La Academia Mexicana de Ciencias Penales se pronuncia sobre el asesinato de Claudia Tacoronte en Morelos

Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio académico en el Estado de Morelos, fue localizada sin vida la noche del sábado 12 de septiembre en la Casa de la Cultura de Cuautla. La joven, de 21 años, había sido atacada con un arma blanca cerca de la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

Los servicios de emergencia llegaron al sitio de la agresión cuando ya no presentaba signos vitales. Tras el crimen, la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) abrió una investigación bajo protocolo de feminicidio.

Tres días después, este 15 de septiembre, la Academia Mexicana de Ciencias Penales emitió un comunicado en el que lamentó “profundamente” el hecho y se solidarizó con la familia de la víctima. El documento, firmado por Miguel Ontiveros Alonso, presidente de la organización, no se limitó a expresar condolencias, sino que planteó una crítica directa al modelo de seguridad pública mexicano y advirtió sobre los riesgos de la legislación en materia de feminicidio que se prepara a nivel federal.

La Academia sumó el caso de Claudia a una lista de miles de feminicidios impunes en México

El comunicado señaló que la muerte de Claudia se unió “a la lista de miles de asesinatos de niñas y mujeres que cada año se verifican en México” sin que las instituciones de seguridad pública, en sus tres órdenes de gobierno, lograran contener lo que la organización describió como una “oleada criminal” que golpea desde hace años a la sociedad mexicana.

La Academia, constituida formalmente el 25 de enero de 1941, hizo referencia explícita a los grupos que enfrentan mayor situación de riesgo. El texto responsabilizó de manera conjunta a las autoridades municipales, estatales y federales por la falta de resultados frente a los homicidios de mujeres, en un señalamiento que no distinguió entre administraciones ni partidos.

La Academia advirtió que la nueva ley contra el feminicidio podría convertirse en “simulación”

El punto central del comunicado fue la advertencia sobre la próxima expedición de la Ley General en Materia de Feminicidio. Según la Academia, esa legislación “acabará siendo derecho penal simbólico, es decir, una simulación más”, si no se acompaña de “un modelo político criminal unificado a nivel nacional”.

La organización comparó el riesgo con el destino que, a su juicio, corrieron otras dos leyes generales ya vigentes: la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Víctimas. Ambas, sostuvo el comunicado, funcionaron hasta ahora como ejemplos de simulación normativa, sin capacidad real de modificar las condiciones de violencia que enfrentaron las mujeres en el país.

La crítica de la Academia no se dirigió al contenido específico de la ley en preparación, sino a la ausencia de un mecanismo de coordinación entre los tres niveles de gobierno. Para la organización, sin ese modelo unificado, cualquier reforma legal quedaría reducida a un instrumento discursivo sin efecto en la práctica.

Desde su origen, la organización reunió a juristas, criminólogos y médicos legistas bajo el principio de agrupar “libre y abiertamente” a los penalistas mexicanos y extranjeros, sin distinción partidista ni de escuela. A lo largo de más de ocho décadas, la Academia incorporó entre sus filas a 16 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuatro procuradores generales de la República y varios rectores de la Universidad Nacional Autónoma de México, además de haber impulsado la creación del Instituto Nacional de Ciencias Penales en 1976.

Exigieron seriedad y corresponsabilidad al gobierno federal

El comunicado incluyó un reclamo directo a las autoridades federales. La Academia afirmó que, “en diversas ocasiones”, ofreció al gobierno de la República y a las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia “cooperación técnica y jurídica” que, hasta el día de la publicación del documento, no había recibido respuesta alguna.

A partir de ese antecedente, la organización planteó una exigencia concreta: pidió al gobierno federal y a las instituciones de justicia “seriedad, corresponsabilidad y capacidad de organización” para diseñar un modelo político criminal que calificó como propio de “un Estado democrático y de derecho”.

El comunicado cerró con una distinción entre dos funciones del Estado frente a las mujeres: la Academia exigió que ese modelo político criminal “no victimice, sino que proteja y salvaguarde a las niñas y mujeres que sobreviven en México”, en referencia a la percepción de que las instituciones de seguridad, en su funcionamiento actual, contribuyeron a perpetuar la violencia en lugar de contenerla.

La Universidad de Granada manifestó “repulsa y absoluta condena” y convocó un minuto de silencio

Por su parte, la Universidad de Granada, emitió un comunicado el pasado 14 de septiembre en el que manifestó su “más firme repulsa y absoluta condena” ante el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de la institución que realizaba una estancia de movilidad académica en la UAEM.

La comunidad universitaria trasladó sus condolencias, solidaridad y afecto a la familia, personas allegadas y compañeros de Claudia. La institución reiteró “la necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres”, en su calidad de universidad pública comprometida con la defensa de los derechos humanos.

El equipo de Gobierno de la Universidad de Granada se puso a disposición de las autoridades consulares de España en México y de la familia de la joven para prestar el apoyo necesario. La institución convocó un minuto de silencio en memoria de Claudia el lunes 14 de septiembre, a las 11:00 horas, en la puerta de todos sus centros de trabajo.

Como parte de las investigaciones tras el crimen, el fiscal general del Estado de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, sostuvo una reunión de trabajo el 14 de septiembre con el cónsul general de España, Marcos Rodríguez Cantero, y la cónsul adjunta, María Prada González. El encuentro se realizó en la sede de la FGE en Temixco.

Durante la reunión, Blumenkron Escobar reiteró la disposición institucional para garantizar justicia a Claudia Tacoronte, sus amigos y familiares. El fiscal señaló que existe una amplia colaboración entre instituciones estatales y federales para atender el caso registrado el sábado 12 de septiembre en Cuautla.

En el encuentro estuvieron presentes fiscales especializados y titulares de unidades de la Fiscalía de Morelos, de acuerdo con el comunicado emitido por la dependencia estatal. Hasta el momento no hay personas detenidas.