En una jornada legislativa de más de 30 horas marcada por constantes tensiones entre los integrantes de las distintas fuerzas políticas, la Cámara de Diputados aprobó en lo general, y en lo particular con cambios, el dictamen que establece el marco regulatorio para la integración y funcionamiento de la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas.
El dictamen, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se ratificó en lo particular con 271 votos a favor, 92 en contra y cero abstenciones, cabe recordar que se trata de una iniciativa de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
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Dos momentos marcaron las “rencillas” en San Lázaro
La sesión no estuvo exenta de episodios de violencia, el más destacado fue el del diputado morenista por Veracruz, Zenyazen Escobar, habría retado a golpes al priista Carlos Gutiérrez Mancilla, hasta que el también morenista Mario Miguel Carrillo intervino para frenar el enfrentamiento. La legisladora priista Ana Isabel González exigió un antidoping a Escobar tras los hechos.
El ambiente se tensó también cuando el PRI desplegó lonas con las leyendas “El cártel de Morena” y “Morena los narcos del bienestar”, donde aparecían rostros de políticos y de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
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El diputado morenista Zenyazen Roberto Escobar García habría retado a golpes al priista Carlos Gutiérrez Mancilla
El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, calificó la acción de “vociferante, indigna e insultante” y aseguró que el grupo parlamentario se sentía “agraviado”. Personal de Protección Civil retiró el material y la sesión se reanudó.
Tres consejeros en lugar de cinco: la reserva que modificó el dictamen
En la discusión en lo particular se aceptó la reserva al artículo 200 Quater presentada por legisladores de Morena, la cual establece que la Comisión de Verificación se integre por tres consejeras y consejeros electorales, en lugar de cinco como proponía el dictamen original.
El diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo sostuvo que la Comisión “atiende una herida abierta en el corazón de la democracia, que ha lastimado directamente la desconfianza ciudadana en el sistema democrático”. Agregó que el organismo no acusa, no juzga ni restringe derechos políticos; es un mecanismo opcional y voluntario, de carácter esencialmente preventivo.
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El morenista Mario Miguel Carrillo Cubillas señaló que reducir el número de integrantes busca eficientar la toma de decisiones sobre todos los expedientes que llegarán a la Comisión. La presidencia del órgano será rotativa y designada anualmente entre sus propios integrantes.
¿Cómo funcionará la Comisión de Verificación?
El objetivo del organismo será recibir de los partidos políticos, o de personas que aspiren a una candidatura independiente, los listados de quienes pretendan postularse a un cargo de elección popular federal o local, previo a su registro ante la autoridad electoral.
A partir de esos listados, en coordinación con instancias de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y del sistema financiero, se realizará un análisis de riesgo sobre sus perfiles.
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Los puntos centrales de su operación son:
- La participación es voluntaria para los partidos políticos y candidaturas independientes.
- La información entregada podrá ser total o parcial.
- Los partidos establecerán mecanismos para que los aspirantes manifiesten su conformidad con el análisis de riesgo.
- Una vez recibida la información de la Comisión, cada partido determinará sobre la procedencia o no del registro de las personas evaluadas.
- El INE, en coordinación con instancias competentes, emitirá los lineamientos que regulen el funcionamiento interno del organismo, los plazos y criterios aplicables, así como los mecanismos para salvaguardar la protección de datos personales.
La diputada Gabriela Georgina Jiménez Godoy aseguró que el dictamen busca garantizar información oportuna sobre la integridad de los perfiles que se postulan a cargos de elección popular. “No se busca sustituir funciones judiciales, ni criminalizar a nadie, sino que los partidos políticos tomen decisiones informadas y responsables frente a la ciudadanía”, señaló.
El documento fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
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