Mahahual no es un caso aislado: obras sin permiso y megaproyectos sin considerar a la población son una constante en México

La posibilidad de que Mahahual, una comunidad de unos seis mil habitantes, reciba hasta 21 mil turistas de crucero al día convirtió al megaproyecto turístico planeado para la zona en un ejemplo de despojo territorial y daño ambiental, advirtió el Dr. Jorge Peláez Padilla, director de la Clínica Jurídica para la Justicia Ambiental Berta Cáceres de la Universidad Iberoamericana. Según su análisis, este caso refleja una tendencia extendida en México: el avance de obras y megaproyectos sin considerar a la población local ni cumplir con los permisos necesarios.

El académico explicó que los cruceros se rigen bajo una lógica económica cerrada, donde el gasto de los visitantes queda confinado al propio complejo turístico. A diferencia del turismo tradicional —en el que los visitantes exploran ciudades y consumen productos y servicios locales—, el esquema planteado para Mahahual consistía en que miles de pasajeros desembarcaran, permanecieran dentro del complejo y regresaran al barco sin dejar beneficios significativos para la economía local.

Actualmente, Mahahual cuenta con una actividad turística consolidada a menor escala y mantiene actividades tradicionales como la pesca, que podrían verse desplazadas por el nuevo desarrollo. “El proyecto no está cancelado. Se cancelaría si la empresa desiste en desarrollarlo o si el municipio revierte el cambio en su plan de desarrollo urbano. Todavía no tenemos el resolutivo de la Semarnat”, puntualizó el Dr. Peláez Padilla, subrayando que la decisión final aún está pendiente.

Permisos y participación: el trasfondo jurídico

El especialista detalló que los megaproyectos requieren múltiples autorizaciones, tanto municipales de desarrollo urbano y construcción, como federales de impacto ambiental. Cuando las comunidades perciben que estas decisiones avanzan sin consulta suficiente ni integración de sus intereses, surgen conflictos y procesos de resistencia social.

En el caso de Mahahual, habitantes y organizaciones locales denunciaron que se realizaron actividades preliminares antes de obtener la autorización ambiental definitiva, lo que derivó en acciones administrativas. Para el Dr. Peláez, este escenario demuestra que el derecho ambiental va más allá de expedientes técnicos y depende de la organización comunitaria, la vigilancia ciudadana y la capacidad institucional para hacer valer la ley.

En México, los proyectos de infraestructura, turismo y minería suelen iniciar obras antes de tener todos los permisos requeridos, y posteriormente buscan que la autoridad valide lo ya realizado. “Pasa muchísimo en todo el país. Lo vemos en minería, en turismo y en distintos tipos de infraestructura: comienzan operaciones y después presentan los permisos esperando que la autoridad convalide lo que ya ocurrió”, explicó el académico.

El procedimiento de Manifestación de Impacto Ambiental no es un trámite menor, recordó el especialista, sino el mecanismo que permite al Estado determinar si un proyecto es viable y bajo qué condiciones debe operar.

Comunidades excluidas y retos de sostenibilidad

El Dr. Peláez Padilla criticó que el desarrollo no puede limitarse a la llegada de capital o a la construcción de infraestructura, sino que debe responder a la pregunta de si los habitantes del territorio participan realmente en los beneficios. “Cuando una comunidad pierde acceso a espacios públicos, actividades económicas tradicionales o calidad ambiental sin obtener beneficios proporcionales, aparece una sensación de exclusión que alimenta el rechazo social”, sostuvo.

La participación comunitaria, enfatizó, no es un obstáculo al crecimiento, sino una condición esencial para la sostenibilidad. Existen modelos turísticos internacionales que integran cadenas productivas locales y fortalecen las economías regionales, al tiempo que generan incentivos para conservar los ecosistemas.

El caso Mahahual, según el Dr. Peláez, es solo una muestra de una dinámica recurrente en México, donde las obras y megaproyectos suelen avanzar sin incorporar a la población ni respetar el marco legal. El reto para el país es atraer inversión sin deteriorar el ambiente ni marginar a las comunidades, garantizando que el desarrollo traiga beneficios reales y condiciones viables a futuro. “Las cosas no están mal porque haya desarrollo; están mal cuando el desarrollo se hace sin participación y sin límites”, concluyó el académico.