En Panamá la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información sanciona a servidores públicos

La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) dio a conocer nuevas medidas disciplinarias tras concluir investigaciones administrativas en varias entidades públicas del país.

Las resoluciones incluyen sanciones económicas, recomendaciones de destitución y descuentos salariales, todas fundamentadas en el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.

En la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), diez servidores recibieron sanciones por prácticas de nepotismo al laborar junto a familiares dentro de la misma unidad administrativa, lo que contraviene la normativa ética vigente.

Además, una funcionaria de la misma universidad afrontó el descuento del 30% de su salario mensual debido a treinta y tres tardanzas acumuladas en cuatro meses, lo que representa una clara falta al deber funcional.

De igual manera, la Caja de Seguro Social (CSS) fue escenario de una recomendación de destitución para dos funcionarias que, según la investigación, no registraban su asistencia laboral y carecían de autorización formal para ello. La ANTAI identificó también la ausencia de controles que permitieran verificar su jornada efectiva.

En el sector educativo, un servidor del Ministerio de Educación (MEDUCA) de la provincia de Chiriquí fue sancionado por incumplir su horario laboral. Por otro lado, en el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), un funcionario recibió una sanción al no cumplir con los requisitos exigidos para el cargo que ocupaba.

La Dirección General de Ingresos (DGI) en la provincia de Coclé sancionó a dos servidores por conflicto de intereses, luego de comprobarse que uno de ellos representaba a una colega en litigios particulares durante la jornada laboral, lo que comprometía la imparcialidad institucional.

Las medidas en los gobiernos locales y en otras instituciones alcanzó a la Alcaldía del distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste, que fue objeto de atención especial tras comprobarse la contratación de dos primos hermanos por parte de la alcaldesa, Stefany Dayan Peñalba, lo que resultó en una multa equivalente al 50 % de su salario mensual y la configuración de un conflicto de intereses.

Aunque los dos empleados renunciaron en enero, la ANTAI determinó que la contratación violó las normas éticas.

Además, la entidad recomendó la destitución de una servidora que mantenía un vínculo de afinidad con la alcaldesa, al ser madre de los hijos de uno de los primos contratados, lo que representa otro caso de conflicto de intereses en la institución.

En la Gobernación de la provincia de Panamá una servidora fue sancionada tras comprobarse que no cumplía con los requisitos para el cargo asignado.

Este tipo de medidas, según la ANTAI, busca reforzar la transparencia y la legalidad dentro de la administración pública.

La entidad subrayó que estas acciones forman parte de su misión legal de promover la transparencia y la ética, reiterando su compromiso de investigar y sancionar toda conducta contraria a la normativa vigente.

Recordó que las actuaciones se enmarcan en el artículo 29 de la Ley No. 33 de 2013 y que continuará trabajando “con objetividad, independencia y estricto apego a la ley” para fortalecer la responsabilidad en el servicio público.

Las últimas decisiones de la ANTAI evidencian que la institución mantiene una vigilancia activa sobre el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia y probidad en el sector público. Las sanciones y recomendaciones recientes buscan garantizar que las faltas éticas sean investigadas y sancionadas conforme al debido proceso y a la normativa aplicable.

Recientemente la institución informó que 198 servidores públicos han sido sancionados.

De ellos,102 funcionarios recibieron multas equivalentes entre el 10% y el 50% de un mes de salario, generando ingresos al Tesoro Nacional por $45,145.93, monto que ha sido depositado en su totalidad conforme a la normativa vigente.

Asimismo, 33 servidores públicos fueron amonestados por escrito por faltas muy leves y otros continúan cumpliendo las sanciones económicas impuestas.

Adicionalmente, la ANTAI recomendó la destitución de 57 servidores públicos. A la fecha,34 de estas recomendaciones han sido ejecutadas, mientras que las restantes continúan en trámite dentro de las instituciones correspondientes, sobre las cuales esta Autoridad mantiene el seguimiento respectivo.