El Departamento de Estado de Estados Unidos adoptó una nueva política migratoria que impactará desde el 2 de abril a viajeros de 12 países, incluidos solicitantes de Nicaragua, quienes deberán pagar una fianza de $15,000 para tramitar visas de turismo o negocios tipo B1 y B2.
Esta medida, orientada a desincentivar la permanencia ilegal tras el vencimiento de la visa de los viajeros, busca reducir los gastos públicos asociados a procesos de deportación, según informaron las autoridades.
Además de Nicaragua, el requisito se extiende a naciones como Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez, todos ahora obligados a presentar este depósito como condición previa a la aprobación de su solicitud.
La política prevé que el monto será restituido únicamente a quienes comprueben su salida de Estados Unidos antes de la fecha límite establecida en el documento migratorio, mientras que quienes incumplan la normativa verán su depósito empleado para financiar los costos operativos del proceso de deportación.
El costo medio para expulsar a una persona del país asciende a $18,000, de acuerdo con cifras del Departamento de Estado. Las autoridades estiman que la aplicación de este sistema, es un ahorro para los contribuyentes estadounidenses podría alcanzar los $800 millones anuales, considerando la magnitud de casos que involucran procesos de repatriación.
Ya son 50 los países sujetos al pago de fianza para visas ante Estados Unidos
Con la reciente suma de estos 12 países, la lista de naciones cuyos ciudadanos enfrentan el requisito de la fianza llega a 50. Entre otros, se incluyen a Argelia, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladés, Benín, Bután, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, Costa de Marfil, Cuba, Yibuti, Dominica, Fiyi, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bisáu, Kirguistán, Malaui, Mauritania, Namibia, Nepal, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Tayikistán, Tanzania, Togo, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Zambia y Zimbabue.
El Gobierno estadounidense sostiene que, desde la implementación de este esquema de fianzas, casi 1,000 extranjeros recibieron visas bajo la modalidad y el 97% retornó puntualmente a su país de origen, dato que, en palabras del Departamento de Estado, evidencia la eficacia de la estrategia para fomentar el cumplimiento de los plazos migratorios.
Esta política migratoria forma parte de un paquete amplio de restricciones impulsado durante la Administración de Donald Trump. Además de la introducción del depósito obligatorio, la Casa Blanca implementó vetos adicionales para la emisión de visas y restricciones severas al acceso al asilo, con el propósito declarado de limitar el flujo migratorio.
Sanciones a empresarios y funcionarios nicaragüenses
A finales de 2025, las autoridades estadounidenses ampliaron su respuesta ante el aumento de la migración irregular desde Nicaragua, al imponer sanciones a empresarios y funcionarios acusados de facilitar la salida ilegal de migrantes. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, comunicó a través de una nota oficial que la administración de Donald Trump determinó la revocación de visas a individuos en Nicaragua identificados como facilitadores conscientes de la inmigración ilegal.
Entre los sancionados figuran propietarios, ejecutivos así como altos funcionarios de compañías dedicadas al transporte, agencias de viajes y operadores turísticos vinculados con rutas migratorias irregulares, aunque las autoridades no difundieron nombres específicos.
Durante el año fiscal 2024, Estados Unidos alcanzó un máximo histórico en deportaciones, con 271,484 personas expulsadas, según informes de investigaciones internacionales citados por publicaciones locales. Este nivel representa un aumento significativo, casi el doble respecto al año previo, y coincide con el incremento de detenciones en la frontera. Diversas fuentes sostienen que, tras la entrada en vigor de las nuevas políticas migratorias y el endurecimiento de los controles, las autoridades han priorizado la remoción de migrantes permanecientes fuera de estatus, lo que ha repercutido directamente en estas cifras.
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