Nicaragüenses en Costa Rica exigen justicia por la muerte de Brooklyn Rivera bajo custodia del régimen de Ortega y Murillo

Exiliados nicaragüenses, representantes indígenas y afrodescendientes realizaron un acto en demanda de justicia tras la muerte del histórico líder miskito Brooklyn Rivera, quien falleció el 30 de mayo en Managua bajo custodia del Estado. El homenaje, celebrado en un salón de una iglesia católica de la capital costarricense, reunió a miembros de la diáspora y familiares del dirigente, quienes exigieron una investigación internacional sobre el caso, según reportó la agencia EFE.

Brooklyn Rivera, de 73 años, encabezaba el partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama) y era reconocido como una de las principales voces de la Costa Caribe nicaragüense. Había sido arrestado el 29 de septiembre de 2023 y, tras permanecer casi tres años incomunicado, murió en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Managua, adonde ingresó el 7 de marzo por complicaciones respiratorias. Familiares denunciaron durante meses desconocer su paradero, una situación que organizaciones de derechos humanos calificaron como desaparición forzada.

Durante el homenaje en San José, la hija del dirigente, Tininiska Rivera, denunció que el Estado no entregó el cuerpo a la familia y que ni ella ni otros allegados pudieron participar en el funeral. “Mi padre falleció en Nicaragua, pero el cuerpo no fue entregado a la familia. Ninguno de mis familiares participó en la misa ni en el entierro exprés que el Gobierno hizo”, afirmó Rivera, en declaraciones recogidas por EFE. La familia había solicitado trasladar los restos hasta Bilwi, ciudad natal del líder miskito, para cumplir su última voluntad, solicitud que fue rechazada por las autoridades.

La hija también denunció que seis familiares permanecen detenidos y en condición de desaparición forzada en Nicaragua. “Lo que hicieron con mi padre no fue que murió de causas naturales, sino que murió por los tres años de encarcelación”, expresó durante el acto.

Carlos Eddy Monterrey, periodista y activista cultural de la Costa Caribe nicaragüense, criticó el prolongado aislamiento al que fue sometido Rivera. “Le privaron de los derechos fundamentales del ser humano, el derecho inalienable de la libertad y de la vida. Todo fue un proceso de tortura”, señaló Monterrey, según información de EFE.

El caso de Rivera fue descrito como un símbolo de la persecución contra los pueblos originarios de Nicaragua por parte del régimen. Enrique Martínez, activista político opositor, sostuvo que el fallecimiento del líder indígena refleja una problemática estructural que afecta a comunidades indígenas y afrodescendientes. “El caso de Brooklyn es solamente la ejemplificación del daño masivo que han ejecutado en contra de esta población históricamente vulnerada”, dijo Martínez en declaraciones citadas por EFE.

Diversas organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición nicaragüense han atribuido la muerte de Rivera al Gobierno encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes mantienen el poder desde 2007. La agencia EFE recordó que Nicaragua enfrenta una crisis política y social desde abril de 2018, agravada tras las elecciones de noviembre de 2021, cuando Ortega fue reelegido para un quinto mandato.

De acuerdo con el último monitoreo del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, al menos 47 personas permanecen en prisión por motivos políticos en Nicaragua. Algunas fuentes internacionales, como el sitio World Population Review, sitúan el número en torno a 45, mientras reportes recientes de agencias como Reuters y EFE documentan que cerca de 40 presos fueron trasladados recientemente a arresto domiciliario, aunque el total de detenciones políticas supera las siete decenas antes de estos movimientos.

La muerte de Rivera y la situación de los presos políticos han generado llamados de la comunidad internacional. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR) solicitó una investigación independiente y transparente sobre las circunstancias de la muerte del dirigente miskito y urgió al Estado a liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos.

La Organización de los Estados Americanos (OEA), en voz de su secretario general Albert Ramdin, manifestó su preocupación y pidió garantías para el respeto a los derechos a la vida, la integridad personal y el debido proceso. Instituciones como la Washington Office on Latin America (WOLA) y Amnistía Internacional demandaron la liberación inmediata y sin condiciones de los presos políticos, así como el acceso humanitario y médico adecuado para quienes permanecen en custodia estatal.

“Con el líder indígena Brooklyn Rivera, el total de personas asesinadas bajo la dictadura de Ortega-Murillo ahora asciende a nueve. Más de 45 presos políticos podrían enfrentar el mismo destino. Estos crímenes no deben quedar impunes”, declaró el activista y exiliado Félix Molina a medios internacionales, según cita EFE.

El caso de Rivera ha puesto en el centro del debate internacional la situación de las minorías étnicas y de los derechos humanos en Nicaragua, país donde persiste la denuncia de represión sistemática y cierre de espacios democráticos. La comunidad nicaragüense en Costa Rica, donde residen miles de exiliados, reiteró su demanda de justicia, memoria y reparación para las víctimas de la represión y sus familias, y reclamó garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales.

Las organizaciones internacionales insisten en que la investigación sobre la muerte de Brooklyn Rivera debe realizarse de manera independiente y con la participación de expertos, con el objetivo de esclarecer los hechos y asegurar la rendición de cuentas. Mientras tanto, la exigencia de libertad para los presos políticos y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas continúan marcando la agenda de quienes han debido abandonar Nicaragua y de quienes aún permanecen bajo custodia del régimen.