La Embajada de Estados Unidos en Nicaragua denunció este sábado la “crueldad del régimen” que presiden Daniel Ortega y Rosario Murillo contra los disidentes del Gobierno, destacando la situación de personas de edad avanzada y con problemas de salud que permanecen detenidas. Según reportó la Agencia EFE, la representación diplomática expresó en sus redes sociales que “la crueldad del régimen hacia quienes se atreven a alzar la voz es irrazonable”.
En el mensaje, la embajada estadounidense en Managua criticó que la administración de Ortega y Murillo mantenga bajo arresto a opositores ancianos y enfermos. Puso como ejemplo el caso de Brooklyn Rivera Brayan, exdiputado indígena miskito de 73 años, quien se encuentra privado de libertad desde el 29 de septiembre de 2023. Rivera, líder del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, en lengua miskita, que significa ‘Hijos de la Madre Tierra’), fue arrestado poco antes de las elecciones regionales celebradas en marzo de 2024, detalló la Agencia EFE.
Posteriormente a la detención de Rivera, el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, bajo control oficialista, canceló la personalidad jurídica de Yatama. El CSE argumentó que esa organización ejecutó acciones que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación del país. Se la acusó además de incitar a la injerencia extranjera, cargos calificados como traición a la patria por la legislación local.
La embajada estadounidense sostuvo que “estas personas —ancianos y enfermos— fueron encarceladas por el simple hecho de discrepar con el régimen y permanecen injustamente detenidas en condiciones inhumanas, privadas de derechos fundamentales y de atención médica”. La delegación enfatizó que la privación de derechos básicos y la falta de acceso a atención sanitaria agravan la situación de los detenidos.
De acuerdo con cifras del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, avaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Nicaragua existen actualmente 46 personas detenidas por motivaciones políticas, quince de las cuales son adultos mayores. Entre estos figuran, además de Rivera, los excomandantes de la revolución sandinista Bayardo Arce y Henry Ruiz, así como el antiguo asesor de Ortega y general en retiro Álvaro Baltodano Cantarero. También se encuentran bajo arresto los dirigentes indígenas Steadman Fagoth Müller y Nancy Elizabeth Henríquez, junto a militares retirados como Carlos Brenes, Víctor Boitano y Eddie Moisés González Valdivia, según la información difundida por la Agencia EFE.
Las elecciones se realizaron con sus principales adversarios políticos en prisión, quienes luego fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad y derechos políticos bajo acusaciones de “golpismo” y traición a la patria, explicó la Agencia EFE.
La embajada estadounidense subrayó que la represión contra la disidencia política se manifiesta especialmente en el trato a presos de edad avanzada, que sufren condiciones de reclusión especialmente severas. El organismo diplomático llamó la atención sobre la falta de garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales y reiteró su preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
El comunicado de la representación estadounidense se produce en un contexto de persistente denuncia internacional por la situación de los presos políticos y las restricciones a la participación política en Nicaragua. Organismos como la CIDH y entidades de la sociedad civil han solicitado la liberación de los detenidos y el cese de las represalias contra quienes expresan opiniones críticas al Gobierno.
La Agencia EFE consignó que, junto a Rivera y los otros líderes detenidos, permanecen privadas de libertad personas identificadas por su oposición política, muchas de ellas con problemas de salud que requieren atención médica especializada. La embajada de Estados Unidos remarcó que la situación de los ancianos encarcelados constituye una muestra de la dureza de las políticas represivas del Ejecutivo nicaragüense y pidió el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
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