FADEEAC cuestiona un esquema de cobros al transporte de cargas y pide frenar su aplicación

La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) presentó una denuncia administrativa ante la Secretaría de Transporte de la Nación por un esquema de cobros que alcanza a vehículos de carga y solicitó la intervención del Ministerio de Economía para suspender su aplicación.

El planteo se refiere al Partido de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, y particularmente a un tramo de 5,1 kilómetros del ex Camino Provincial Ruta 87, conocido como Acceso Sánchez. La vía conecta la Ruta Nacional 9 con áreas industriales de la zona y con el Puerto de San Nicolás, por lo que constituye un corredor utilizado por el tránsito pesado y las operaciones logísticas.

Qué cuestiona la presentación

De acuerdo con la documentación difundida por FADEEAC, el esquema está asociado a una licitación pública para la instalación de dos pórticos tecnológicos y al mantenimiento del tramo vial. La entidad indicó que la normativa contempla cobros de hasta $37.000 por cada pesaje dinámico y otros $25.000 vinculados con el ingreso de vehículos a predios industriales o playas de estacionamiento mediante un dispositivo electrónico.

A estos conceptos se suma una tasa equivalente al 2% sobre cada litro de combustible comercializado en estaciones de servicio del distrito, vigente desde comienzos de año, según la presentación.

FADEEAC sostiene que estos mecanismos generan una carga adicional para las empresas transportistas que utilizan habitualmente el corredor. La Federación también señaló, a partir de sus propios cálculos, que el costo por kilómetro resultante sería superior al registrado en otros corredores sujetos a peaje, uno de los argumentos incorporados en la presentación.

Desde la organización empresaria también cuestionaron el encuadre tributario de los cargos. En su presentación, FADEEAC argumentó que podrían configurar una doble imposición y planteó posibles incompatibilidades con la Ley de Coparticipación Federal 23.548 y la Ley 23.966, vinculada al régimen de combustibles.

La Federación solicitó al Ministerio de Economía que evalúe impulsar una medida cautelar para suspender la aplicación de los cobros mientras se analiza la controversia. El comunicado menciona como antecedentes acciones promovidas por el Estado nacional en relación con tasas aplicadas en otros municipios bonaerenses.

El impacto que advierten las empresas

El planteo también incorpora la preocupación de empresas de transporte y compañías dadoras de carga que operan en la zona. Según FADEEAC, más de un centenar de firmas expresaron su posición mediante una comunicación dirigida a la Federación y a la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA).

Las empresas señalaron que la ubicación del sistema de control alcanza a un corredor utilizado por camiones que se dirigen hacia complejos industriales y el Puerto de San Nicolás, por lo que los nuevos conceptos podrían tener incidencia sobre los costos de las operaciones habituales.

De acuerdo con las estimaciones incorporadas en esa presentación, el impacto anual podría ubicarse entre $100 millones y $500 millones por empresa, dependiendo del nivel de utilización del corredor. Las compañías sostienen que esos montos podrían afectar sus márgenes y la operatoria logística regional.

Cristian Sanz, presidente de FADEEAC, advirtió además sobre el riesgo que, a criterio de la entidad, supondría la multiplicación de esquemas similares en otros distritos. La Federación considera que una eventual superposición de cargos municipales podría incrementar los costos del transporte y afectar el movimiento de mercaderías entre distintas jurisdicciones.

Según los pliegos citados en la gacetilla, la concesión comprende tareas de mantenimiento, bacheo, iluminación y demarcación del tramo durante un período de 20 años. FADEEAC cuestiona la relación entre esos servicios y la recaudación proyectada y, sobre esa base, reclama la suspensión del sistema y la revisión de la normativa.