Mexicano extraditado de Perú se declara culpable de lavar más de 72 millones de dólares del narcotráfico

Frank Mahonri Cruz-Marentes, un ciudadano mexicano de 37 años extraditado de Perú a Estados Unidos en noviembre de 2025, se declaró culpable de participar en una conspiración para lavar más de 72 millones de dólares procedentes del narcotráfico.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Cruz-Marentes admitió este 14 de septiembre de 2026 su responsabilidad por las operaciones realizadas entre enero de 2019 y abril de 2021, mediante una red que recolectaba dinero de organizaciones de narcotráfico en distintas ciudades estadounidenses.

El caso es procesado ante la Corte Federal del Distrito Sur de California, donde el acusado enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, además de una multa de hasta 500 mil dólares o el doble del valor de los fondos involucrados, conforme al cargo de conspiración para el lavado de dinero.

Recorrían EU para recoger el dinero del narcotráfico

Según los registros judiciales citados por las autoridades estadounidenses, Cruz-Marentes consiguió contratos con organizaciones de narcotráfico asentadas en México para encargarse de recoger las ganancias generadas por la venta de drogas en territorio estadounidense.

La operación tenía un alcance que abarcaba ciudades como Baltimore, Detroit, Los Ángeles, Filadelfia, Boston, Denver, Chicago y Nueva York, además de otros puntos del país.

Una vez que recibía las instrucciones, Cruz-Marentes se comunicaba con una red de mensajeros y titulares de cuentas bancarias con base en el Valle Imperial, California, para coordinar la recepción y depósito del efectivo.

Los integrantes de la red utilizaban teléfonos desechables y frases clave para comunicarse y establecer los detalles de cada operación, de acuerdo con la acusación federal.

Los mensajeros salían desde San Diego hacia diferentes ciudades para recoger el efectivo. Antes de concretar cada encuentro, verificaban los puntos de reunión mediante fotografías y códigos previamente establecidos.

Dinero oculto en bolsas, cajas y cuentas fachada

La investigación estadounidense sostiene que las ganancias del narcotráfico eran trasladadas en distintos tipos de contenedores para ocultar el efectivo durante su traslado.

Entre los métodos descritos en los documentos judiciales estaban bolsas de basura, bolsas de lona y cajas de zapatos.

Una vez que el dinero llegaba a la red de Cruz-Marentes, los integrantes realizaban depósitos masivos en cuentas bancarias pertenecientes a negocios ficticios utilizados como fachadas.

El objetivo era introducir el dinero en el sistema financiero para posteriormente moverlo fuera de Estados Unidos.

Después de los depósitos, los fondos eran transferidos a cuentas bancarias personales en México, desde donde, según las autoridades estadounidenses, el dinero era distribuido nuevamente a las organizaciones de narcotráfico que habían generado las ganancias.

Extradición desde Perú y sentencia en diciembre

El proceso contra Cruz-Marentes comenzó antes de su llegada a Estados Unidos. En septiembre de 2025, el gobierno de Perú autorizó su extradición a territorio estadounidense para que fuera procesado por la presunta conspiración para blanquear instrumentos monetarios.

La resolución peruana señala que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema había declarado procedente la solicitud estadounidense y que el mexicano aceptó voluntariamente someterse a un procedimiento simplificado de extradición.

Tras su traslado a Estados Unidos, el expediente quedó registrado bajo el número 20cr2682-GPC.

Cruz-Marentes será sentenciado el 18 de diciembre de 2026 por el juez de distrito estadounidense Gonzalo P. Curiel. El caso está a cargo de los fiscales federales adjuntos Blanca Quintero y Keith D. Ellison.

La investigación involucró a Homeland Security Investigations (HSI), la DEA, el Servicio de Impuestos Internos mediante su división de Investigación Criminal, la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento del Sheriff de San Diego.

El Departamento de Justicia señaló que la investigación fue realizada por el California Homeland Security Task Force, como parte de la denominada Operación Take Back America, una iniciativa federal estadounidense contra organizaciones criminales transnacionales y otras estructuras delictivas.