
La Dirección General de Minas entregó hoy una concesión minera a New Era Mining Development Company, Sociedad Anónima, para aprovechar minerales en el lote Loma Monte Redondo, en San Juan de Limay, Estelí, con una vigencia de 25 años y derecho exclusivo de exploración, explotación e instalación de plantas de beneficio dentro del área concedida.
El título de concesión minera No-010-PGJ-DGM-2026, fija una superficie de 1,800 hectáreas en el municipio de San Juan de Limay. El documento de la concesión dispone además que la empresa deberá iniciar actividades de exploración en un plazo máximo de cuatro años, con posibilidad de una prórroga de un año.
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La resolución indica que la solicitud fue presentada por New Era Mining Development Company, Sociedad Anónima, el 4 de marzo de 2026, para obtener una concesión minera sobre el lote denominado Loma Monte Redondo. El área está ubicada en el departamento de Estelí, según el desglose municipal incorporado en el título.
La concesión fue aprobada tras dictámenes técnicos, catastrales y legales emitidos en marzo de 2026
De acuerdo con el Considerando II del título, la empresa cumplió con los requisitos y procedimientos establecidos en la Ley 387, Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, y en el Decreto No. 119-2001, reglamento de esa norma. El acto administrativo añade que la sociedad está constituida conforme a las leyes de la República de Nicaragua.
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El Considerando III señala que el Dictamen Catastral Minero No. PGJ-DGM-RCM-017-03-2026, fechado el 6 de marzo de 2026, concluyó que las coordenadas y el área solicitada cumplían con los requisitos técnicos. El Considerando IV agrega que el Dictamen Técnico No. DTM-03-03-2026-DGM-PGJ, del 26 de marzo de 2026, estableció que el perfil de la reseña técnica presentado por la empresa satisfacía las exigencias correspondientes.

El Considerando V incorpora el Dictamen Legal Número 017-DA-CM-03-2026, del 27 de marzo de 2026, según el cual el solicitante cumplía con los requisitos legales para tramitar la petición. El Considerando VI añade que la Procuraduría para las Municipalidades emitió opinión favorable sobre la solicitud presentada por la concesionaria en el municipio de San Juan de Limay.
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El mismo título sostiene en su Considerando VII que la empresa dispone de documentos que acreditan capacidad técnica y financiera para desarrollar y concluir actividades mineras dentro de la concesión. También afirma que cuenta con legitimación para operar.
El título impone pagos, registro público y obligaciones ambientales bajo pena de cancelación
La parte resolutiva establece que, en nombre del Estado de Nicaragua, se otorga a New Era Mining Development Company una concesión minera en Loma Monte Redondo, definida por un polígono exterior delimitado por coordenadas expresadas en grados UTM, NAD 27 y zona 16N. El documento no reproduce en el texto citado el detalle completo de esas coordenadas, pero sí precisa el área total concedida en Estelí.
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Entre las obligaciones impuestas al titular figura el pago de derechos de vigencia o superficiales equivalentes en moneda nacional a USD 0,25 por hectárea durante el primer año. También deberá pagar un derecho de extracción o regalía del 3% sobre el valor de las sustancias extraídas.
La concesionaria deberá suministrar anualmente, o cuando lo requiera la Dirección General de Minas-PGJ, información sobre sus actividades y sobre acuerdos de cooperación y apoyo a la minería artesanal. El título también ordena inscribir la concesión en el Registro Público de la Propiedad y publicarla en La Gaceta, Diario Oficial, a costa de la empresa, dentro de los 30 días.
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La resolución dispone que la concesión confiere exclusividad para la exploración, la explotación y el establecimiento de plantas de beneficio sobre las sustancias minerales comprendidas en la ley y halladas dentro de la circunscripción del lote. A la vez, obliga al concesionario a cumplir las normas de seguridad laboral, protección ambiental y resguardo de recursos naturales.
El documento advierte que el incumplimiento de las obligaciones señaladas, así como de las demás previstas en la legislación minera vigente, será causal de cancelación de la concesión. El título fue dado en Managua el 6 de abril de 2026 y aparece firmado por Norman Henríquez Blandón, director general de Minas de la Procuraduría General de Justicia.
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