Un disparo en el cuello terminó con la vida de Álvaro Conrado, quien había cumplido quince años apenas días antes, mientras asistía a las protestas estudiantiles en Managua contra la reforma a la Seguridad Social impulsada por el presidente Daniel Ortega.
El joven, que participaba en el tercer día de manifestaciones el 20 de abril de 2018, fue herido mortalmente cuando entregaba agua a sus compañeros frente al estadio Nacional de Béisbol, lo que transformó su nombre en símbolo de las víctimas más jóvenes de la represión estatal en Nicaragua.
Su asesinato, documentado en video y confirmado por el certificado del Hospital Bautista, ilustra la escala fatal de la represión oficial, aún negada expresamente por el gobierno de Nicaragua y la Policía Nacional, pese a las denuncias y cifras presentadas por organizaciones de derechos humanos. El hecho provocó una profunda reacción pública y un llamado internacional a esclarecer las responsabilidades sobre estos fallecimientos.
Tras cinco días de movilizaciones masivas en todo el país, el gobierno eliminó la reforma y convocó a un diálogo nacional. Sin embargo, la violencia desatada dejó una cifra de víctimas en disputa: la Comisión Permanente de Derechos Humanos contabilizó 63 personas fallecidas, de las cuales solo pudo confirmar 40, según declaró su director ejecutivo, Marcos Carmona, a BBC Mundo.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) documentó 39 estudiantes muertos, lo que revela profundas discrepancias en los registros y la dificultad para acceder a información verificable.
“Cuando te digo que los tenemos confirmados es porque nos comunicamos con sus familiares y nos confirman la información y que andaban durante las jornadas de protesta, pero tenemos otra larga lista que no hemos podido confirmar”, explicó Marling Sierra, directora del Cenidh, al mismo medio.
El joven había manifestado vocación de servicio desde su infancia, según relató su abuela, Luz Marina Orozco, quien recordó el primer día de clases de su nieto en el Colegio Loyola, donde soñó con ser “bombero o policía”.
El día de su muerte, su tarea se limitaba a entregar agua y bicarbonato para mitigar los efectos de los gases lacrimógenos empleados por la Policía en los enfrentamientos frente a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), uno de los epicentros del conflicto desde el 19 de abril de ese año.
Conrado había entrenado intensamente esa semana con el equipo de atletismo del Loyola porque buscaba clasificarse para un torneo en Panamá, según relató su padre, también llamado Álvaro Conrado. Era el mayor de tres hermanos, aficionado al rock, los animes y las patinetas, cuyas pertenencias y logros escolares permanecen en un altar improvisado en el hogar familiar.
La víspera del ataque, el joven preguntó a su padre por las consecuencias de la reforma a la Seguridad Social: una medida que incrementó el aporte de los trabajadores del 6,25% al 7% y redujo el 5% de las pensiones de los jubilados, según explicó el padre a BBC Mundo. “Le respondí que era una injusticia”. Conrado decidió sumarse a las protestas a pesar de la negativa familiar. Se unió a dos amigos del barrio Monseñor Lezcano, donde residía la familia, y asistió a las movilizaciones estudiantiles.
La represión y la reacción internacional
Testimonios, videos y denuncias de organismos de derechos humanos como el Cenidh y la Comisión Permanente de Derechos Humanos describen el despliegue de armas de fuego reales por parte de las fuerzas del Estado, quienes ocuparon el estadio Nacional de Béisbol y, desde sus pisos superiores, abrieron fuego contra los manifestantes atrincherados junto a la UNI. El certificado de defunción detalló que el disparo provocó heridas en la tráquea y el esófago, confirmando la letalidad del ataque.
La Fiscalía nicaragüense únicamente anunció que investigaría la muerte de estudiantes y policías días después de los hechos. Mientras tanto, los organismos continúan contabilizando más de 100 personas desaparecidas y la labor de identificación de cuerpos en las morgues persiste, según Sierra.
El caso de Conrado cobró relevancia internacional y se convirtió en un emblema para los estudiantes de Nicaragua. Los jesuitas de Centroamérica publicaron un pronunciamiento condenando la violencia, y el rostro de Conrado, reproducido en afiches y caricaturas, inunda las redes sociales. En estos homenajes, persiste el recuerdo de un adolescente al que le arrebataron la vida “ayudando”, según las palabras de su abuela, en unas jornadas que involucran a decenas de víctimas más cuyos nombres sigue intentando confirmar la sociedad civil nicaragüense.
Esta crónica de muerte y represión, reconstruida con testimonios de familiares, cifras de organizaciones y constataciones médicas, revela el costo humano de una protesta histórica y el difícil sendero hacia la verdad y la justicia en Nicaragua.
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