El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla emitió un fallo condenatorio contra una red de administración fraudulenta que operó durante casi una década en perjuicio de la sociedad YKK El Salvador, empresa reconocida en la industria textil y de insumos para confección en Centroamérica.
La investigación judicial reveló que el principal responsable, Francisco Ernesto Garmendez Vásquez, entonces auditor auxiliar de la compañía, se aprovechó de su cargo para sustraer y facilitar el cobro de más de 1,000 cheques, ocasionando un grave daño patrimonial a la empresa.
La sentencia, dada a conocer recientemente, establece que los hechos ocurrieron entre 2002 y 2011. Durante ese periodo, Garmendez Vásquez, valiéndose de su posición interna, retiró los cheques de la compañía y los entregó a personas externas, quienes procedieron a cambiarlos y convertirse en cómplices necesarios para el delito. El tribunal lo condenó a cinco años de prisión y al pago de USD 2,936.607,12 en concepto de responsabilidad civil, monto que corresponde al daño económico causado a YKK El Salvador.
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Además de Garmendez Vásquez, el fallo alcanzó a varios implicados que participaron como cómplices. Entre ellos, el tribunal impuso una pena de tres años y cuatro meses de prisión a Orlando Oliverio Toledo Funes, quien también deberá pagar USD 2,939.546,67 por responsabilidad civil. Otros condenados, considerados rebeldes por no comparecer ante el tribunal, son Adalberto de Jesús Aguirre Rivera, Gerson David Mena Sánchez, Rosa Vila Alvarado, Saúl Carías Hernández y Josué Daniel Marinero Maravilla. Debido a su incomparecencia, el juez ordenó sus capturas.
Por otra parte, Víctor Antonio Martínez Cortez y Nelson Rodolfo Ulloa, quienes sí asistieron al juicio, fueron condenados a tres años de prisión. Sin embargo, al cumplir los requisitos legales, la pena fue sustituida por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública bajo la supervisión del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. El proceso también incluyó al imputado José Noé R. M., quien, tras un acuerdo conciliatorio con la empresa, obtuvo sobreseimiento definitivo.
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El caso de YKK El Salvador pone en evidencia los riesgos de corrupción interna y la vulnerabilidad de los sistemas de control en compañías que operan en la región. El tribunal subrayó que los delitos fueron posibles por el acceso privilegiado de los involucrados a documentos financieros y la colaboración de terceros para el cobro de los cheques sustraídos.
Este fraude millonario no es un hecho aislado en la historia reciente de El Salvador. En los últimos años, otras empresas han sido víctimas de esquemas similares. En 2021, una empresa distribuidora de combustibles denunció el desfalco de más de USD 1 millón a través de transferencias bancarias irregulares, perpetradas por exempleados en complicidad con agentes externos. Casos como el de una empresa de telecomunicaciones también han llegado a los tribunales, luego de descubrirse una red de empleados que filtraban información confidencial para cometer fraudes con tarjetas de recarga electrónica, lo que supuso pérdidas superiores a USD 500,000.
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A estos hechos se suma el emblemático caso de fraude en una aseguradora, donde se falsificaron pólizas y se desviaron pagos de indemnizaciones por sumas cercanas a USD 800,000, involucrando a personal interno y proveedores ficticios. Estos antecedentes muestran que, pese a los controles implementados, las empresas en El Salvador siguen enfrentando amenazas constantes de fraudes ejecutados desde dentro y fuera de sus organizaciones.
La colaboración entre empleados y actores externos ha permitido la comisión de delitos de alto impacto económico, lo que obliga a las empresas a revisar y actualizar permanentemente sus políticas de prevención y detección de fraudes. Mientras tanto, la justicia salvadoreña continúa enfrentando el reto de sancionar estos delitos y recuperar los activos desviados, en un contexto donde la confianza en las instituciones y las empresas resulta indispensable para el desarrollo económico de la región.
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