
En San Luis Potosí, han detenido de manera violenta a tres periodistas y se tienen órdenes de aprehensión contra al menos ocho más, los cuales son acusados presuntamente de usar Inteligencia Artificial.
Las organizaciones ARTICLE 19, Comité de Protección a Periodistas (CPJ), Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC), Propuesta Cívica, Red Nacional de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras (RSF) emitieron un comunicado en el que denunciaron y alertaron sobre la persecución de la que son víctimas periodistas y comunicadores en el estado, a causa de la llamada “Ley IA”.
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Desde el 21 de mayo se registraron las detenciones de los periodistas Christian Herrera, creador de contenido en la página en Facebook Código Rojo, de Ciudad Valles; la detención de Eréndira Reyes Aguillón y su hija, Alejandra Hermosillo, comunicadora y funcionaria pública, respectivamente.
Por otro lado, se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado inició órdenes de aprehensión contra al menos ocho periodistas más, entre las que destacan Anahí Torres González, periodista y directora de diversos medios en el estado.
Detenciones violentas contra periodistas
La detención violenta de Christian Herrera, director de Código Rojo, se realizó el 21 de mayo por presuntos elementos de la Fiscalía estatal. Familiares han advertido que fue incomunicado tras su arresto y trasladado a la capital pese a existir oficinas de la Fiscalía en Ciudad Valles, en donde radicaba.
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La razón formal de la detención, según versiones locales, sería el supuesto robo de una farmacia, aunque aún no ha sido confirmado. Actualmente, Herrera permanece en el Centro Estatal de Reinserción Social No. 1, “La Pila”, y denuncian que se mantiene aislado de su familia, lo que podría configurar una detención arbitraria si no se garantiza su derecho a la defensa.

El mismo 21 de mayo, elementos de la Policía de Investigaciones detuvieron a Eréndira Reyes Aguillón, directora de San Wicho Times, afuera de su domicilio, en presencia de sus nietos. Minutos más tarde, su hija Alejandra Hermosillo, funcionaria municipal, también fue detenida. Ambas recibieron prisión preventiva y, hasta la fecha, se desconoce con precisión su paradero, aunque se presume que también se encuentran en “La Pila”.
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¿Cuáles son presuntamente los cargos?
De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, a Eréndira y Alejandra se les acusa del delito contra la identidad de las personas, por haber utilizado presuntamente de manea deliberada estructuras visuales, narrativas y gráficas “encaminadas a generar una percepción de autenticidad y veracidad frente al público, realizando una posible manipulación ilícita de imagen e identidad digital”.
En su comunicado, las organizaciones advierten que existen otras órdenes de aprehensión contra periodistas y directivos de medios, con base en la utilización de imágenes o voces generadas por inteligencia artificial.
“Según la información provista por fuentes locales, la orden presuntamente proviene por haber generado y compartido un vídeo en redes sociales en donde supuestos integrantes de delincuencia organizada señalaban a Ricardo Gallardo, actual gobernador de San Luis Potosí, y a la Guardia Civil Estatal de servir para el Cártel Jalisco Nueva Generación“, reporta Artículo 19.
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Qué es la Ley IA de San Luis Potosí y por qué es un riesgo para la libertad de expresión
Las presuntas acusaciones que se le hace a los periodistas es el uso de Inteligencia Artificial, basados en una ley aprobada en 2025 que pretende regular el uso de esta tecnología con el fin de evitar un mal uso, sin embargo, desde que fue anunciada, periodistas y sociedad civil alertaron que podría significar un riesgo para la libertad de expresión en el estado.
Esta ley, impulsada por el diputado del PT, Héctor Serrano Cortés, tenía el objetivo, de acuerdo a lo que expusieron los legisladores que la apoyaron, de atender y sancionar el uso indebido de esta herramienta.
Fue una iniciativa polémica porque era ambigua y “podía terminar usándose para perseguir voces críticas. Pues aquí está el resultado. Hoy ya vemos aprehensiones, investigaciones opacas y un aparato de justicia actuando rapidísimo”, acusó por su parte la periodista Anahí Torres, quien cuenta con una de estas órdenes de aprehensión.
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En los artículos 187 Ter. se especifica que el uso no autorizado de imagen o voz generada mediante inteligencia artificial se sanciona con uno a tres años de prisión y multa, sin embargo, también se establece que no se considera delito si es para fines periodísticos, académicos, artísticos, de parodia o crítica política, salvo que haya intención de dañar el honor, la reputación o la vida privada de la persona.
El artículo 272 Ter. habla sobre la manipulación institucional mediante inteligencia artificial, la cual se penaliza con tres a seis años de prisión y multa a quien tenga el propósito de afectar la confianza pública o la seguridad del Estado. De igual modo, quedan excluidos los casos sin dolo con fines periodísticos, académicos, artísticos, de parodia o crítica política.
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En el artículo 272 Bis se establece la sanción por difusión dolosa de desinformación generada mediante inteligencia artificial, la cual se castiga con dos a cinco años de prisión y multa a quien, de manera intencional, fabrique o difunda información falsa mediante inteligencia artificial para generar alarma pública o alterar la paz social. Si se usan medios masivos, digitales o cuentas anónimas, la sanción puede aumentar hasta la mitad. No es delito si no hay intención de causar alarma y el fin es periodístico, académico, artístico, de parodia o crítica política.
Es de acuerdo a esta reciente ley por la que se detuvo y acusó a los periodistas en San Luis Potosí. No obstante, las organizaciones acusaron que es inaceptable que se inicie un procedimiento de un artículo en el Código Penal que fue aprobado en noviembre de 2025 por un video publicado casi un mes antes. “La retroactividad de la ley en México está prohibida por el Artículo 14 de la Constitución, el cual establece que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna“, señalan.
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Artículo 19 y organizaciones consideran que estas detenciones y procesos judiciales constituyen una violación directa a la libertad de expresión y representan un patrón de criminalización de quienes ejercen el periodismo en San Luis Potosí bajo esta nueva legislación.
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