Artículo 19 exige frenar persecución de 11 periodistas e insiste que Ley IA en San Luis Potosí inhibe la libertad de expresión

La organización Artículo 19 junto con más colectivos han manifestado su preocupación ante la persecución penal que afecta a 11 periodistas y comunicadores en San Luis Potosí, bajo el marco de la reciente “Ley IA” aprobada en el estado. Esta normativa, que castiga la manipulación digital mediante inteligencia artificial, ha sido señalada por su ambigüedad y por abrir la puerta a detenciones y procesos judiciales contra voces críticas y opositoras.

Desde el 21 de mayo, se han registrado detenciones como la de Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo, así como una orden de aprehensión contra al menos ocho personas más, entre ellas la periodista Anahí Torres González, directora de varios medios en San Luis Potosí. La situación de Christian Herrera, creador de la página “Código Rojo” en Ciudad Valles, quien también fue detenido, permanece sin esclarecerse.

Las organizaciones, entre las que se encuentran CIMAC y Reporteros Sin Fronteras, consideran que el uso de figuras penales imprecisas y de aplicación discrecional representa un retroceso democrático y un riesgo directo para la libertad de expresión y el periodismo. En este contexto, denuncian que las voces críticas enfrentan incertidumbre jurídica, ya que cualquier contenido potencialmente incómodo para el poder puede derivar en investigación penal, detención o vinculación a proceso.

La propia redacción del tipo penal ha sido cuestionada por incumplir los principios de legalidad y precisión, fundamentales en cualquier normativa penal de un Estado democrático. Según señalan, la posibilidad de que expresiones legítimas sean castigadas genera un “efecto inhibitorio” sobre periodistas, activistas y ciudadanía, quienes pueden optar por el silencio ante el temor de represalias.

Llamado a frenar la criminalización y garantizar derechos

Las organizaciones firmantes solicitaron al Poder Judicial de la entidad que se respete el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia de las personas detenidas o investigadas. También piden valorar el impacto desproporcionado de continuar procesos bajo una ley cuestionada por su vaguedad y determinan que no existen condiciones para restringir la libertad de expresión por la vía penal en estos casos.

A la Fiscalía estatal, exigen frenar el uso expansivo del derecho penal para perseguir discursos y actividades protegidas constitucionalmente, abstenerse de criminalizar expresiones periodísticas, críticas o satíricas y evitar detenciones arbitrarias o intimidación de periodistas y comunicadores.

Al Congreso de San Luis Potosí, los colectivos instan a abrir un proceso de discusión pública con especialistas y sociedad civil, revisar integralmente la norma impugnada y evitar mantener leyes ambiguas que permitan la censura, la persecución judicial o el silenciamiento de voces independientes.

Riesgo de censura tras aprobación de Ley IA

Las acusaciones recientes contra periodistas giran en torno al presunto uso indebido de Inteligencia Artificial, fundamentadas en una ley aprobada en 2025 que busca regular el empleo de esta tecnología. Aunque la norma fue presentada como un mecanismo para prevenir abusos, desde su anuncio tanto periodistas como integrantes de la sociedad civil advirtieron que podría convertirse en una amenaza para la libertad de expresión en la entidad.

La legislación, impulsada por el diputado del PT Héctor Serrano Cortés, fue defendida por quienes la apoyaron como una herramienta necesaria para sancionar el uso incorrecto de la Inteligencia Artificial. Sin embargo, la iniciativa generó controversia por su redacción ambigua, que podría prestarse a interpretaciones amplias y al uso discrecional del aparato judicial.

“La ley podía terminar usándose para perseguir voces críticas. Pues aquí está el resultado. Hoy ya vemos aprehensiones, investigaciones opacas y un aparato de justicia actuando rapidísimo”, cuestionó la periodista Anahí Torres, quien enfrenta una orden de aprehensión bajo esta normativa. La situación ha encendido alarmas sobre posibles excesos y la falta de garantías para quienes ejercen el periodismo crítico bajo el nuevo marco legal.

Frente a este panorama, la exigencia central es clara: San Luis Potosí requiere instituciones que garanticen el debate público y protejan la libertad de expresión, no que la criminalicen, así lo manifestó Artículo 19 junto a las organizaciones firmantes. La revisión de la “Ley IA” y el cese de la persecución penal contra periodistas se presentan como pasos urgentes para evitar mayor deterioro democrático en la entidad.