
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana condenó a la ciudadana Patricia del Carmen Flores de Cisneros a seis años de prisión por estafa en El Salvador, tras establecer que se hacía pasar por abogada para ofrecer servicios jurídicos y cobrar dinero mediante engaños. Además, le impuso dos años por ejercicio ilegal de la profesión.
La Fiscalía General de la República (FGR) acreditó que la mujer no estaba autorizada para ejercer, por lo que esa segunda pena fue sustituida por trabajos de utilidad pública. Según lo expuesto en la vista pública, uno de los casos ocurrió en junio de 2022, cuando la hija de Dora Alicia P. A. fue capturada. La condenada se presentó como abogada y amiga de la joven, y ofreció asumir la defensa por $500.
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¿Cómo operó en los dos casos?
Después pidió más pagos por supuestos trámites, como una presunta fianza, permisos de ingreso al centro penal y una multa, hasta recibir USD $5.800. La víctima relató que luego no logró comunicarse con la procesada y más tarde supo que había sido capturada por otro hecho similar.
En un segundo caso, otra persona denunció que la contrató para gestionar un divorcio y le entregó $250. Tiempo después, al enterarse por redes sociales de la captura, presentó la denuncia. La documentación oficial presentada en el proceso estableció que Flores de Cisneros no está inscrita como abogada autorizada, sino que únicamente es egresada de la licenciatura de Ciencias Jurídicas.
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Más casos similares en el país
Esta semana, Centros Judiciales de El Salvador informó que el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador remitió a la etapa de sentencia el proceso penal contra Axel Moisés R. J., por el delito de estafa. Axel y la víctima pactaron el alquiler de una propiedad. En el transcurso de este acuerdo, el acusado se ganó la confianza de la víctima al fingir ser un comerciante de materiales de construcción, lo que llevó a la firma de un contrato de arrendamiento.
Tiempo después, la víctima le encargó diversos materiales de construcción a Axel R., quien le exigió el pago anticipado bajo la promesa de entregarlos en un plazo de cinco días. Para ello, la víctima le transfirió un total de $2,700 a su nombre. No obstante, tras transcurrir varias semanas de evasivas, excusas y la interrupción total de la comunicación, la víctima optó por denunciarlo.
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Este mes la Fiscalía anunció que el salvadoreño José R. P. permanecerá detenido mientras avanza su proceso penal, acusado de estafa y uso de documentos falsos en perjuicio de comerciantes de la capital. De acuerdo con los reportes oficiales difundidos por la institución, José simulaba ser empleado de la Alcaldía Municipal de San Salvador y ofrecía gestionar permisos y licencias para la operación de negocios a cambio de 1.000 dólares estadounidenses.
Según la información recogida y divulgada por las autoridades de investigación penal, José R. P. contactaba a propietarios de pequeños comercios y emprendimientos en San Salvador, a quienes aseguraba contar con influencias dentro de la municipalidad. El imputado solicitaba pagos anticipados bajo la promesa de facilitar los trámites y evitar inspecciones, y tras recibir el dinero entregaba documentos apócrifos.
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