La CARP establece nueva tarifa para buques de cabotaje que transiten el Canal Martín García

En una resolución publicada recientemente en el Boletín Oficial, la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) estableció una nueva tarifa de peaje para los buques de cabotaje nacional que transiten por el Canal Martín García. A partir del 15 de junio de 2025, el nuevo valor será de $824,80 por tonelada de registro neto (TRN), en línea con lo dispuesto previamente por el Ministerio de Economía argentino para la Vía Navegable Troncal.

Esta medida implica una actualización esperada desde hace más de dos décadas, ya que, según el informe de la Secretaría Administrativa de la CARP, la tarifa de cabotaje en esta zona no había sido modificada desde el año 2002. El nuevo esquema incorpora, además, un mecanismo de revisión automática trimestral ajustado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo cual representa un cambio estructural que permitirá mantener la competitividad del corredor fluvial frente al contexto inflacionario.

Impacto en la logística y el comercio interior y exterior

El Canal Martín García es una de las rutas clave de la Cuenca del Plata, en especial para el tráfico que conecta puertos del litoral argentino y uruguayo. Su mantenimiento y utilización son determinantes para la eficiencia del transporte fluvial, que constituye una de las principales vías logísticas para la salida de productos agroindustriales, minerales e industriales de ambos países.

Al establecer una tarifa igual a la de la Vía Navegable Troncal —otro corredor neurálgico para el comercio exterior argentino— se garantiza que los buques de cabotaje nacional no enfrenten condiciones económicas desiguales dependiendo de la vía fluvial utilizada. Esto puede favorecer una distribución más equitativa del tránsito, alivianando otros canales que suelen estar más congestionados y permitiendo optimizar costos de operación para navieras y exportadores.

Además, esta resolución refuerza los compromisos internacionales asumidos por Argentina y Uruguay en las Notas Reversales de 1993 y 1994, que promueven la igualdad de condiciones entre los canales Martín García y Emilio Mitre. La actualización de tarifas ayuda a preservar la competitividad del primero, que en los últimos años había perdido protagonismo por cuestiones de profundidad, infraestructura y desequilibrio tarifario.

Una decisión con efecto regional

Más allá del aspecto técnico, la medida tiene un alcance geoestratégico importante. La hidrovía Paraná-Paraguay, que se integra con estos canales, es la principal vía de salida al Atlántico de países como Bolivia, Paraguay, el sur de Brasil y el norte argentino. Asegurar reglas claras, tarifas competitivas y previsibilidad para la navegación fortalece la integración logística regional y promueve el comercio intrazona, un punto clave en la agenda de organismos como la ALADI y el MERCOSUR.

La convergencia tarifaria también puede impactar positivamente en la atracción de inversiones para modernizar la infraestructura fluvial, que hoy enfrenta múltiples desafíos, desde el dragado hasta la digitalización de procesos logísticos. En un contexto en el que se debate el rediseño institucional de la administración de la hidrovía y su régimen concesionario, este tipo de resoluciones ayudan a ordenar el sistema y a brindar mayor certidumbre a los operadores.

Condiciones de facturación y perspectiva para los usuarios

Tal como lo estipula la Resolución 9/2025 de la CARP, la tarifa será calculada en dólares estadounidenses al momento de la facturación, utilizando el tipo de cambio vendedor del Banco Nación del día previo a la emisión de la factura. Esto responde a la necesidad de uniformar criterios y reflejar con mayor precisión el costo operativo real en un mercado donde buena parte de las transacciones están dolarizadas, especialmente en el comercio exterior.

Para las empresas navieras y operadores logísticos, este ajuste representa un paso hacia la transparencia y estabilidad del sistema tarifario. Si bien puede implicar un incremento frente a la tarifa congelada por más de 20 años, el nuevo valor se encuentra dentro de parámetros esperables para un sector que demanda mayor eficiencia operativa y reglas de juego claras.

En paralelo, la posibilidad de revisión trimestral introduce una variable de adaptabilidad que evita distorsiones a largo plazo y permite ajustar los costos sin necesidad de pasar por prolongados procesos administrativos o bilaterales.