
La incertidumbre sobre el manejo del sector hidrocarburífero en Bolivia se profundizó este miércoles con la renuncia de la presidenta de la estatal petrolera y la destitución del ministro de Hidrocarburos. Claudia Cronenbold, que había asumido la jefatura de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hace apenas tres semanas, dimitió del cargo mediante una carta en la que señaló que los problemas estructurales identificados no pueden resolverse en los plazos que la política exige.
La exjefa de YPFB manifestó en la carta que su corta gestión priorizó un análisis profundo del estado de la empresa en el que identificó “nudos críticos” y una arquitectura institucional “perniciosa” que impiden su correcto funcionamiento. “El diagnóstico técnico y administrativo ha revelado un estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto”, afirmó en el documento.
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La expresidenta explicó que la recuperación de YPFB exige una “reingeniería legal y administrativa de largo aliento” y que esos procesos requieren tiempos que no coinciden con la urgencia de resultados que demanda el Gobierno. En ese sentido, señaló que lo “responsable y leal con el proyecto de país” es permitir que se exploren “otras rutas de gestión”.

“No deseo que los tiempos técnicos que mi visión profesional demanda se conviertan en un obstáculo para las metas inmediatas del Estado”, afirmó la expresidenta de la mayor empresa pública del país.
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Cronenbold, que tiene más de 20 años de experiencia en el sector y forjó su carrera profesional en Petrobras, había sido posesionada el 30 de marzo en reemplazo de Yussef Alky, en medio de cuestionamientos sobre la calidad del combustible y la ausencia de políticas estructurales para reformar el sector.
Horas después de conocerse públicamente su renuncia, el presidente Rodrigo Paz cesó de funciones al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, y posesionó en su lugar a Marcelo Blanco, que hasta entonces era viceministro de Electricidad y Energías Renovables.
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En el acto de posesión, el presidente destacó el trabajo de Medinaceli, a quien atribuyó la elaboración de cuatro proyectos de ley para el sector energético y afirmó que el cambio responde a una nueva etapa para la empresa.

“Ahora pasamos a un nuevo evento de energía que requiere la aplicación, el desarrollo y el debate, la socialización de estas normas, especialmente la de hidrocarburos, con una solución clara a esta desgracia que nos dejaron: un país sin energías, sin gas, sin estos recursos naturales”, indicó el jefe de Estado en relación al manejo del área durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS).
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El sector energético es el más inestable de la administración de Rodrigo Paz. En los cinco meses de gestión hubo dos ministros de hidrocarburos, dos (y próximamente tres) presidentes de YPFB y dos directores de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
Estos cambios, que se dieron entre renuncias y destituciones, se producen tras una reforma sustancial, como la eliminación del subsidio a los combustibles que fijó nuevos precios en el mercado, y en medio de una crisis de incertidumbre sobre la calidad de la gasolina, luego de más de dos meses de denuncias sobre la mala calidad del producto.
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El Gobierno admitió haber distribuido “gasolina desestabilizada”, pero no se responsabilizó por su origen. Las versiones oficiales fueron diversas: pasaron de afirmar que había residuos dañinos en tanques de almacenamiento heredados de la anterior gestión a denunciar planes de sabotaje —internos y externos— que contaminaban el combustible. Para mitigar las protestas, se activó un seguro de resarcimiento de daños vehiculares atribuidos a la gasolina que ha sido entregado a más de siete mil usuarios por un monto equivalente a 1,4 millones de dólares, según datos de YPFB.
Los cambios constantes en las cabezas del sector y la persistencia de los reclamos por el combustible son los síntomas de una crisis que no parece tener una solución en el corto plazo. Su gestión supondrá una prueba de fuego para el Gobierno.
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