El contenedor ya tiene precio de carbono: lo que Latinoamérica no puede ignorar

Algo cambió el 1 de enero de 2026, y no fue solo un ajuste regulatorio europeo. Cuando el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la Unión Europea (CBAM, por sus siglas en inglés) entró en fase definitiva, se activó un principio que venía incubándose desde hace años: el contenido de carbono de los bienes que cruzan fronteras ahora tiene un costo explícito. Para América Latina, cuyas economías dependen del comercio de materias primas y productos industriales básicos, las consecuencias apenas comienzan a desplegarse.

El CBAM obliga a los importadores europeos a adquirir certificados por las emisiones embebidas en bienes como acero, aluminio, cemento, fertilizantes, electricidad e hidrógeno. El precio de esos está vinculado al del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (EU ETS), que ha oscilado en torno a los 60-80 euros por tonelada.

Según la Comisión Europea, en la primera semana de operación se validaron más de 10.400 declaraciones aduaneras cubriendo 1,65 millones de toneladas de bienes. La maquinaria ya está en marcha.

Un punto ciego regional

Cerca del 23% de las emisiones globales están embebidas en el comercio internacional, según el Foro Económico Mundial. Las economías del G20 concentran el 80% de esas emisiones comercializadas. Latinoamérica participa de esos flujos de manera asimétrica: somos exportadores netos de bienes con alta intensidad de carbono (minería, siderurgia, cemento, agroquímicos) y, sin embargo, ninguna economía de la región tiene un CBAM propio ni un sistema de comercio de emisiones con la cobertura suficiente para que sus exportadores obtengan descuentos en frontera.

Brasil tiene un mercado de carbono en construcción. México mantiene un piloto limitado. Chile tiene un impuesto al carbono de 5 dólares por tonelada, lejos de los niveles europeos. Colombia, Perú y Argentina no cuentan con instrumentos de precio de carbono que apliquen a sus sectores industriales exportadores. Esa brecha no es solo un déficit ambiental: es una vulnerabilidad comercial concreta. Cada tonelada de acero o aluminio que sale de la región hacia Europa sin un precio de carbono acreditable enfrenta el costo completo del CBAM.

El efecto dominó que se viene

Lo que complica el panorama es que Europa no estará sola. El Reino Unido introducirá su propio CBAM el 1 de enero de 2027. Australia ha recomendado uno para cemento. Canadá, Japón, Corea del Sur, Singapur y Taiwán están en distintas fases de diseño. Los países que implementan o exploran estos mecanismos representan cerca del 60% de la economía global, según una organización internacional de investigación y promoción.

Para Latinoamérica, esto implica que los principales destinos de exportación estarán progresivamente condicionados por el contenido de carbono. No se trata de un único mercado exigente, sino de un arco regulatorio que va a cubrir la mayor parte de la demanda global de bienes industriales básicos.

La otra cara: aranceles contra la transición

La convergencia entre comercio y clima tiene una segunda dimensión, menos comentada en la región pero igual de relevante. En octubre de 2025, la administración Trump amenazó con aranceles, restricciones de visa y sanciones a países que apoyaran el Net-Zero Framework de la Organización Marítima Internacional, el primer régimen global de precio de carbono para el transporte marítimo. La votación se pospuso un año.

Para economías como las latinoamericanas, cuya competitividad depende del costo del transporte de carga, el resultado no es menor: si el Net-Zero Framework eventualmente entra en vigor, el flete marítimo incorporará un componente de precio de carbono. Si no, la fragmentación regulatoria seguirá aumentando costos de manera impredecible.

Mientras tanto, los aranceles estadounidenses de hasta 100% sobre vehículos eléctricos chinos y 50% sobre celdas solares fotovoltaicas están reconfigurando los flujos de tecnología limpia hacia América Latina. China ya exporta más paneles solares a economías emergentes que a países avanzados. El 44% del valor de sus exportaciones de paneles en 2023 fue a países en desarrollo. La región está recibiendo tecnología más barata, pero también quedó en medio de una guerra comercial que afecta la velocidad y el costo de su propia transición energética.

COP30 y lo que se abrió en Belém

La COP30 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) en Belém, en noviembre de 2025, marcó un punto de inflexión. Por primera vez, el comercio entró formalmente en la agenda climática multilateral. Brasil, como presidencia, integró el tema en el paquete político central de la cumbre y lanzó un Foro Integrado sobre Cambio Climático y Comercio. Economías emergentes como China, India y Sudáfrica presionaron para que las negociaciones abordarán las “medidas comerciales unilaterales”. El resultado fue la creación de un espacio formal de discusión anual. No vinculante, pero sin precedentes.

Para la región, Belém fue también una señal de que la agenda climática ya no es solo sobre metas de emisión: es sobre acceso a mercados, competitividad industrial y reglas del juego del comercio global. Las empresas LATAM que exporten a Europa sin datos verificables de emisiones pagarán más. Las que inviertan en medir y reducir su huella de carbono podrían encontrar ahí una ventaja competitiva real.

Dónde mirar

América Latina tiene algo que muchos competidores no tienen: matrices energéticas con alto componente renovable en varios países, lo que podría traducirse en menor intensidad de carbono por unidad de producto. Brasil, Chile, Costa Rica, Uruguay y Colombia tienen matrices eléctricas con más del 60% de energía renovable. Eso, bien medido y verificado, puede funcionar como diferenciador comercial frente a competidores de Asia o el Medio Oriente con matrices más carbonizadas.

Pero esa ventaja solo se materializa si existe la infraestructura de medición, verificación y reporte. Sin datos de emisiones a nivel de instalación, verificados por terceros según metodologías compatibles con las europeas, los exportadores quedan atrapados en valores por defecto diseñados para ser punitivos. Los gobiernos que no desarrollen instrumentos de precio de carbono domésticos verán, en la práctica, cómo esa recaudación se transfiere a Bruselas y Londres.

La convergencia entre comercio y clima es la nueva realidad del comercio internacional. No llegó como previsión académica: llegó como regulación operativa. Quién la anticipe y quién la ignore marcará diferencias concretas en competitividad durante los próximos años.