Un grupo de 1,200 personas privadas de libertad en Nicaragua- considerados presos comunes- recibirá la excarcelación bajo el régimen de convivencia familiar desde el 1 de abril.
La medida, informada por la copresidenta Rosario Murillo, permitirá que estas personas, todas con sentencia firme, salgan de prisión y completen sus condenas en sus hogares, bajo supervisión legal.
La política de excarcelación en Nicaragua ha beneficiado a más de 53 mil reclusos en la última década. Según los reportes oficiales, el 7.18 % de quienes recibieron este beneficio reincidió en delitos tras obtener la libertad. El mayor número de excarcelaciones en un solo año se registró en 2025, cuando 9,900 personas condenadas por delitos comunes accedieron a la medida.
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En 2026, las autoridades ya habían liberado a otro grupo de igual tamaño durante el Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, una fecha dedicada a la memoria del cardenal Miguel Obando y Bravo. Durante ese acto, el régimen presentó la excarcelación como un gesto en favor de la reconciliación nacional.
El proceso y los lugares de excarcelación
Las liberaciones no se limitan a una sola prisión. El acto principal tendrá lugar en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, conocida como La Modelo, situada cerca de Managua. También participarán otras siete cárceles del país. Con esta ronda, la cifra de presos comunes excarcelados en lo que va del año ascenderá a 2,400 personas.
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El mecanismo de convivencia familiar implica que los beneficiados cumplen el resto de su condena en sus domicilios, bajo vigilancia de las autoridades. El Gobierno defiende esta política como una vía para la reconciliación y la paz social, aunque persisten dudas sobre su efectividad.
Cuestionamientos y preocupaciones sociales
Organizaciones feministas han expresado su inquietud ante la excarcelación masiva. Estas agrupaciones relacionan la liberación de reclusos con un aumento de feminicidios y de la delincuencia en general. La preocupación se centra en el posible impacto negativo para la seguridad ciudadana, advirtiendo sobre los riesgos de reincidencia.
La política de excarcelación bajo convivencia familiar no solo ha generado debate en la sociedad civil, sino que también ha sido observada de cerca por diferentes sectores para evaluar su impacto real sobre la seguridad y la convivencia en las comunidades.
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El mecanismo permite que los liberados permanezcan bajo vigilancia legal, pero fuera de los centros penitenciarios. Las autoridades insisten en que se trata de una medida para favorecer la reconciliación; sin embargo, las críticas persisten ante la posibilidad de que se repitan delitos y se incremente la percepción de inseguridad.
La situación de los presos políticos
El panorama para los presos políticos en Nicaragua es distinto. A comienzos de 2026, al menos 20 personas detenidas por razones políticas fueron excarceladas, en un contexto marcado por la presión internacional contra las detenciones arbitrarias bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
A pesar de estas excarcelaciones, organismos defensores de derechos humanos y medios internacionales, como Infobae y El Imparcial, sostienen que la represión política y la violación de garantías fundamentales persisten en el país. El ambiente de hostigamiento y la falta de garantías judiciales continúan siendo motivo de denuncias.
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Al cierre de marzo de 2026, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas documentó que al menos 46 personas permanecen privadas de libertad por motivos políticos en diferentes centros de detención de Nicaragua. Entre los encarcelados, se encuentran figuras reconocidas como el excomandante revolucionario Henry Ruiz, el general retirado Álvaro Baltodano Cantarero, y líderes indígenas como Brooklyn Rivera Bryan y Steadman Fagoth Müller.
La liberación de personas condenadas por delitos comunes y la persistencia de presos políticos revelan dos realidades paralelas en el sistema penitenciario nicaragüense. Mientras el Gobierno sostiene que su política promueve la paz y la reintegración, la preocupación social y las denuncias internacionales subrayan los desafíos pendientes en materia de derechos humanos y seguridad.
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