La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, acudió el miércoles 27 de mayo a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, pero no para cumplir con la diligencia ministerial que se le solicitaba: llegó para impugnar la legalidad del citatorio.
La mandataria se presentó acompañada por su abogado, Roberto Gil Zuarth, así como por dirigentes y legisladores del Partido Acción Nacional (PAN). Sin embargo, entregó un escrito para rechazar rendir declaración, argumentando que cuenta con inmunidad constitucional debido al cargo que ocupa.
Para Morena, esta maniobra representa exactamente lo que el partido ha denunciado: el uso de tecnicismos jurídicos y el fuero constitucional para eludir la rendición de cuentas ante hechos que podrían comprometer la soberanía nacional.
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La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, comparece fuera de la Fiscalía General de la República (FGR) en Ciudad de México.
El origen del caso: agentes de la CIA en territorio mexicano
El 19 de abril, dos agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos y dos funcionarios de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua murieron en un accidente vial cuando regresaban de un operativo contra un laboratorio de drogas en el municipio de Morelos.
La FGR inició investigaciones por la presencia de agentes estadounidenses en el país sin haber solicitado permiso a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Ese es el nudo central del asunto: no se trata de cuestionar el desmantelamiento del narcolaboratorio, sino de esclarecer por qué había agentes extranjeros operando en suelo mexicano sin autorización federal.
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La Ley de Seguridad Nacional prohíbe que agentes extranjeros participen en operativos, detenciones o acciones directas en México; solo pueden realizar labores de enlace, intercambio de información o capacitación bajo supervisión federal.
Morena: soberanía no es bandera discursiva
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum fue contundente: el caso no tiene motivación política, sino que deriva de una investigación de la FGR sobre la intervención de agentes de inteligencia extranjera. “Ningún gobierno extranjero puede realizar actividades en México fuera de la ley”, afirmó la mandataria.
Para Morena, la postura de Campos —acudir a la Ciudad de México en lugar de Ciudad Juárez, donde fue originalmente citada, rodeada de la dirigencia nacional del PAN y ante cámaras— traslada un asunto de Estado al terreno mediático y partidista.
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La gobernadora sostuvo que “en México es evidente el uso político de las instituciones federales” y declaró que “de manera muy extraña me citaron con la finalidad de fabricarme un caso”. Sin embargo, el partido gobernante señala que esa narrativa no responde la pregunta fundamental: ¿Por qué había agentes de la CIA en Chihuahua sin autorización de la federación?
La posición de Morena: ningún servidor público está por encima de la ley
El partido en el poder sostiene que la investigación de la FGR no es persecución política, sino el cumplimiento del Estado de derecho. Toda servidora o servidor público, sin importar su cargo o filiación, debe responder ante la ley cuando existan hechos que ameriten investigación.
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El abogado de Campos argumentó que la FGR carece de facultades para obligar a la gobernadora a comparecer mientras mantenga el fuero constitucional. Morena responde que el fuero no es un escudo de impunidad, sino una garantía para el ejercicio del cargo, y que la soberanía nacional no puede relativizarse mientras se evita dar explicaciones ante las autoridades competentes.
La FGR continuará con su investigación. La pregunta que queda en el aire —y que Morena exige responder— es cuándo Maru Campos dejará de escudarse en formalismos y dará la cara ante el pueblo de México.
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