Piden a la ONU que exija rendición de cuentas al Estado de Nicaragua por violaciones a los derechos humanos. El pedido fue formulado por al menos 21 organizaciones humanitarias, que señalaron hechos como la tortura, la apatridia y la represión transnacional, catalogados como crímenes de lesa humanidad.
El Colectivo 46/2, conformado por organismos nicaragüenses y regionales, solicitó a los países miembros de las Naciones Unidas respaldar la petición del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. Este grupo fue creado por la ONU y ha documentado graves violaciones y exigido responsabilidades al Estado nicaragüense.
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En palabras del colectivo: “Reafirmamos nuestra apuesta por los métodos pacíficos y respetuosos del derecho internacional”, y sumaron su voz al llamado para que la comunidad internacional continúe el escrutinio y vigilancia sobre la situación. Los organismos pidieron que los procesos de rendición de cuentas avancen, apoyándose en la información aportada por el Grupo de Expertos, según información de EFE.
El informe más reciente de los expertos de la ONU señala que las violaciones de derechos humanos no solo persisten, sino que se han intensificado y diversificado. Denuncian que estos hechos se financian desviando fondos originalmente asignados a servicios sociales.
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Entre los patrones identificados, el informe destaca la vigilancia, las amenazas, el acoso, la violencia física, el uso indebido de mecanismos internacionales, la privación arbitraria de la nacionalidad y la confiscación de bienes. También se registran represalias contra familiares que permanecen en Nicaragua.
El Grupo de Expertos ha instado a Nicaragua a adoptar medidas efectivas e incondicionales para encaminar una transición pacífica, en cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Además, la comunidad internacional fue llamada a exigir que ese país rinda cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por incumplimientos en materia de apatridia y tortura.
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Las organizaciones advirtieron que la situación en Nicaragua sigue deteriorándose, mientras el gobierno mantiene su negativa a cooperar con las Naciones Unidas. Los expertos de la ONU subrayaron que, si se sigue postergando la acción internacional, el restablecimiento de los derechos y de la institucionalidad democrática será aún más difícil.
La exigencia de estas organizaciones pone el foco en la urgencia de que los Estados miembros de la ONU respalden y fortalezcan los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas, con el objetivo de frenar la impunidad y restaurar el respeto a los derechos humanos en Nicaragua.
Organismo internacional exige a Nicaragua eliminar la estructura de represión estatal
El Grupo de Expertos de Derechos Humanos de la ONU alertó sobre el agravamiento de la represión estatal en Nicaragua, documentando que los abusos no solo continúan, sino que han evolucionado en sus formas.
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Según el informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, existe una estructura paralela vinculada al partido Sandinista, financiada con fondos originalmente destinados a servicios sociales. El presidente del grupo, Jan-Michael Simon, señaló que la corrupción se ha vuelto una herramienta institucional para financiar violaciones graves de los derechos humanos.
Las víctimas identificadas incluyen estudiantes, miembros de comunidades indígenas y religiosas, defensores de derechos humanos, periodistas y activistas políticos. El espectro de afectados ha crecido, lo que evidencia la magnitud del aparato represivo.
El informe detalla medidas de control y castigo contra disidentes y sus familias, como detenciones arbitrarias, confiscación de bienes y restricciones de salida del país. Estas acciones buscan fomentar la autocensura y el aislamiento, dificultando la organización de la oposición política.
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Durante la presentación del informe, Simon exigió al Gobierno de Nicaragua desmantelar el sistema represivo y permitir el acceso sin restricciones a los mecanismos internacionales de protección. La delegación diplomática nicaragüense no respondió a las acusaciones.
El grupo denunció que las detenciones arbitrarias constituyen un método central de control político, con víctimas aisladas y privadas de atención médica, en condiciones que pueden considerarse tortura. También se reportaron desapariciones forzadas y la falta de información sobre el paradero de personas detenidas, como el congresista Brooklyn Rivera Bryan.
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