indica la nota de EFE.
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Las nueve muertes bajo custodia estatal
En una sección especial, el informe del Mecanismo documenta nueve muertes de opositores bajo custodia estatal ocurridas en los últimos siete años. A continuación, el listado detallado presentado por el organismo:
1. Eddy Montes (nicaragüense-estadounidense) murió en mayo de 2019 durante un motín en el Sistema Penitenciario Nacional, conocido como La Modelo. La versión oficial difiere de los audios y fotografías filtrados por la Unión de Presos Políticos de Nicaragua.
2. Santos Sebastián Flores Castillo, abogado de 52 años, falleció el 9 de noviembre de 2021 tras denunciar a Ortega por el presunto abuso sexual de su hermana cuando era menor.
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3. Hugo Torres, exguerrillero y viceministro del Interior, murió bajo custodia el 12 de febrero de 2022 a los 73 años, por una enfermedad no especificada.
4. José Modesto Solís Aguilar, opositor, murió en circunstancias no esclarecidas en diciembre de 2023.
5. Humberto Ortega, general retirado y exjefe del Ejército Popular Sandinista, falleció en septiembre de 2024 a los 77 años bajo custodia estatal.
6. Mauricio Alonso, expresidente del Movimiento Renovador Sandinista, murió el 25 de agosto de 2025 tras haber sido arrestado el mes anterior.
7. Carlos Cárdenas, abogado de 68 años, falleció el 29 de agosto de 2025 poco más de un mes después de su detención. Se desempeñaba como asesor jurídico de la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante el diálogo nacional de 2018.
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8. Un caso anónimo registrado este año, cuyo nombre no se revela por seguridad de la familia.
9. Brooklyn Rivera, líder indígena y diputado, murió el 30 de mayo de 2026 tras varios meses en desaparición forzada.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, respaldado por la CIDH, continúa denunciando la falta de transparencia estatal y el uso sistemático de la prisión política como herramienta de control social y represión.
El documento sostiene que «esta distribución refleja un patrón represivo con impactos diferenciados: por un lado, la alta proporción de población indígena y campesina se asocia a dinámicas de control territorial y debilitamiento de estructuras comunitarias; por otro, la presencia de personas con vinculación previa al aparato estatal u oficialismo confirma una ampliación de los perfiles alcanzados por la prisión política, más allá de la oposición tradicional, consolidando un alcance más transversal».
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