La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó una reforma significativa que otorga a la Procuraduría General de Justicia la administración de todo el patrimonio y los bienes municipales. La modificación a la Ley Orgánica de la Procuraduría, adoptada por unanimidad, transforma la gestión local bajo el argumento de fortalecer la eficiencia administrativa estatal, según informó EFE.
Con esta medida, la representante legal del Estado asumirá también la gestión de activos, inmuebles, derechos y recursos que hasta ahora pertenecían tanto a la Carrera Administrativa Municipal como a la Dirección General vinculada, integrándolos formalmente al dominio público.
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Entre los cambios más destacados introducidos por esta reforma figura la obligación para los 153 municipios de Nicaragua de aportar el 2 % del monto total de sus planillas al Instituto Nacional Técnico y Tecnológico (Inatec). De acuerdo con lo aprobado por la Asamblea, la finalidad es “fortalecer las capacidades técnicas de las y los servidores públicos municipales”. Este nuevo trasvase económico va emparejado con la derogación integral de la anterior Ley de Carrera Administrativa Municipal y su Reglamento, lo que modifica de raíz el marco legal vigente hasta la fecha.
Para el personal afectado por la eliminación de la Carrera Administrativa Municipal, la enmienda establece que quienes no eran considerados trabajadores formales de las municipalidades pasarán a integrar la nómina de la Procuraduría General de Justicia. Se aseguró que tales incorporaciones respetarán los derechos adquiridos, la antigüedad y los beneficios conforme a lo dispuesto por la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa, conforme detalla la reforma reproducida por EFE sobre la dictadura centroamericana.
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La explicación oficial sostiene que la enmienda fue pensada para “garantizar la eficiencia y eficacia de la administración municipal en el ejercicio de sus competencias”. Los legisladores, según recoge EFE, subrayaron que la reforma refuerza el papel de la Procuraduría en la defensa de “las conquistas del pueblo nicaragüense en relación con las obligaciones y responsabilidades de las municipalidades y de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, en beneficio de sus pobladores”. Además, la nueva normativa impulsa la creación de un sistema de administración de recursos humanos en las autoridades locales que garantice “la gestión y ejecución de políticas públicas municipales eficientes, eficaces y transparentes”.
De este modo, la Procuraduría General de Justicia se convierte en administradora directa de los bienes municipales, los activos y el personal transferido, eliminando el régimen anterior y centralizando la estructura sobre la que se gestionan los recursos en los 153 municipios del país.
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La Procuraduría General de Justicia incluirá al Ministerio Público, los órganos de la Procuraduría General de la República y otros entes con funciones afines. Esta integración busca proteger el patrimonio nacional tanto del Estado como del pueblo nicaragüense, según el texto legal.
La norma comenzará a ser aplicada en Nicaragua después de que la Asamblea Nacional la apruebe en segunda legislatura y se publique oficialmente en La Gaceta, Diario Oficial.
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Otras medidas
La Asamblea aprobó este en enero una reforma constitucional que determina que los ciudadanos nicaragüenses pierden su nacionalidad al adquirir otra, de acuerdo con información publicada por el Legislativo a través del Canal Parlamentario.
Con la modificación, el artículo 25 de la Constitución establece: «la nacionalidad nicaragüense se perderá al momento de adquirir otra nacionalidad». El artículo 23 también fue ajustado para indicar que «las y los extranjeros pueden ser nacionalizados, previa renuncia a su nacionalidad originaria». El Parlamento concretó la medida en Segunda Legislatura y definitiva, cumpliendo el procedimiento requerido.
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La reforma había sido aprobada inicialmente el 16 de mayo de 2025 en Primera Legislatura, y este miércoles se completó la votación final, según información del Canal Parlamentario. La medida ha generado críticas entre la oposición en el exilio.
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