Se impulsan protocolos en el Edomex para proteger a periodistas ante aumento de agresiones

El Estado de México avanza en la implementación de protocolos de actuación para cuerpos policiacos municipales, funcionarios públicos con el objetivo de garantizar la protección de periodistas y defensores de derechos humanos, ante el incremento de agresiones registradas en la entidad, muchas de ellas cometidas por autoridades.

Así lo dio a conocer Alejandro Carrillo Segovia, quien explicó que actualmente se trabaja en dos líneas prioritarias: la adopción del protocolo estatal de protección por parte de los municipios y la creación de nuevos mecanismos especializados para grupos vulnerables.

El presidente del Consejo Consultivo para la Protección de Periodistas y Defensores de los Derechos Humanos en el Estado de México, detalló en entrevista para Infobae México, que el protocolo de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos fue aprobado desde el año pasado por la Junta del Mecanismo de Protección y por la Secretaría de Seguridad del Estado de México. Sin embargo, hasta ahora únicamente 13 de los 125 municipios mexiquenses han firmado el convenio correspondiente para aplicarlo.

“Tenemos una ardua labor por delante”, reconoció Carrillo Segovia al señalar que el avance dependerá tanto del trabajo institucional como de la voluntad política de los alcaldes para adoptar esta legislación de protección.

Protocolos para policías municipales

El protocolo establece lineamientos específicos sobre cómo deben actuar policías y servidores públicos durante coberturas periodísticas, manifestaciones, accidentes o investigaciones, garantizando el respeto al ejercicio periodístico y la labor de defensa de derechos humanos.

Entre las medidas contempladas se incluyen criterios de actuación para primeros respondientes, protección de la integridad física de comunicadores y garantías para el desempeño informativo sin intimidaciones ni agresiones.

Además, el funcionario explicó que tras la reforma a la Ley de Protección a Periodistas, aprobada el pasado 23 de abril, también se contempla la elaboración de protocolos especializados dirigidos a periodistas y defensores pertenecientes a sectores vulnerables.

Estos grupos incluyen personas indígenas, integrantes de la comunidad LGBT, personas con discapacidad y adultos mayores, con el propósito de adaptar las medidas de protección a las necesidades específicas de cada sector.

Buscan crear el primer atlas de riesgos para periodistas

Otro de los proyectos impulsados por el Consejo Consultivo es la creación del primer atlas de riesgos para periodistas y defensores de derechos humanos en el Edomex.

El objetivo será identificar las regiones con mayor incidencia de agresiones para focalizar acciones preventivas y fortalecer la atención inmediata en zonas consideradas de alto riesgo.

Carrillo Segovia subrayó que las condiciones de trabajo para periodistas varían considerablemente entre las distintas regiones del estado, especialmente en el sur mexiquense, donde la presencia de grupos del crimen organizado representa un riesgo mayor para el ejercicio periodístico.

“No es lo mismo el trabajo que se realiza en el sur del Estado de México, con las complicaciones por la falta de comunicación y la presencia de grupos criminales, que en otras regiones como el Valle de México o Toluca”, explicó.

La intención, añadió, es regionalizar los mecanismos de atención para acercar la protección a las distintas zonas del estado y generar planes adecuados según las problemáticas particulares de cada región.

Más de 140 casos de agresiones registrados

Durante la entrevista, el presidente del Consejo Consultivo reveló que desde 2022 a la fecha, existen 140 casos de agresiones registrados contra periodistas y defensores de derechos humanos en la entidad mexiquense.

De ese total, al menos 14 casos corresponden específicamente a periodistas que cuentan con medidas de protección activas, algunas de ellas otorgadas por el mecanismo federal.

Entre las medidas aplicadas destacan botones de pánico, escoltas y mecanismos de vigilancia para prevenir ataques o amenazas.

No obstante, Carrillo Segovia aclaró que no todos los casos se encuentran judicializados y señaló que la información específica permanece bajo reserva debido a la secrecía de las investigaciones.

Caso Nevith Conde evidencia riesgos en Tierra Caliente

El representante también fue cuestionado sobre el asesinato del periodista Nevith Condés, ocurrido en la región sur de Tierra Caliente, una de las zonas consideradas más peligrosas para el ejercicio del periodismo en el Estado de México.

Al respecto, señaló que la Ley de Protección a Periodistas tiene como función principal garantizar medidas preventivas y de protección, mientras que las investigaciones penales corresponden a la Fiscalía General e Jusiticia del Estado de México (FGJEM) y autoridades judiciales.

Indicó que los casos de homicidios y agresiones graves deben ser atendidos por las instancias de procuración de justicia para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

El Gobierno de Huixquilucan se adhirió al Convenio de Coordinación Interinstitucional en Materia de Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, para establecer esfuerzos interinstitucionales para fortalecer la seguridad e implementar medidas de prevención y protección enfocadas en salvaguardar la vida e integridad, para quienes ejercen el periodismo y defienden las garantías individuales.

Huixquilucan se suma al protocolo

Durante la entrega de este convenio, que es el decimotercero, la alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco, destacó que su municipio se ha consolidado como un aliado estratégico para garantizar la libertad de expresión y los derechos humanos, y aunque, en los últimos 11 años, el territorio mantiene un registro de cero agresiones o casos de violencia contra estos gremios, ha decidido fortalecer los esfuerzos para generar condiciones de seguridad hacia estos sectores y mantener un ambiente tranquilo y en paz.

Por igual, dijo que el convenio establece acciones de cooperación, coordinación, gestión y asesoría técnica para implementar y operar medidas de prevención y protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de estos sectores, a través de actividades conjuntas que fortalezcan la cultura de la defensa y protección de estos gremios.