La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) redefine los procedimientos de facturación en operaciones vinculadas al comercio exterior. Mediante la Resolución General 5616/2024, publicada en el Boletín Oficial, se establecen nuevos criterios para la emisión de comprobantes electrónicos en moneda extranjera. La normativa implementa modificaciones a los regímenes vigentes, asegurando mayor precisión y automatización en los registros fiscales relacionados con transacciones internacionales.
El objetivo central se enfoca en regular el tipo de cambio utilizado en las facturas emitidas en moneda extranjera y en asegurar la correcta registración de estas operaciones en el contexto del Libro de IVA Digital.
Según lo establecido, el sistema de facturación electrónica integrará automáticamente el tipo de cambio vendedor divisa informado por el Banco de la Nación Argentina al cierre del día hábil cambiario previo a la emisión del comprobante. Estas medidas se alinean con cambios legales derivados del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, que modificó aspectos clave del Código Civil y Comercial relacionados con pagos en monedas extranjeras.
Impacto en los sistemas de facturación
Los exportadores deberán adecuar sus procesos a las nuevas exigencias, que incluyen la identificación de la condición ante el IVA del cliente y la implementación de herramientas electrónicas específicas. Los comprobantes relacionados con el comercio exterior que se cancelen en moneda extranjera deberán emitirse bajo la modalidad electrónica, respetando las pautas de las Resoluciones Generales 4.291 y 5.198, lo que elimina las alternativas en papel o controladores fiscales tradicionales para estas operaciones.
Adicionalmente, el cronograma de implementación introduce fechas clave para los desarrolladores y usuarios. A partir del 15 de enero de 2025, se habilitará la homologación de sistemas de facturación, mientras que la adopción obligatoria de estas herramientas está prevista para el 15 de abril de 2025. Por su parte, las aplicaciones “Facturador Móvil” y “Comprobantes en Línea” también recibirán actualizaciones que deberán estar operativas en marzo del mismo año.
Relevancia para el comercio exterior
El comercio exterior argentino encuentra en esta normativa un nuevo desafío operativo, con implicancias directas en la competitividad y en la agilidad de las transacciones internacionales. La automatización del tipo de cambio busca reducir errores y mejorar la trazabilidad de las operaciones, una medida clave para sectores como el agrícola y el industrial, que realizan gran parte de sus transacciones en divisas extranjeras.
Las modificaciones establecen un marco homogéneo para la facturación en moneda extranjera, considerando que esta práctica es esencial en operaciones de exportación. La obligación de declarar el tipo de cambio según lo informado por el Banco de la Nación también apunta a garantizar mayor transparencia en el registro fiscal, una demanda recurrente en el contexto internacional.
Cambios para controladores fiscales
La resolución establece que los controladores fiscales de “nueva tecnología” utilizados para documentar operaciones en moneda extranjera deberán transitar hacia modalidades electrónicas. Este ajuste responde a la necesidad de adaptar los sistemas tradicionales a un entorno digital y estandarizado, acorde a los estándares actuales del comercio internacional.
El sector privado deberá invertir en actualizaciones de software y en el desarrollo de sistemas integrados, lo que genera expectativas tanto en términos de costos como de oportunidades para simplificar procesos. Con estas adecuaciones, se espera que la trazabilidad y el control fiscal se refuercen en un segmento estratégico de la economía nacional.
El marco normativo incluye también especificaciones técnicas que los exportadores y desarrolladores de software deben considerar. Desde la publicación de manuales técnicos hasta el despliegue de herramientas, cada etapa busca facilitar la transición hacia un sistema fiscal más eficiente. Estas adecuaciones buscan fortalecer la competitividad en el comercio exterior, optimizar procesos fiscales y garantizar mayor transparencia en las transacciones internacionales.
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